Acusan al alcalde de prevaricación y desvío de poder

Parece que finalmente la decisión del Gobierno de Rivas de paralizar la concesión de licencias hasta que se apruebe el nuevo PGOU va a ser analizada por los tribunales, pues una cooperativa ha anunciado su intención de presentar una querella contra el alcalde acusándole de prevaricación y desvío de poder al demorar más allá del plazo establecido por ley la concesión de una licencia de construcción de 152 viviendas.

La respuesta del Gobierno ripense también puede acabar en los tribunales pues acusan a la cooperativa de “coacciones, amenazas y acoso” al anunciar movilizaciones ciudadanas para este mismo mes.

“La no concesión de la licencia en plazo nos llevará, en el mejor de los casos, a perder no sólo la oportunidad de una vivienda adecuada y en precio razonable, sino también el importe de 1.179.648 € dados de señal”, afirma Antonio Miguel Expósito, representante de la Cooperativa, que, tras intercambiar documentos con el Gobierno de Rivas durante quince meses decidía recurrir al Defensor del Pueblo.

“La gestora Grupo EM, que defiende el caso, va a presentar una querella por prevaricación y desviación de poder contra el alcalde, D. Pedro del Cura Sánchez; la concejala de Urbanismo, Dña. Pilar Gabina Alonso García; y «contra las personas que resulten corresponsables tras la apertura de diligencias». Además, han presentado un recurso de «responsabilidad patrimonial», que valoran en más de 3 millones de euros  tal y como explica Expósito.

Tras conocer la decisión de la cooperativa, el Gobierno de Rivas emitía un comunicado en el que defendía que la paralización unilateral de la concesión de licencias es un trámite ajustado a Derecho.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid estudia emprender acciones legales contra la gestora de la cooperativa de viviendas Atalaya del Sur, la inmobiliaria afincada en Leganés Grupo EM, por coacciones, amenazas y acoso al Gobierno municipal así como al personal técnico de la Concejalía de Urbanismo tras la paralización de licencias decidida por el Pleno de la Corporación en el marco del proceso ‘Rivas, Párate a Pensar’ emprendido el año pasado.

El grupo inmobiliario EM promovió esta cooperativa con la intención de hacerse con la propiedad de un suelo que Jarama Desarrollos Inmobiliarios posee en Rivas para después construir ahí un residencial de 152 viviendas. La gestora, por tanto, no solo no contaba ni cuenta con licencia para construir sino que tampoco es todavía propietaria del terreno.

Pese a no disponer del terreno ni de la licencia para construir, la gestora, según ha publicado Diario de Rivas, ha ido captando cooperativistas, que han aportado hasta 40.000 euros, insistiendo, tal y como denuncia una de ellas en el medio local, que “el proyecto ya tenía el visto bueno de los técnicos”, cuando no es así. El expediente no estaba terminado en el momento en el que se produjo la paralización de licencias.

De igual modo, entre enero y febrero de 2022, en plena paralización de las licencias en toda la ciudad, tal y como recoge el medio local ripense, la gestora ha captado a una pareja de personas mayores que aportaron “entre 15.000 y 20.000 euros”. Su hija señala que el grupo EM realizó esta operación asegurando a sus padres que esa parcela “no estaba afectada por el proceso” ‘Rivas, Párate a Pensar’, algo falso.

Desde el inicio del proceso de paralización de licencias en la ciudad, auspiciado por el gran incremento poblacional de Rivas y la ausencia de nuevos servicios públicos sanitarios o educativos, la gestora de la cooperativa ha estado amenazando con querellas, acosando y coaccionando al Gobierno municipal y al personal técnico de la Concejalía de Urbanismo para conseguir que su promoción quedase fuera del proceso.

El Gobierno asegura que “no está dispuesto a aceptar coacciones ni acoso de ningún tipo al personal técnico del Ayuntamiento para luego utilizarlos contra familias a las que además supuestamente están engañando”. A este respecto, explica el Gobierno, el Ayuntamiento estudia además poner a disposición de estas familias la Oficina Municipal de Atención al Consumidor para asesorar respecto a las reclamaciones que consideren pertinentes contra la promotora. “Si una empresa asume riesgos mercantiles por acuerdos con terceros, no puede luego hacérselos pagar a las familias, que deben recuperar su dinero”, apuntan desde el Gobierno.

El Gobierno municipal defiende, por otro lado, que todas las decisiones que toman están sujetas a Derecho. El Ayuntamiento defenderá, por tanto, en los Tribunales tanto la decisión tomada por el Pleno de la Corporación como el trabajo del personal técnico ante cualquier acción que se quiera tomar en la Justicia.