Eliminará las competencias impropias e introducirá el concepto de “coste estándar” del servicio

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aclara que el anteproyecto de Ley de Reforma de Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local no incluye ningún recorte del sueldo de los funcionarios de las corporaciones locales.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha destacado que el anteproyecto de Ley de Reforma de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es "profundamente municipalista", tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) en la que se ha ratificado el texto. Tras la ratificación del anteproyecto de Ley de Reforma Local con amplia mayoría por laComisión Nacional de Administración Local (CNAL), el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha subrayado que la reforma tiene cuatro objetivos:

1. Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades bajo el principio de 'Una Administración, una competencia'.

2. Racionalizar la estructura de la Administración Local, de acuerdo con los principios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia,  para que se no gaste más de lo que se ingresa.

3. Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.

4. Promover la profesionalidad y transparencia en la gestión pública.

La reforma adapta las entidades locales a los requerimientos fijados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, distinguiendo entre servicios obligatorios y facultativos. Sólo cuando esté garantizada la prestación de servicios obligatorios se podrán prestar servicios no obligatorios y "ninguna entidad podrá gastar más de lo que ingrese".

También se actualizan las competencias municipales, separándolas claramente de las estatales o autonómicas. Se potencia el papel de las diputaciones provinciales para que gestionen servicios obligatorios mínimos de municipios inferiores a 20.000 habitantes. El fomento de la cooperación interterritorial permitirá garantizar una prestación adecuada de servicios y de la financiación de los mismos.

El texto también introduce la cultura de la evaluación de los servicios a través de la inclusión del concepto de "coste estándar" como sucede en otros Estados europeos para la medición de los servicios que actualmente prestan las Entidades Locales.

Igualmente, se incorporan también disposiciones que incentivan el redimensionamiento del sector público local para lograr los objetivos de déficit establecidos. Se limita el crecimiento del sector público local, así como de sus organismos dependientes.

Por último, los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente. Además, en relación a su gestión directa, se incorpora el requisito de transparencia en términos de inclusión de publicidad del coste del servicio y el apoyo técnico a los efectos de asegurar el criterio de sostenibilidad y eficiencia de las propuestas planteadas.

Durante la reunión, presidida por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se han introducido algunas novedades, atendiendo a las alegaciones presentadas tanto por  comunidades y ciudades autónomas, como por las Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El anteproyecto se remitirá, para su dictamen preceptivo, al Consejo de Estado.

Además, el Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha dicho que en el texto de la futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la promoción de la actividad turística figurará como una de las competencias propias de los municipios.

Así lo ha manifestado durante su intervención en la sesión de clausura de una Jornada sobre “El Turismo: motor estratégico para el desarrollo local”, organizada por Exceltur, en la que se han presentado las conclusiones del primer monitor de competitividad turística Urbantur 2012. En este acto ha estado acompañado por la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y por presidente de Exceltur, Amancio López.

Según explicó el Presidente, el turismo ha sido objeto de amplio debate dentro de las negociaciones entre la FEMP y el Gobierno en el marco de la reforma local, ya que la Federación entendía que, necesariamente, tenía que ser una competencia propia porque “no se podía entender una gestión municipal sin política turística”. El resultado de las negociaciones ha sido que, en el listado de competencias propias, la correspondiente a turismo será recogida como “promoción del turismo a nivel local”, lo que, a juicio de De la Serna, acota el ámbito de actuación para dejar claro el papel de los municipios en esta cuestión.

Sobre la relevancia de ese papel, el Presidente subrayó que son los destinos los que deben liderar el camino a la modernidad y defendió el protagonismo de los Alcaldes para impulsar el desarrollo turístico, no sólo en su municipio, sino en el conjunto del país: "Debemos ser capaces de transmitir toda la riqueza de las ciudades, porque sin duda mejorará nuestra competitividad", señaló.

Los municipios pueden hacer mucho por favorecer la industria y la promoción del turismo, “no sólo en nuestras ciudades sino en el conjunto del país, tal y como hemos venido haciendo a lo largo de muchos años”, ha aclarado el Presidente, que ha mencionado la habilitación de los espacios urbanos, creación de zonas verdes y la gestión de equipamientos como ejemplos de iniciativas municipales que ayudan a las ciudades a ganar atractivo turístico.

También se ha referido a la importancia que, a este efecto, tiene la prestación de servicios básicos, desde la seguridad hasta la limpieza o la accesibilidad.

Sin embargo, puso de manifiesto que la actividad turística no repercute directamente en las arcas locales: “el incremento del turismo no va a las cuentas de los Ayuntamientos” ya que, según explicó, los impuestos municipales no gravan conceptos relacionados con ello. De los impuestos que pueden afectar a la actividad turística (actividad económica, IRPF o IVA), sólo una pequeña parte acaba en los Consistorios por la vía de su participación en los tributos del Estado.

“Eso significa que el esfuerzo inversor municipal en materia turística no se orienta a conseguir mayores ingresos para los Ayuntamientos, sino en hacer mejores ciudades, que es nuestra obligación”, dijo. El grueso de esa distribución fiscal va a parar a otras Administraciones y, añadió que desde la FEMP “vamos a tratar de corregirlo” para hacer un reparto más justo y más solidario en términos de ingresos.