Explican que la adjudicataria es una de las empresas más importantes del sector

En pleno fin de semana una fuerte polémica sacudía San Fernando, y es que el portal Civio desvelaba que el Consistorio firmó un contrato con una empresa de chalecos antibalas israelíes el mismo día en que se aprobó el embargo de armas. La localidad salía al paso de la información, reconociendo que es cierto, y anunciando que ya ha puesto en marcha los mecanismos para resolver el contrato.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a tenor de la publicación realizada por un portal web relativa a la “compra de chalecos antibalas israelís” quiere comunicar lo siguiente:

 PRIMERO.- El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en cuanto ha tenido conocimiento de la situación, ha contactado con los servicios jurídicos municipales para estudiar la posibilidad de resolver el contrato. Atendiendo a las primeras valoraciones, parece viable su resolución. En ese caso, se llevará a cabo de manera inmediata.

 SEGUNDO.- Aclarar que el procedimiento de adjudicación fue realizado por el equipo técnico del área de Seguridad, Movilidad y Emergencias atendiendo a la legislación vigente en ese momento, y que la empresa en cuestión es una de las más importantes del sector que ha suministrado sus productos a numerosas administraciones.

 TERCERO.- El Consistorio quiere mostrar su total apoyo y solidaridad con el pueblo de Palestina CONDENANDO, firme y rotundamente, el genocidio en Gaza; y reafirmando este compromiso, además, con la próxima organización de eventos en la ciudad para seguir denunciando esta masacre públicamente, y reivindicar una Palestina LIBRE.

En concreto, la información de Civio se basa en un análisis del portal de contratación pública, donde aparece reflejado.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, ubicado en la Comunidad de Madrid, ha realizado una compra significativa de 18 chalecos antibalas destinados a la policía local. Esta adquisición se ha llevado a cabo con la empresa Guardian Homeland Security, que recientemente estuvo en el centro de una controversia debido a un contrato anulado relacionado con la compra de balas israelíes.

El contrato fue firmado el 25 de septiembre. Inicialmente, el contrato tenía un presupuesto de 14.000 euros, pero finalmente se adjudicó por un total de 9.306 euros (sin impuestos), lo que equivale a 517 euros por cada chaleco.

Se trata de un contrato menor, dado que el importe es inferior a 15.000 euros, lo que implica un procedimiento de adjudicación con menos controles.

En abril de este año, Guardian Homeland Security fue noticia por un contrato de 6,6 millones de euros para la compra de balas para la Guardia Civil, actuando como representante de la empresa israelí IMI Systems. A pesar de la polémica que rodeó este contrato, no fue hasta el 29 de septiembre que se anuló oficialmente, coincidiendo con la entrada en vigor de un decreto ley que prohíbe la importación y exportación de material de defensa israelí, resumen desde Civio.

La empresa no solo se limita a actuar como representante en un contrato específico, sino que se posiciona como la "representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar". Además, posee la autorización del Ministerio de Defensa israelí para operar como empresa exportadora. Su fundador es un exagente de inteligencia israelí

El decreto ley que entró en vigor el 25 de septiembre prohíbe la importación y exportación de productos de defensa, incluyendo equipos de protección como chalecos antibalas, a menos que estos sean utilizados por su propietario para protección personal. Esto plantea interrogantes sobre la legalidad de la reciente compra, especialmente si los chalecos son efectivamente fabricados en Israel y se importan después de la fecha de aplicación del decreto.

El contrato estipula que Guardian Homeland Security tiene un plazo de 60 días para entregar los chalecos. Esto significa que, si los chalecos son importados tras la entrada en vigor del decreto, su importación podría ser considerada ilegal.

No es la primera vez que administraciones públicas en España adquieren chalecos antibalas de Guardian Homeland Security. En el pasado, el Ministerio del Interior justificó contratos similares argumentando que se trataba de material de protección y no de armamento. Otras administraciones, como el Gobierno vasco, también han realizado compras a esta empresa.

Además de la compra de chalecos antibalas, el Ejército de Tierra también acordó la adquisición de una estructura modular para entrenamientos en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales en Huesca, justo el 23 de septiembre, un día antes de la entrada en vigor del decreto.