18
Sep
2022
Ordenan el desalojo inmediato del edificio del que se cayó la cornisa en San Fernando Imprimir
Zona Este - San Fernando de Henares
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Foto cedida por Ayuntamiento de San FernandoEl Ayuntamiento lo ha declarado ruina física inminente dos meses después de que se detectasen las primeras grietas

Parece que la nueva tanda de obras de MetroEste ha provocado muchos más daños de los esperados por cualquiera, y es que, tras comenzar a drenar el terreno, aparecieron grietas en dos nuevas calles, además de aumentar de forma muy importante las de Rafael Alberti 7, hasta el punto de que, tan sólo un semanas después de que apareciesen las primeras, se desprendía una cornisa.

Dos semanas más tarde, la situación se ha hecho insostenible, pues la Comunidad ha pedido a San Fernando que lo declare en ruina, dando 72 horas a los propietarios para que lo abandonen ante el riesgo serio de colapso existente.

72 horas de vértigo en las que, entre otras cosas,el Ayuntamiento de San Fernando ha declarado ruina física inminente para el edificio. La "buena noticia" entre comillas es que lo ocurrido en Rafael Alberti ha hecho replantearse las cosas a la Comunidad de Madrid, que ya no intentará drenar los terrenos y se limitará a consolidarlos como lleva haciendo desde que comenzasen los problemas en la línea de Metro que cruza Coslada y San Fernando.

La situación comenzaba en la mañana del jueves, cuando la Comunidad de Madrid informaba, vía comunicado de prensa, del desalojo de los/as residentes en el número 7 de la calle Rafael Alberti (esquina con Francisco Sabatini).

"Ni el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, ni los/as propios/as afectados/as han recibido, de momento, ninguna notificación a este respecto", afirmaba el Consistorio.

“Su seguridad, sin duda alguna, es lo primero y, si este desalojo debe producirse de manera inmediata, que así sea; pero la actitud del Gobierno autonómico me parece lamentable porque, una vez más, hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación. Ninguna llamada. Ningún correo. Nigún documento con entrada por registro. Nada”, indicó el mandatario local.

En la misma línea, Corpa manifestó que “esta forma de actuar de la Comunidad de Madrid es desleal, tanto con esta Administración, como con los/as vecinos/as, que la única información que reciben es por parte del Ayuntamiento, porque no tienen interlocución política ni con el consejero, ni con el viceconsejero ante esta grave problemática que requiere que todos/as trabajemos de la mano”.

Por último, el mandatario local no quiso entrar a valorar otras cuestiones que figuran en dicha nota de prensa. “Intentan eludir su responsabilidad y ‘tirar la pelota’ a otros tejados, pero tengo la conciencia muy tranquila, y los/as vecinos/as saben cómo está actuando este Ayuntamiento (…). Ya no me sorprende nada, después de escuchar a la presidenta Díaz Ayuso decir que eran 32 las viviendas afectadas por Metro, cuando hay más de 400; o cómo la Comunidad de Madrid ha sido capaz de casi acusar a los/as vecinos/as porque no habían entregado la documentación”.

También quiso agradecer la “enorme” labor de los/as técnicos/as y trabajadores/as municipales de la Concejalía de Planificación de la Ciudad, “que desarrollan su día a día con unos medios acordes a una población de 40.000 habitantes y afrontando, además, una situación creada por la Comunidad de Madrid, siempre con diligencia y con lealtad”.

La Línea 7B de Metro ha generado daños en 411 viviendas y, a día de hoy, 49 familias han sido desalojadas (más de un centenar de personas), con tres inmuebles unifamiliares y un bloque de viviendas derribados; además de afecciones en 11 calles de la ciudad y en numerosas dotaciones públicas que obligaron al cierre o traslado de servicios.

Tanto el Consistorio como la Plataforma de Afectados por Metro y la Asociación de Afectados ‘Presa-Rafael Alberti’ siguen reclamando YA la puesta en marcha del Plan Integral, aprobado en la Asamblea de Madrid en diciembre del pasado año, para dar soluciones definitivas a esta problemática, con un estudio pormenorizado del terreno, con actuaciones concretas y con dotación presupuestaria suficiente, en lugar de “continuar con parches, como llevan haciendo desde hace 15 años”.

En la tarde de ese jueves el Consistorio de San Fernando se reunía con los afectados en el Salón de Plenos para dar cuenta de las últimas noticias en relación al desalojo que, esta misma mañana, y vía comunicado de prensa, ha anunciado la Comunidad de Madrid.

A lo largo de esa tarde llegaban al Ayuntamiento informes remitidos desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras que relación a dicho inmueble, que padece importantes afecciones originadas por la Línea 7B de Metro y, en estos momentos, están siendo analizados por los/as técnicos del área de Urbanismo municipales, al objeto de poder trasladar toda la información que tiene el Consistorio a los/as afectados.

