08
Sep
2020
La Comunidad sólo acata la sentencia del Supremo para una de las tres mil viviendas vendidas a un Fondo Buitre Imprimir
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Foto cedida por FRAVMRenuncian a presentar recurso ante el Constitucional

“Después de siete largos años de sufrimiento de las miles de familias afectadas, ha llegado el momento de que la Comunidad de Madrid asuma el gravísimo error que cometió en 2013 y se siente a negociar con ellas y con Goldman Sachs-Encasa Cibeles la recuperación de los 3.000 pisos que malvendió entonces. Es el paso lógico que Ayuso debería dar tras renunciar a presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por el caso de Rachid”. Así contestaba la FRAVM al anuncio realizado en la mañana de ayer por el Consejero de Vivienda. David Pérez anunciaba que la Comunidad iba a acatar la sentencia del Supremo, pero interpretándola a su manera. Así si el Alto Tribunal anulaba la operación de compra de casi tres mil viviendas del IVIMA a un fondo buitre, la Comunidad sólo contempla la posibilidad de devolvérsela al inquilino que inició la lucha manteniendo los otros 2.934 pisos en manos de Goldman Sachs.

"Al desechar la opción del recurso de amparo, la Comunidad de Madrid está obligada a asumir el resultado de varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del Tribunal Supremo, que dan la razón a una familia de Navalcarnero, la de Rachid Bouikou, y declaran nula la vergonzosa operación de enajenación de viviendas de protección pública que tuvo lugar en 2013. Es decir, está obligada a iniciar la recuperación de los 2.935 pisos de 32 promociones del IVIMA que Ignacio González malvendió entonces al fondo buitre Goldman Sachs y a restituir los derechos de sus legales adjudicatarias como familias beneficiarias de vivienda pública. “Esperemos que esta vez el Gobierno regional abandone su estrategia de dilatar hasta el infinito la recuperación de un patrimonio que nunca debió vender y, por fin, defienda el interés de los hogares afectados, protegiéndoles y ayudándoles, especialmente en estos momentos tan difíciles”, sostiene Villalobos, antes de subrayar que la actual crisis económica derivada de la Covid-19 se está cebando con muchas de las familias damnificadas por la operación de venta, que en estos momentos tienen que hacer esfuerzos enormes para poder pagar el alquiler a Encasa Cibeles, la filial de Goldman Sachs que gestiona sus pisos", explica la FRAVM.

"Recordemos que el pasado 12 de diciembre, el Tribunal Supremo inadmitió los recursos de apelación presentados por el Gobierno regional y este fondo buitre contra una sentencia del TSJM que atiende una reclamación de Rachid Bouikou al entender que la Administración no justificó debidamente que las promociones vendidas “no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA”. La Comunidad de Madrid presentó un recurso de casación contra este fallo, y el 13 de marzo, la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo emitió otra sentencia rechazando el recurso y volviendo a declarar nula la operación de venta por la que el Gobierno regional se desprendió, por un precio muy inferior al del mercado, de los citados 2.935 pisos de protección oficial. Por este motivo, la FRAVM y AVVI han solicitado en diversas ocasiones a la Comunidad de Madrid que asuma el fallo del alto tribunal y se siente de una vez por todas con las familias afectadas a negociar la restitución de sus derechos como moradoras de vivienda pública, un extremo que ya no puede demorarse más", concluyen.

El concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, y el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, han mantenido un encuentro de trabajo para tratar la adopción de medidas de impulso y renovación del tejido residencial en la capital a través de un programa dotado con 41 millones de euros que permitirá rehabilitar cerca de 1.400 viviendas distribuidas en diez barrios.

En el encuentro se ha acordado que desde este mismo año 2020, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid financien de manera conjunta los programas de rehabilitación ARRUR que benefician a los barrios de las Colonias de Vallecas, Colonia de Loyola y Virgen de la Inmaculada, Gran San Blas, Ambroz, Poblado Dirigido de Fuencarral, Poblado Dirigido de Orcasitas, Meseta de Orcasitas, Barrio del Aeropuerto, Simancas y Colonia Villaverde.

La buena acogida que ha tenido esta actuación, superando los objetivos previstos, hace que ambas administraciones sopesen la posibilidad de solicitar una segunda fase del programa que pertenece al Plan Estatal de Vivienda, en el que se declaran nuevos ámbitos de rehabilitación en la ciudad de Madrid, lo que hace que estas medidas puedan extenderse a otros barrios.

De igual manera se buscarán fórmulas de cooperación para poder unificar convocatorias de ayudas a la rehabilitación tanto en los plazos de presentación de solicitudes como en la documentación a aportar por parte de los ciudadanos. De esta manera, se alcanza una mayor simplificación administrativa para el solicitante. En estos momentos el Ayuntamiento tiene abiertos los plazos de dos planes de rehabilitación, el Adapta 2020 y el Rehabilita 2020.

En la reunión, ambos dirigentes se han comprometido, también, a dar continuidad a políticas en materia de vivienda, suelo y rehabilitación mediante fórmulas de colaboración que contribuyan a agilizar el proceso de construcción de pisos protegidos en suelos públicos, dinamizando así la oferta y la demanda de vivienda en la capital y han abordado los distintos planes de rehabilitación de viviendas, edificios y barrios que están en marcha y la problemática del fenómeno de la okupación de viviendas en Madrid capital.

Por otro lado, ambas administraciones han considerado imprescindible desarrollar fórmulas conjuntas que ayuden a construir más viviendas en la capital. Para ello, se realizarán cesiones de suelo en redes supramunicipales o el ejercicio del derecho de tanteo y retracto del suelo público y de las viviendas protegidas en favor de ambas administraciones.

El objetivo es agilizar la construcción de vivienda pública en aquellos suelos que tenga la Comunidad de Madrid en la capital procedentes de las cesiones obligatorias supramunicipales. Esta misma operación podría realizarse también con varias parcelas que la Agencia de Vivienda Social (AVS) tiene en la ciudad, de manera que el Ejecutivo regional aporte el suelo y el Ayuntamiento la construcción de los pisos. El objetivo es promover, gracias a esta colaboración, la construcción de más de 700 Viviendas del Plan Vive de la Comunidad en la capital, lo que permitirá que los jóvenes puedan acceder a pisos en régimen de alquiler con precios hasta un 50 % inferiores a los del mercado.

Según ha señalado el concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, “la reunión, la tercera que mantiene esta mesa técnica formada por ambas administraciones, ha sido muy positiva. Uno de los Acuerdos de la Villa pedía al Ayuntamiento más colaboración con la Comunidad de Madrid en materia de vivienda y lo estamos haciendo”. González ha explicado que ambos han “compartido experiencias en temas de suelo y okupación, que nos preocupa mucho; incluso en nuevas opciones de vivienda para distintos colectivos sociales como es el cohousing y, sobre todo, en temas de rehabilitación para la ciudad de Madrid, un asunto primordial para el Ayuntamiento. Tenemos unas sinergias muy potentes que van a ir avanzando con equipos de trabajo conjunto”, ha subrayado.

Por último, ambas administraciones trabajan de manera conjunta en la Mesa de Vivienda y Okupación de la que forman parte el Ayuntamiento y varias consejerías de la Comunidad de Madrid. Entre las actuaciones iniciadas se encuentran el envío de un protocolo de actuación ante las okupaciones ilegales a todos los alcaldes de la región. Además de una denuncia ante la Fiscalía Superior de Madrid de las okupaciones mafiosas que se están produciendo en viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y de la Agencia de Vivienda Social (AVS), así como de actividades delictivas que se están realizando en las mismas.

El Ayuntamiento, dentro del marco de los Acuerdos de la Villa, trabaja en la creación de una Oficina de Orientación Jurídica sobre todos los temas relacionados con vivienda, que recoge, además de los aspectos de okupación ilegal, otras cuestiones que proporcionen a los ciudadanos de Madrid una orientación en diversos aspectos. La Comunidad de Madrid, por su parte, está potenciando la Oficina de Vivienda y el Plan Alquila para mejorar toda la información en materia de vivienda en este complicado momento derivado de la pandemia de la COVID-19.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han mantenido un encuentro con el objetivo de colaborar en materia de vivienda, suelo y rehabilitación, mediante fórmulas que contribuyan a agilizar el proceso de construcción de viviendas protegidas en suelos públicos, dinamizando la oferta de vivienda en la capital. Asimismo, ambas administraciones han acordado la tramitación de ayudas para la rehabilitación de viviendas por valor 41 millones de euros.

