Entre los municipios investigados se encuentran Alcalá, Coslada, Rivas, Velilla y Meco

Según las conclusiones de un informe realizado por Ecologistas en Acción sobre transparencia, participación y acceso a la información ambiental y urbanística en 34 municipios madrileños, todos ellos suspenden. En el 79% de los casos las personas que han solicitado información se han sentido maltratadas, el 50% de los ayuntamientos encuestados no responde jamás a quejas o escritos, el 32% no permite hacer preguntas en los plenos y en el 47% no existe reglamento de participación ciudadana. Todo ello demuestra que el grado de democracia participativa de los ayuntamientos analizados es extraordinariamente bajo.

Aunque la participación ciudadana y el acceso a la información en materia ambiental y urbanística están reconocidas ampliamente en normativa europea y nacional, la experiencia demuestra que las diferentes administraciones públicas vulneran reiteradamente los derechos de los ciudadanos.

Para conocer la situación en la administración local madrileña, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, entre finales de 2010 y los primeros meses de 2011, distribuyó una encuesta entre diferentes colectivos para que de acuerdo a su experiencia respondieran 22 preguntas, relativas a sus municipios. Estas cuestiones se dividen en dos bloques: derecho de acceso a la información y derecho de participación. Finalmente se recogieron 34 encuestas que corresponden a los municipios que se relacionan en la tabla adjunta.

Aunque el tamaño de la muestra (34 municipios sobre un total de 179) no permite hablar de un trabajo estadístico riguroso, la situación que se dibuja es preocupante. Responde a una política municipal de información y participación viciada y a un tipo de relación con los vecinos que evidencia graves carencias democráticas.

Ninguno de los ayuntamientos analizados ha logrado la puntuación mínima exigible que correspondería a aquellos casos en los que se cumpliera la legalidad (marcado en la encuesta por un valor neutro como es el cero). Todo aquello que ampliara los derechos mínimos de los ciudadanos puntuaría por encima con valores positivos. Los ayuntamientos que no llegan ni siquiera al mínimo exigible (que son la totalidad de los encuestados) se puntúan con valores negativos, por debajo del cero.

Lo que más destaca de esta encuesta, aparte de los malos resultados generalizados, es el hecho del maltrato al que se somete a las personas que intentan acceder a su derecho legítimo de informarse. Este maltrato se refleja en el 79% de los ayuntamientos en los que funcionarios o cargos políticos se han dirigido de manera inadecuada -en muchos casos insultante y ofensiva- a quienes han ido a solicitar información. Por ejemplo Alcalá de Henares, Villanueva de la Cañada, Collado Villalba, etc.

Además, el 50% de los ayuntamientos encuestados no responde jamás a quejas o escritos (Moralzarzal, Lozoyuela, Mostoles, etc), el 32% no permite hacer preguntas en los plenos (Collado Mediano, Meco, S. Lorenzo Escorial), en el 47% no existe reglamento de participación ciudadana (Guadalix de la Sierra, Guadarrama, Perales de Tajuña, etc).

En este contexto, entre los ayuntamientos menos malos, se sitúan Manzanares el Real, Garganta de los Montes, Móstoles o Aranjuez. En la cola de los malos se sitúan Pezuela de las Torres, Guadalix de la Sierra, Fresnedillas de la Oliva o Puebla de la Sierra. Un caso paradigmático es el de Torremocha de Jarama que además de ser uno de los ayuntamientos que más dificulta el acceso a la información, ha acusado públicamente a Ecologistas en Acción de acosar y perseguir al ayuntamiento precisamente por consultar información, presentar alegaciones y denunciar múltiples irregularidades.

Clasificación de municipios en base al grado de transparencia y accesibilidad a la información