El mandatario local volvió a denunciar las formas y actitud del Gobierno autonómico con estas familias que, ante esta preocupante situación, no disponen de información por parte de la Comunidad de Madrid.

En la mañana del viernes el alcalde de San Fernando convocaba a los medios.

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa; junto al presidente de la Asociación de Afectados ‘Presa-Rafael Alberti’; Juan Fuentes; y a un representante de la Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro, Eloy Rodríguez; ha comparecido para dar cuenta de las últimas informaciones relativas al edificio de viviendas de la calle Rafael Alberti número 7, tras recibir, en la tarde del jueves, concretamente a las 18:13 horas, un informe de la Consejería de Transportes e Infraestructuras que alertaba de “grave peligro” y sobre la necesidad de “proceder a un desalojo ordenado de las viviendas y los locales de las escaleras 3 y 4”.

A tenor del mismo, el área de Planificación de la Ciudad está tramitando, con máxima celeridad un expediente para la declaración de ‘ruina legal inminente’, que implicará el desalojo de estas familias en un plazo, aproximado, de 72 horas. Sin embargo, el Ayuntamiento considera que todos/as los/as residentes de la finca, también de los portales 1 y 2, deben salir de sus casas, y se está trabajando en esa línea. “Tenemos una gran discrepancia con la Comunidad de Madrid porque, en ninguno de los informes que tenemos, al menos hasta ahora, se garantiza la seguridad del resto del edificio. Es más, la entrada a la finca es una de las zonas más afectadas, y es un lugar de mucho tránsito para acceder y salir. También nos preocupan los sistemas de suministro, como el gas. Ya sucedió que reventó una tubería, afortunadamente, de agua. Entendemos, por tanto, que el desalojo debe ser total. No podemos permitir que sigan allí”, indicó el primer edil.

El mandatario local volvió a insistir en el trato y las formas del Ejecutivo autonómico que, como viene siendo habitual, lanza este tipo de informaciones, primero, ante los medios de comunicación. “Nos enteramos ayer, a media mañana, a través de una nota de prensa. Luego, por la tarde, fue cuando llegó el informe y, entonces, convoqué a los/as vecinos/as a una reunión que tuvo lugar a las 20:45 en el Salón de Plenos, para trasladar toda la información disponible”. El aludido insistió en la “falta de respeto” y en el “ninguneo” que practica la Comunidad de Madrid. “La situación es límite, estamos cansados/as, estamos hartos/as, nos sentimos maltratados/as (…). Ayer ví a familias rotas, a niños/as y a personas mayores, y vamos a estudiar qué acciones emprendemos en la próxima semana, porque esto no puede seguir así, porque nuestro pueblo se degrada”, aseveró al respecto.

Y, ante esta grave situación, Corpa ha tratado de contactar, sin éxito y en varias ocasiones, con el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez. También con su viceconsejero, Carlos Díaz-Pache e, incluso, con la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. Además, ha remitido, con hora de salida en registo a las 11:23 de hoy, una carta dirigida a Pérez. No ha obtenido ninguna respuesta. “En lugar de utilizar a los medios de comunicación, que tenga vergüenza y que venga aquí, a ver lo que está pasando, y que sea él quien dé las oportunas explicaciones a las familias de que tienen que salir de sus casas, que busque soluciones, y que se siente con este alcalde, porque es su deber. Hoy me ha tocado a mí, pero hace unos días les tocó a los/as vecinos/as, diciendo que no entregaban la documentación. Quizá, mañana, le toque a la Plataforma. Está claro que estas fórmulas que siempre utiliza no contribuyen a resolver el problema y son poco éticas”, dijo. Para finalizar el regidor quiso mandar un mensaje a Pérez. También a Díaz Pache y a la presidenta Díaz Ayuso. “Me van a encontrar defendiendo siempre a mis vecinos/as y a mi ciudad”.

Y compartió argumentos el presidente de la Asociación de Afectados ‘Presa-Alberti’, Juan Fuentes. “Nadie. Nadie nos está usando políticamente. Esta asociación se creó para defender a sus vecinos/as y sin tintes políticos, porque esto es un drama social. Nosotros/as estamos con quien nos escucha, nos atiende y se pone en nuestros zapatos, con quien está a nuestro lado y nos apoya”, sentenció en respuesta a Pérez.

Fuentes denunció “falta de humanidad” por parte del Gobierno regional. “Ayer, un vecino me llamó y me dijo, oye Juan, que he visto una noticia y dicen que me desalojan… Me mandó el enlace, porque no podía creerlo y, efectivamente, era verdad (…)”, afirmó. Y respecto a los desalojos de Rafael Alberti 7 concretó que “unos/as se quedan y otros/as se van… pero, esto, ¿qué es? ¿cómo se van a quedar con un garaje que parece las cuevas de Nerja? No aprenden. Esto parece el día de marmota. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿No son conscientes del daño humano?”.

