Para protestar por la infrafinanciación

Este lunes se anunció una huelga en las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, programada para los días 26 y 27 de noviembre. El lema central de esta movilización es "Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian". Esta huelga surge como respuesta a la "infrafinanciación" que enfrentan las universidades y a la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que el Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, planea presentar a la Asamblea antes de fin de año.

Desde hace tiempo, las universidades públicas han denunciado una situación de "asfixia económica". Los rectores de instituciones como la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III han expresado su preocupación por el riesgo que corre la educación pública debido a la falta de recursos.

En septiembre de 2025, la presidenta Ayuso presentó las bases de la nueva normativa, que busca defender la "libertad y la excelencia" educativa, en contraposición a la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU). La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, bajo la dirección de Emilio Viciana, ha estado trabajando en un borrador que se sigue ajustando.

El borrador de la nueva ley contempla un modelo de financiación dividido en tres partes:

Financiación Básica: Para personal e inversiones.

Financiación por Necesidades Específicas: Relacionada con infraestructuras.

Financiación por Objetivos: Se asignarán 10 millones de euros entre las universidades que cumplan ciertos logros académicos o de investigación.

Además, se establece que las universidades deberán cubrir al menos el 30% de sus gastos con fuentes distintas a las transferencias de la administración regional.

La Consejería ha estado recibiendo aportaciones de la comunidad educativa para lograr un consenso en la nueva ley. Sin embargo, los trabajadores y estudiantes consideran que el aumento presupuestario es insuficiente y exigen que la financiación alcance el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región.

El Proyecto de Presupuestos del Gobierno autonómico destina 1.239,7 millones de euros a las universidades públicas, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al año anterior. Sin embargo, este aumento es considerado insuficiente por los representantes de las universidades, quienes argumentan que la subida es mínima, pasando del 0,44% al 0,46% del PIB.

Las plataformas de trabajadores y estudiantes critican que el Gobierno regional se desentiende del 30% de la financiación, lo que aumenta la dependencia de capital privado y encarece las tasas universitarias. También se señala una tendencia hacia un modelo empresarial en la educación pública, lo que podría llevar a una mayor privatización.

La Universidad Complutense de Madrid ha sido la primera en solicitar ayuda económica, obteniendo un préstamo de 34.469.224 euros para cubrir su déficit estructural. La universidad también debe presentar un Plan Económico Financiero (PEF) para asegurar su estabilidad presupuestaria. La futura Ley de Universidades incluirá un régimen sancionador que contempla multas de hasta 300.000 euros por infracciones graves relacionadas con la libertad de expresión y pluralidad en los campus. Esta medida ha sido criticada por considerarse una injerencia en la autonomía universitaria.

Antes de la huelga programada, ya se han llevado a cabo movilizaciones, incluyendo una en la Puerta del Sol, donde los decanos de la Complutense exigieron un plan de financiación realista. También se realizaron clases al aire libre como forma de protesta y apoyo a la causa. Las manifestaciones contarán con el respaldo de sindicatos como CC.OO., UGT, CGT y CNT.

La Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas ha anunciado una huelga general universitaria programada para los días miércoles 26 de noviembre y jueves 27 de noviembre de 2025. Esta movilización tiene como objetivo principal protestar contra la infrafinanciación que afecta a la educación superior pública en la Comunidad de Madrid.

La huelga impactará a diversas instituciones educativas, incluyendo:

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Universidad Complutense (UCM)

Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Universidad Politécnica (UPM)

Universidad Carlos III (UC3M)

Universidad de Alcalá (UAH)

Los organizadores de la huelga han emitido un comunicado en el que destacan la grave situación de infrafinanciación que padecen las universidades públicas de Madrid. En particular, señalan que el presupuesto asignado a estas instituciones no alcanza el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta cifra es significativamente inferior al 1% que establece la Ley Orgánica de Universidades, lo que pone de manifiesto un incumplimiento legal y una falta de compromiso por parte de las autoridades regionales.

La situación actual exige que la Comunidad de Madrid duplique la dotación económica destinada a la investigación, docencia y gestión de las universidades. Este incremento es considerado esencial para garantizar la calidad educativa y el desarrollo de las instituciones, así como para apoyar a los trabajadores, estudiantes y docentes que forman parte de este sistema.

Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y Unión General de Trabajadores (UGT) expresaron su apoyo a una huelga convocada por la coordinadora de plataformas que defienden las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Esta huelga está programada para los días 26 y 27 de noviembre de 2023, en respuesta a lo que consideran una "asfixia presupuestaria" que pone en peligro el futuro de estas instituciones educativas.

Los sindicatos han denunciado que la falta de financiación adecuada está amenazando no solo la existencia de las universidades públicas, sino también las condiciones laborales de su personal. La situación se agrava con el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que, según los sindicatos, contribuye al "desmantelamiento" de la educación superior pública en la región.

La huelga se enmarca bajo el lema "Si no hay respiro para la universidad pública, no habrá paz para quienes nos asfixian". Este lema refleja la urgencia de la situación y la necesidad de una respuesta colectiva ante lo que consideran un ataque a la educación pública.

Los cuatro sindicatos han emitido un comunicado conjunto en el que destacan la importancia de defender una universidad pública que sea gratuita, crítica y al servicio de la sociedad. En este sentido, han enfatizado que la lucha por la educación pública es una responsabilidad compartida entre todos los miembros de la comunidad universitaria.

Además, han asegurado que están dispuestos a proporcionar todos los recursos y el apoyo necesarios para que el personal de las seis universidades públicas de Madrid pueda ejercer su derecho a la huelga de manera segura. Esto subraya un compromiso no solo con la causa de la educación pública, sino también con la protección de los derechos laborales de los trabajadores universitarios.

La coordinadora de plataformas de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, compuesta por trabajadores y estudiantes, ha convocado dos manifestaciones para los días miércoles y jueves de esa misma semana. El objetivo principal de estas manifestaciones es exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una mayor financiación para las universidades públicas.

Los representantes de la plataforma hicieron el anuncio frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Las manifestaciones están programadas para:

Miércoles: A las 15:30 horas, frente a la Consejería de Educación.

Jueves: A partir de las 18:00 horas, comenzando en Atocha y finalizando en la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno autonómico.

Las principales demandas de los manifestantes incluyen:

Retirada de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC): Los manifestantes consideran que esta ley no apoya adecuadamente a la universidad pública.

Creación de un nuevo plan plurianual: Se solicita un plan que garantice la financiación necesaria para las universidades.

Los representantes de la plataforma no descartan la posibilidad de organizar una huelga indefinida si sus demandas no son atendidas. La profesora Eva Aladro, integrante de la plataforma y representante de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), enfatizó la necesidad de iniciar un proceso de negociación que incluya a todos los actores relevantes, como rectorados, asociaciones de trabajadores, sindicatos y estudiantes. Aladro destacó que la UCM ha tenido que solicitar un préstamo de 34,5 millones de euros, lo que resalta la crisis financiera que enfrentan las universidades.

Los Consejos de Estudiantes de las universidades públicas han mostrado un apoyo unánime a la huelga. En un comunicado, anunciaron la convocatoria del "primer paro académico de la historia" en varias universidades, incluyendo la Complutense, la Autónoma (UAM) y la Rey Juan Carlos (URJC). Este paro académico permitirá a los estudiantes ejercer su derecho a interrumpir la actividad académica como forma de protesta.

El paro académico está contemplado en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) como una herramienta para garantizar el derecho a la protesta del estudiantado. Se espera que este derecho sea desarrollado posteriormente en las universidades, lo que subraya la importancia de la movilización estudiantil en la defensa de sus intereses.