En el transcurso de una reunión entre el consejero de Vivienda y Administración Local del Gobierno regional, David Pérez, y el concejal delegado del Área de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, ambas administraciones han considerado imprescindible desarrollar fórmulas conjuntas que ayuden a construir más viviendas en la capital, tras la paralización que se produjo en los desarrollos urbanísticos los últimos años. Así, la cesión de suelo en redes supramunicipales o el ejercicio del derecho de tanteo y retracto del suelo protegido y de las viviendas protegidas situadas en Madrid capital, en favor de ambas administraciones, han sido otros de los principales asuntos abordados.

El objetivo de ambas instituciones es agilizar la construcción de vivienda pública en aquellos suelos que tenga la Comunidad de Madrid en la capital, procedentes de las cesiones obligatorias supramunicipales. Esta misma operación podría realizarse también con varias parcelas de la Agencia de Vivienda Social (AVS) que la Comunidad tiene en la capital, de manera que el Ejecutivo regional aporte el suelo y el Ayuntamiento se encargue de la construcción de los pisos, incluyendo esta operación dentro del Plan Vive Madrid.

“Gracias a esta colaboración, la Comunidad de Madrid promoverá la construcción de más de 700 Viviendas del Plan Vive en la capital, lo que permitirá acceder a los más jóvenes a viviendas en régimen de alquiler, con precios hasta un 50% más baratos que los del mercado libre”, ha señalado Pérez.

En materia de rehabilitación, Comunidad y Ayuntamiento han puesto en común los programas con que cuentan, con la finalidad de llevar a cabo una acción conjunta que impulse la renovación del tejido residencial en la capital.

Desde este mismo año 2020, ambas administraciones financian de manera conjunta los Programas de Rehabilitación –ARRUR- que benefician a los barrios de las Colonias de Vallecas, Colonia de Loyola y Virgen de la Inmaculada y Gran San Blas, Ambroz, Poblado Dirigido de Fuencarral, Poblado Dirigido de Orcasitas, Meseta de Orcasitas, Barrio del Aeropuerto, Simancas y Colonia Villaverde.

Gracias a una inversión de 41 millones de euros, Madrid contará con uno de los proyectos de rehabilitación de viviendas y urbanizaciones más ambicioso de toda España. Esta actuación mejorará 1.400 viviendas distribuidas en estos diez barrios.

En este programa se añade la posibilidad de incluir como actuaciones subvencionables los procesos de desamiantado (Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas y Programa de Regeneración y Renovación Urbana), circunstancia que también prevé el actual Plan de Vivienda 2018/2021.

También se buscarán fórmulas de cooperación para unificar convocatorias de ayudas a la rehabilitación, tanto en los plazos de presentación de solicitudes como en la documentación a aportar por parte de los ciudadanos. Gracias a ello, el solicitante dispone de una mayor simplificación administrativa.

En cuanto a la lucha contra la okupación de viviendas, las dos administraciones ya están trabajando de manera conjunta en la Mesa de Vivienda y Okupación, de la que forman parte las consejerías de Presidencia; Justicia, Interior y Víctimas; Vivienda y Administración Local, y Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, además del Ayuntamiento de Madrid.

Entre las actuaciones iniciadas se encuentran el envío de un Protocolo de actuación ante las ocupaciones ilegales a todos los alcaldes de la región, además de la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Superior de Madrid por las acciones delictivas que se están produciendo en viviendas de la AVS y la EMVS.

También se ha solicitado la práctica de las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades en las que se haya podido incurrir, así como identificar a los grupos u organizaciones criminales relacionadas con este fenómeno. Asimismo, se ha reclamado la celebración de reuniones con el delegado del Gobierno para abordar este asunto desde el ámbito de la seguridad ciudadana.

Por último, la Comunidad de Madrid está potenciando la Oficina de Vivienda y el Plan Alquila para mejorar toda la información en materia de vivienda en este complicado momento derivado de la pandemia por el COVID-19. Por su parte, el Consistorio madrileño, dentro del marco de los Acuerdos de la Villa, trabaja en la creación de una oficina de orientación jurídica de todos los temas relacionados con esta materia, que recoja además de los aspectos de okupación ilegal, otras cuestiones de este ámbito.