22
Dic
2020
Abren diligencias previas por los cortes de luz de la Cañada Imprimir
Zona Este - Rivas Vaciamadrid
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Foto cedida por FRAVMLos vecinos desvelan que no se deben a un aumento del consumo, sino a una reducción de la potencia

El asunto que ocupa y preocupa a cuatro mil vecinos de la Cañada Real, la mitad de ellos niños, desde hace tres meses, daba ayer un sorprendente giro cuando un juez de Instrucción abría diligencias previas contra la Comunidad y la empresa encargada del suministro por una presunta vulneración de Derechos Humanos. Y es que los vecinos han decidido hablar, y lo que cuentan nada tiene que ver con la versión que han dado las instituciones hasta ahora. Según desvelan, los cortes no se producen por un incremento anormal en el consumo, sino por una bajada en la potencia aprobada por la compañía.

Una delegación de las asociaciones vecinales Sector 5 y Al Shorok-Amanecer y la Asociación Cultural Amal y el abogado de la FRAVM, Raúl Maíllo, han presentado un escrito en la Fiscalía Provincial de Madrid con el fin de que intervenga ante el corte de suministro eléctrico del Sector 5 de la Cañada Real Galiana. Lo han hecho al entender que, después de permanecer más de 70 días sin este servicio básico, la Comunidad de Madrid y las administraciones que suscribieron el Pacto por la Cañada Real, así como la entidad suministradora de electricidad Naturgy han podido incurrir en “un delito de prevaricación administrativa, vulneración del interés superior de los menores que se encuentran sin luz, de los derechos a la salud e integridad física de las personas afectadas, de coacciones, así como, protección de la salud de las personas y de los menores”.

En su denuncia, los colectivos vecinales, que cuentan con el apoyo cerrado de la FRAVM, recuerdan que esta situación afecta a unas 4.000 personas, de las cuales son 1.812 son menores, que se encuentran “no sólo en plena situación de pandemia por Covid-19 con las necesidades que ello genera, sino en la estación de invierno con temperaturas muy frías, así como en curso escolar con las necesidades que lo anterior genera”. En las últimas semanas, varios niños y niñas del barrio han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios por hipotermia e intoxicación.

A pesar de la gravedad de la situación, las administraciones han preferido hasta la fecha mirar para otro lado, y por ello los colectivos del Sector 5 solicitan al Ministerio Público iniciar “ las actuaciones que en derecho convengan mediante la oportuna querella o solicitud de incoación de procedimiento de instrucción, así como las investigaciones oportunas y específicamente requiera de forma urgente, expresa e inmediata a las Administraciones Comunidad de Madrid y Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para La Cañada Real Galiana y Naturgy a los efectos de reestablecer de inmediato el suministro eléctrico al sector 5 conforme corresponde”.

A las puertas de la sede de la Fiscalía, Cristina Pozas, portavoz de la Asociación Vecinal Al Shorok-Amanecer, ha aclarado que el problema “no se debe a la sobrecarga, sino a una reducción de potencia por parte de Naturgy, bien por orden o autorización de administraciones, en las torretas que suministraban energía a la zona de las viviendas y por ello pedimos que se investigue, pues no suscribimos el argumento de la Comunidad de Madrid”. De hecho, Pozas ha exigido a Isabel Díaz Ayuso “una rectificación pública sobre la criminalización que hizo en el Pleno de la Asamblea de Madrid a todas los madrileños y madrileñas que vivimos en Cañada Real”.

La representante vecinal ha sugerido que el corte de luz “es un plan organizado e intencionado para expulsarnos de nuestras casas, pues el territorio donde están proyectados los planes urbanísticos de Madrid es el suelo que actualmente ocupan nuestras viviendas”. Los moradores de la Cañada se hallan rodeados por los nuevos PAUS de Berrocales, Ahijones y Valdecarros.

Pero sobre todo ha insistido en la vulneración de los “derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes” que se está produciendo con el corte de suministro, algo que también ha reconocido el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, que visitó la Cañada Real el pasado 18 de diciembre. Por todo ello “venimos a solicitar a Fiscalía que investigue, y resuelva por si estuviesen incurriendo en delito penal. Exigimos el restablecimiento del suministro básico ya”, ha concluido Pozas, que ha estado acompañada en todo momento por Raúl Maíllo, el abogado de la FRAVM que ha presentado la denuncia

“¿Dónde están nuevos derechos? Contra la estrategia del silencio, restablecimiento inmediato del suministro eléctrico”. Con esta consigna, las asociaciones vecinales de la Cañada Real han llamado a las y los habitantes de este barrio de Madrid a manifestarse mañana a las 11:00 ante la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, que se encuentra en el número 17 de la calle Maudes de la capital.

Es la tercera vez en diez días que protestan para lograr algo tan básico como que regrese la luz a sus viviendas. El pasado 30 de noviembre varias decenas de personas se concentraron en el mismo lugar, y tres días después fueron varios cientos las que lo hicieron en la Puerta del Sol, ante la sede del Gobierno regional. Unas semanas antes, el 17 de noviembre, se habían manifestado frente al Ayuntamiento de Madrid. Entonces llevaban casi dos meses sin suministro eléctrico. Ahora llevan casi tres, pero nadie parece darse aún por aludido y las administraciones siguen mirando para otro lado a pesar de la gravedad del problema.

