05 Jun 2013 |
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“El Gobierno quiere prohibir la realización de análisis comparativos como el que descubrió la carne de caballo en las hamburguesas”, afirma OCUUna nueva polémica entre el Gobierno y los consumidores se desataba ayer cuando las organizaciones se enteraban de la polémica modificación de la Ley de Cadena Alimentaria introducida por el Partido Popular a través de enmienda. Según explicaba OCU, “la intención es dificultar, hasta prácticamente prohibir, la realización de análisis comparativos como el que descubrió la presencia de carne de caballo en las hamburguesas”. "OCU denuncia que el Gobierno quiere privar a los consumidores del acceso a información veraz sobre las diferentes opciones que tienen en el mercado. El Ejecutivo ha introducido una disposición adicional en la Ley de Cadena Alimentaria que va a hacer prácticamente imposible que se realicen análisis comparativos de alimentos en España. Con la excusa de que la imagen de la industria alimentaria sale perjudicada con la publicación de análisis comparativos, el Gobierno se pliega a sus intereses proponiendo una legislación que OCU considera un ataque frontal al derecho fundamental a la libertad de expresión y al derecho del consumidor a estar bien informado", explica la Organización de Consumidores y Usuarios. "Los últimos escándalos en materia de alimentación destapados por OCU en España no han gustado nada a Agricultura y esta disposición es la respuesta. La calidad de la leche, el fraude del aceite de oliva virgen extra o las hamburguesas con carne de caballo no han concluido en expedientes sancionadores sino todo lo contrario. El Gobierno pretende que este tipo de análisis no se vuelva a realizar y los consumidores adquieran los productos con la información, interesada que les da la propia industria. OCU añade que no existe ninguna disposición similar en Europa. Los consumidores europeos reciben y valoran este tipo de información y realizan sus compras en base a las calificaciones obtenidas por las diferentes marcas. Para finalizar, OCU recuerda que durante décadas las organizaciones de consumidores han demostrado el respeto a los principios de transparencia, contradicción y veracidad de la información que han publicado a través de sus canales de información. La industria alimentaria tiene ocasión de pronunciarse antes de la publicación de los resultados de un estudio y, en cualquier caso, cuenta con los tribunales de justicia para hacer valer sus derechos. En este sentido, desde que en 1980 OCU comenzara a realizar análisis comparativos, nunca ha sido condenada en un procedimiento judicial por publicar información no veraz", afirma OCU. Pero la OCU no era la única que ponía el grito en el cielo. El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), que aglutina a casi todas las organizaciones, hacía público un comunicado oficial en el que explicaba exactamente en qué consiste la nueva normativa. Las asociaciones que realicen análisis con la finalidad de ser publicados tendrán que cumplir los mismos requisitos que una inspección administrativa, lo que, de facto, supondría el final de estos análisis. Manifiesto del Consejo de Consumidores y Usuarios en torno a la Ley de la cadena alimentariaEl Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), máximo órgano a nivel nacional de consulta y representación institucional de los consumidores y usuarios a través de sus organizaciones, habiendo tenido conocimiento de la introducción de una enmienda en el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en el que se regulan los requisitos que deben cumplir los análisis comparativos en productos alimenticios dispuestos para su venta al consumidor final,realizados por cualquier persona física o jurídica para su difusión pública,manifiesta: 1. Que la introducción de esta regulación a través del mecanismo de enmienda en el Congreso de los Diputados ha impedido a este Consejo pronunciarse, durante el trámite de audiencia, sobre una norma que va a afectar directamente a una de las actividades más importantes de las organizaciones de consumidores y usuarios en el marco de su legítimo derecho a la información y divulgación de sus estudios y análisis.
El derecho a la información y la protección de su salud y de los intereses económicos son derechos básicos de los consumidores y usuarios recogidos en nuestro propio texto constitucional. Las limitaciones y trabas que la propuesta de regulación pretende atenta directamente contra ellos y puede suponer igualmente una clara vulneración del propio marco de protección a nivel europeo,redundando en el desequilibrio entre consumidores y productores-distribuidores-comercializadores.
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