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20
Feb
2017
La Policía desalojó al público del último Pleno de San Fernando PDF Imprimir E-mail
Zona Este - San Fernando de Henares
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Foto cedida por Ayuntamiento de San FernandoLa moción sobre xenofobia terminó con el abandono del portavoz de España 2000

La situación política en San Fernando sigue subiendo de intensidad cada día que pasa, y es que, después de la imputación de la alcaldesa por permitir al voluntario acceder a documentos de Plaza de España, del cese del Responsable de Personal después de conocerse la existencia de una lista negra de trabajadores municipales, de la renuncia del portavoz del partido que sustenta el Gobierno, y de que el Pleno vetase que el mismo concejal dejase de ser su representante en la Mancomunidad del Este, el pasado jueves la cosa obligaba a intervenir a la Policía, que fue llamada por la alcaldesa para desalojar al público durante la lectura de la moción sobre xenofobia presentada por la Plataforma contra el Racismo y la Xenofobia del Corredor. Como consecuencia, además del desalojo de parte del público el concejal de España 2000 también abandonaba la sesión advirtiendo a la alcaldesa que “acabará en los tribunales”.

Y es que las denuncias de Sandro Algaba ya no se quedan solo en lo público. Después de conseguir el amparo de la Defensora del Pueblo, el concejal anunciaba su intención de llevar su situación ante la jurisdicción contencioso administrativa por lo que considera “impedir que ejerza los derechos que le asisten como concejal”.

Si Algaba anunciaba a la alcaldesa la denuncia ya presentada en el turno de decretos, la cosa subía de intensidad cuando, y durante el debate sobre xenofobia, apareció el nombre de Marcos Ana. Algaba intentó leer titulares de varios medios de comunicación sobre la trayectoria del líder comunista, pero la alcaldesa intentaba reconducir al debate a los términos de la moción.

Después de intentarlo varias veces, el revuelo se trasladó al público, desde donde un vecino profirió la palabra “asesino” dedicada al poeta. La alcaldesa, inmediatamente, pidió a la Policía que entrase en el Salón e identificase al vecino en cuestión, lo que generaba una enorme trifulca que terminaba con el desalojo de buena parte del patio de butacas. Algaba volvía a intentar tomar la palabra y, al ver que no le iban a dejar hablar, se levantaba y abandonaba la sesión.

Así lo contaba España 2000 en un comunicado: "El Pleno municipal del mes de febrero de San Fernando de Henares, vuelve a dejar tintes dictatoriales y de intolerancia. La alcaldesa del Real Sitio, Catalina Rodríguez, leía una declaración institucional, firmada por Partido Popular, PSOE, IU, SFH Sí Puede- Podemos, en el cual se perseguía con mentiras, insultos y amenazas al concejal de España2000, Sandro Algaba. La alcaldesa de Podemos prohibió al concejal identitario utilizar sus dos turnos de palabra e intentar defenderse de tales injurias. Un tema que viene de lejos, concretamente del pleno del mes de diciembre. Una moción presentada por Izquierda Unida, relativa a homenajear al poeta Marcos Ana. En la cual, Sandro Algaba, expuso bajo el amparo de varios documentos que no iba a rendir ningún homenaje a una persona que asesinó a tres vecinos de Alcalá de Henares. Sorprendentemente, dos meses después, PP-PSOE-IU-PSOE, acuerdan llevar al Pleno ordinario de febrero una declaración institucional, a propuesta del Observatorio contra la intolerancia, criminalizando a Sandro Algaba, por sus declaraciones de culpar a Marcos Ana de tales asesinatos. Sandro Algaba, portavoz de España2000, ha manifestado “Una vez más vemos a que se dedica la banda de los cuatro (Partido Popular, PSOE,IU,SFHSíPuede). A perseguir con dinero público, (ya que han colocado cientos de bandos municipales por todas las calles), a un representante democrático de los vecinos, lo que se vive en San Fernando es una dictadura, y cualquier voz disidente es perseguida.” Tras la lectura de la declaración por parte de la alcaldesa, Catalina Rodríguez, venía el turno de palabra del resto de concejales de la corporación municipal. Sandro Algaba, solicitó el turno de palabra, y fue interrumpido constantemente en su intervención por la regidora de Podemos, hasta que finalmente optó por prohibirle utilizar sus dos turnos de palabra, como establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento de Entidades Locales. Algaba, ha declarado “En cada pleno se demuestra la dictadura totalitaria que impera en San Fernando de Henares y como vulneran mis derechos como concejal constantemente, ni dudaremos en llevar a la alcaldesa ante los juzgados. La banda de los cuatro debería de preocuparse por los problema reales de la localidad, calles llenas de mierda, asfaltado con socavones, problemas de inseguridad y dejar esta campaña de acoso y linchamiento público contra mí y mis compañeros de España2000”.

Así terminaba un Pleno en el que, sorprendentemente, la unanimidad fue la nota dominante durante la tarde. Así, en poco más de hora y media, los concejales completaban un Orden del Día sin demasiadas sorpresas. Por unanimidad se aprobó el nuevo modelo de presentación de la declaración de bienes que deben rellenar los concejales al inicio de la legislatura; y la creación de seis nuevas plazas de Policía Local que saldrán a concurso en los próximos meses. También por unanimidad era aprobada la moción sobre contaminación electromagnética, la petición de que la Comunidad se encargue de costear los arreglos en las viviendas de MetroEste, la petición de transparencia en los contratos, y la declaración por el Día de la Mujer. Eso sí, lo que no se aprobó fue la moción de España 2000 pidiendo desfibriladores en los espacios públicos. Algaba se quedó solo con el Concejal No Adscrito mientras que el PP se abstuvo y los demás votaron en contra.

Sin embargo, el Pleno comenzaba con otro tono, pues el Gobierno retiraba la toma de posesión de su nueva concejala, ya que aún la Junta Electoral no se ha pronunciado al respecto. En la primera parte también se aprobó el pago de otros 700.000 euros de una sentencia de Plaza de España, que la Policía se encargue de la vigilancia en CYTEC y la Vaquería, y que el Consistorio gestione los fondos del juzgado de paz. Además los concejales conocían que el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 38,68 días.

Y cuando, tras la salida de Sandro, parecía que la tranquilidad había vuelto a la sesión, la cosa volvió a liarse en el turno de preguntas. El motivo, que el PSOE sacó a colación lo ocurrido con las vacas de la Vaquería, denunciando que el comunicado oficial emitido por el Gobierno local faltaba a la verdad, lo que probaba Corpa sacando un informe de los veterinarios. Viendo como la cosa podía volver a calentarse, la alcaldesa terciaba con un “lo importante es que la situación se ha solucionado”.

 

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