“Llevamos casi tres meses sin suministro eléctrico; para todos nosotros y nosotras está suponiendo un agotamiento físico, mental, un atentado contra la salud, la educación institucional, así como para la vida misma. Por eso denunciamos que estamos siendo sometidos/as a una estrategia maquiavélica, a un silencio acordado entre las administraciones” aseguran las asociaciones vecinales de la zona afectada, que convocan la concentración de mañana.

En un comunicado que leerán mañana durante el acto de protesta, estas entidades dan cuenta del origen del problema: “sabemos que las torretas de luz que abastecen la zona de nuestras viviendas han sido aisladas del resto de la ciudad modificando la dirección de los cables de alta tensión; posteriormente se instaló un reconector de potencia, cuyo cometido es reducir la potencia eléctrica que abastece a nuestros hogares”. El comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real indicó a los colectivos vecinales que el aislamiento de cables “sería una mejora pues así no tendríamos sobrecarga y abastecería a nuestros hogares exclusivamente”. Pero finalizada la obra “comprobamos que este plan de actuación lo que provocó fue todo lo contrario, dejarnos sin potencia suficiente para nuestras casas. Fuimos sometidos a un engaño. Sin embargo, las administraciones podrían justificar que no nos han cortado la luz, sino que hay sobrecarga” sostienen las asociaciones.

Y así ha sido. Como consecuencia del plan, que ha sido acometido por la empresa Naturgy, “con permiso y/o orden de no sabemos quién”, ahora las viviendas de La Cañada no tienen suficiente potencia, como sí la han tenido durante 40 años.

Tras casi tres meses sin luz, las asociaciones de la Cañada Real exigen una respuesta urgente. “La solución es muy sencilla, retirar el aparato reductor de potencia que nos han colocado para no permitirnos seguir viviendo en nuestras casas”, sostienen estas agrupaciones, antes de asegurar que no piensan abandonar sus hogares.

Mañana volverán a reclamar el cumplimiento del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, que incluye entre sus compromisos “para dignificar las condiciones de vida de sus habitantes”, el abastecimiento de agua, la limpieza de escombros, la adecuación de los viales y “la rehabilitación del suministro de luz”. Recordemos que este Pacto ha sido suscrito por la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno, los ayuntamientos de Coslada, Madrid, y Rivas Vaciamadrid y todos los Grupos Políticos de la Asamblea de Madrid.

CCOO de Madrid, como organización integrante y activa en Marea Naranja y Alianza Social en defensa de los Servicios Sociales, exige el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana.

La Cañada Real Galiana es un asentamiento de 14,2 km, situado en territorio de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid, donde viven 7.283 personas, entre ellas 2.548 menores. Con estos Ayuntamientos, las Administraciones General del Estado y de la Comunidad de Madrid y los representantes de los grupos políticos en la Asamblea de Madrid, se suscribió en mayo de 2017 el Pacto Regional de mejora de las infraestructuras básicas: adecuación de viales, red de abastecimiento de agua, limpieza y recuperación de parcelas, líneas de autobuses, establecimiento de servicio de correos y finalmente la rehabilitación de la red eléctrica, considerada ésta una prioridad. Posteriormente, se pactó realojar a 150 de las 824 familias (sector 6), de las que hasta ahora la comunidad ha realojado a 36 y el Ayuntamiento 42 familias. Aún están esperando su realojo 72 familias, además de los 674 restantes no contempladas en el plan de 2018.

Nos parece inhumano siempre, pero aún más que en plena segunda oleada de pandemia COVID-19, con temperaturas bajas, propias de los meses de otoño e invierno, que los Sectores 5 y 6 de la Cañada se les ha privado desde hace tres meses de electricidad: sin luz, calefacción, conservación de alimento. Por lo que se condena a una situación de pobreza energética a más de 4.500 personas, de las cuales 1.812 son niños, adolescentes y jóvenes, en situación de vulnerabilidad y abandono institucional absoluto por parte de las instituciones públicas.

Conocer el problema y no dar una inmediata solución atenta contra los derechos humanos cuya tutela está exigida por la Constitución, es una dejación de los deberes y responsabilidades públicas de las administraciones que deben promover la igualdad de todos los individuos y su compromiso con alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Recordemos alguno de estos objetivos: Obj. 1: fin de la pobreza. Obj. 7 Energía asequible y no contaminante. Obj. 3 salud y bienestar. Obj. 4 educación y el Obj. 6 agua limpia y saneamiento.

Asimismo la pobreza energética por desinterés de los poderes públicos lesiona directamente los derechos fundamentales de educación (art. 27 de la Constitución) y sanidad, vulnera los principios de protección y asistencia a las familias y la de los padres a los hijos (art. 39, 1, 2, 3).

Marea Naranja Madrid y Alianza Social en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales se suma a la exigencia de una solución inmediata considerando que en ningún caso se puede justificar la crisis humanitaria que se está manteniendo en el tiempo. Exigimos al Comisionado de la Comunidad y Comisionada del Ayuntamiento de Madrid el inmediato restablecimiento del suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana