Esta semana comienza el derribo de trece viviendas en Pablo de Olavide

Aunque los medios no le den cobertura, la tragedia de los vecinos afectados por MetroEste continúa, y esta semana vivirá un nuevo capítulo en forma de derribo, pues la Comunidad ha decidido tirar los edificios de la calle Pablo de Olavide. Para solidarizarse con ellos, y protestar por la gestión de la Comunidad, esta tarde la Asociación de Personas Afectadas por MetroEste ha convocado una concentración en la "zona cero" del desastre.

"La concentración se llevará a cabo el próximo 17 de junio a las 21:00 horas en la calle Pablo de Olavide de la localidad de San Fernando de Henares y tendrá lugar ante las grúas de derribo que la Comunidad de Madrid ya ha instalado para proceder a ejecutar semejante atrocidad", desvelan los vecinos.

"Esta acción se organiza en solidaridad con las personas que fueron desalojadas de sus viviendas hace más de un año y medio, y que ahora se enfrentan al derribo inminente de sus hogares. Consideramos fundamental mostrar nuestro apoyo y exigir soluciones justas para estas familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad", resumen.

La concentración se produce en vísperas de que comience el derribo de los edificios, trece viviendas ubicadas en la calle Pablo de Olavide impares, tal y como explican.

“Con respecto al problema social, en los últimos tiempos hemos visto cómo decenas de familias han sido expulsadas de sus viviendas y negocios. La realidad material que nos rodea es implacable y no hay relato que la pueda alterar: más de 600 viviendas afectadas; 217 personas desalojadas; 41 viviendas derribadas; 21 calles afectadas; 5 comercios derribados; 32 viviendas esperando el derribo; espacios públicos perdidos; y 9 cierres de la línea 7b de Metro en los últimos 15 años, en este momento de manera indefinida; cientos de viviendas devaluadas; la pérdida patrimonial de forma directa e indirecta de las familias de nuestro municipio”, afirma la Plataforma.

“Hay decenas de familias que han perdido sus casas y tan sólo se les ha concedido una indemnización que no permite recuperar la situación previa a la negligencia, empujadas a buscar en los tribunales la justa solución que la falta de voluntad política les ha negado: una vivienda digna por una vivienda digna. Hay cientos de familias que actualmente no están reconocidas como afectadas, que a ojos de la administración responsable no existen y parecen no padecer los efectos de la imprudencia y desidia del gobierno de la Comunidad de Madrid”, explican.

"Existen cientos de familias angustiadas viendo en silencio cómo sus casas empiezan a resquebrajarse, viviendo desde hace años junto a máquinas ensordecedoras día y noche, entre polvo y cortes de suministros constantes, explosiones, movimientos de paredes y suelos. La Comunidad de Madrid se niega a garantizarnos una vivienda similar a la que nos han derribado, se niega a resolver este drama rápida y diligentemente para que cause el menor dolor y podamos recuperar nuestras vidas. La Comunidad de Madrid no está a nuestro lado, tal y como le correspondería dada su función de organismo público causante de la negligencia, sino enfrente. Nuestras vidas están en sus manos. Esto ha generado una incertidumbre extrema que está provocando un padecimiento y sufrimiento que está derivando en una sintomatología colectiva de ansiedad y angustia, de miedo ante el futuro incierto, de rabia y tristeza por la pérdida gratuita de nuestros hogares y enseres, en definitiva, por la mutilación de nuestras vidas”, afirman desde la Plataforma".

Hace unos días el Consejo de Gobierno conocía el nuevo contrato de obras de impermeabilización de la Línea 7B de Metro, entre las estaciones de San Fernando de Henares y del Hospital Universitario de Henares -Coslada-, con una inversión de 28,2 millones de euros. Se trata de una orden de emergencia que tendrá un plazo de ejecución de siete meses. Los trabajos iniciados ahora se están centrando en impermeabilizar las paredes del túnel, consolidar el suelo y reponer la plataforma más deteriorada con nuevas vías.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras desarrolla, desde el inicio de las obras, un Plan de Actuaciones Integrales en la Línea 7B en el que se incluyen los trabajos de este contrato. Al margen de este proyecto, el Ejecutivo regional ha abonado ya indemnizaciones a 63 familias por valor de cerca de 9 millones de euros a los propietarios de los inmuebles que fueron declarados en ruina urbanística debido a su antigüedad.

También, y dentro de las actuaciones encaminadas a satisfacer la demanda de los vecinos de la zona, el Gobierno autonómico aprobó una nueva línea de ayudas para pymes y empresarios individuales de los sectores comercial y de servicios damnificados por las obras. Se trata de incentivos de hasta 50.000 euros que están permitiendo cubrir gastos para la adquisición de equipamiento, material informático y tecnológico, proyectos de e-commerce y diseño de páginas web, gastos corrientes y reforma, modernización y adecuación.

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2024 incluyeron una inversión de 63 millones de euros para ayudar a todas las familias que lo precisen. De esta forma, el Gobierno autonómico se ha hecho cargo de los gastos de alquiler, movilidad y manutención mientras se realizan los trabajos de consolidación del terreno y hasta que se resuelvan todos los expedientes de indemnización.