Los promotores piden que se aproveche para garantizar el derecho a esta educación a todos los madrileños

El grupo promotor de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos por una escolarización inclusiva exige a los grupos parlamentarios que aprovechen la tramitación de la Proposición de Ley PROPL 17/17 RGEP 10978 para garantizar el derecho a la educación inclusiva a todo el alumnado de la Comunidad de Madrid. La región cuenta con la menor inversión por alumno/a de España, las mayores ratios docente-estudiante, una de las mayores tasas de repetición por vulnerabilidad económica, la segunda mayor tasa de segregación escolar por origen social de toda la OCDE y ratios de especialistas de atención a la diversidad por estudiante que multiplican por cinco las recomendaciones internacionales.

A diferencia de otras regiones, Madrid carece de una legislación específica para promover la inclusión educativa, eludiendo su obligación de adaptar normativamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España en 2008.

La ley en tramitación -cuyo origen es una iniciativa legislativa de 43 ayuntamientos y 232 colectivos de la región- fue aprobada en la Asamblea de Madrid en marzo de 2018 con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y la abstención del PP. Establece recursos docentes y formativos para la inclusión de todo el alumnado, una reducción de ratios en función del alumnado vulnerable y una planificación educativa transparente y con criterios de equidad.