Para finalizar, Juan Antonio Fuentes quiso referirse a la orden de emergencia que sustenta el pago de los realojos de las familias que residían en calle Presa 4 y Rafael Alberti 1 y 3. Hoy sus viviendas están derribadas y, la mayoría, lleva un año en apartamentos turísticos.

“Nos notificaron ayer una cuantía de 798 euros para asumir el alquiler de una casa que, además, tiene que estar amueblada… porque no tenemos nada. Yo les invito a que cojan el móvil y miren en portales inmobiliarios como ‘Idealista’, donde salen 13 viviendas. De estas, solo dos amuebladas, y los precios son 1.250, 950 euros… ¿Qué nos ofrecen, limosna? Nosotros/as no somos culpables, somos víctimas y, a las víctimas, hay que atenderlas”, espetó.

También tomó la palabra Eloy Rodríguez, en representación de la Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro. Y no faltó mensaje al consejero. “No nos conoce. No sabe nada de nosotros, porque nunca, jamás, ha venido a ninguna reunión de la Plataforma y, ahora, tenemos un equipo de Gobierno en este Ayuntamiento que está con los/as vecinos/as, al frente del problema (…)”. Ni para Díaz Ayuso. “Estamos en una situación sorprendente, con una presidenta que se permite dar soluciones al país entero, de oriente a occidente, y que no es capaz de solucionar este problema, es más, que lejos de mejorar, ha empeorado, porque el número de viviendas con afecciones se han duplicado durante su legislatura”.

Asimismo, Rodríguez indicó que “lo que está sucediendo en calle Rafael Alberti 7 es un calco exacto de lo sucedido en Presa con Rafael Alberti. Es una copia. Y, sinceramente, no sabemos a qué se dedica la Comunidad de Madrid, así que se avecinan días de movilizaciones”.

Ayuntamiento, asociación y plataforma coinciden. Las labores para la consolidación del terreno que plantea el Ejecutivo autonómico, no funcionan, y “son los mismos parches” que se llevan poniendo en práctica desde hace más de una década. Insisten en el Plan Integral aprobado en diciembre del pasado en sede parlamentaria, que se traduce en una ‘hoja de ruta’ a seguir, con dotación presupuestaria y acciones concretas, con un estudio pormenorizado del terreno.

Por la tarde, el Consistorio declaraba ruina inminente el edificio, activando el plazo de 72 horas para el desalojo, tres días que se cumplen esta misma tarde.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares está procediendo a notificar las órdenes de desalojo a los/as vecinos/as residentes en el número 7 de la calle Rafael Alberti (esquina con calle Francisco Sabatini), que tendrán un plazo de 72 horas para abandonar sus casas. El alcalde, Javier Corpa; y la concejala de Planificación de la Ciudad, Leticia Martín; se encuentran en la zona acompañando a las familias  explicaba el Consistorio en la noche del viernes.

Destacar, además, que el Consistorio ha tenido conocimiento, a través de los/as propios/as afectados/as, sobre una reunión a la que están siendo convocados/as por la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, y donde se espera la posible asistencia del máximo responsable del departamento, David Pérez. Está prevista para el próximo lunes. “Una vez más, la presión de la ciudadanía, de la Asociación de Afectados, de la Plataforma y de este equipo de Gobierno consiguen que el Ejecutivo regional ponga el foco en la Línea 7B y en la grave problemática que Metro ha creado en nuestra ciudad. Nos alegramos, y esperamos que este encuentro sea fructífero, no como en ocasiones anteriores. Esperamos que estén todos/as los/as afectados/as, y que explique cómo se va a acometer la recuperación, también, de espacios públicos. Sería una buena ocasión, además, para que visite las zonas con afecciones”, dijo Corpa.

El aludido volvió a reivindicar la puesta en marcha del Plan Integral aprobado en sede parlamentaria y que ponga fin a esta situación, que se arrastra desde hace más de una década.

El sábado, nueva polémica, pues San Fernando decretó la ruina de todo el edificio, en lugar de sólo dos escaleras como había pedido la Comunidad.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares emitió, en la tarde del viernes, la notificación de ‘declaración de ruina física inminente’ sobre los cuatro portales del número 7 de la calle Rafael Alberti, que obliga al desalojo de las 32 familias residentes en este inmueble y NO, únicamente, de 16, como establece la Comunidad de Madrid.

El decreto emitido por el Consistorio plantea, por tanto, el desalojo COMPLETO de la finca, y se basa en información facilitada por la propia Consejería de Transportes e Infraestructuras y, también, en las inspecciones realizadas por los servicios técnicos municipales del área de Urbanismo en las dos últimas semanas, al objeto de GARANTIZAR la seguridad de estas personas, porque el acceso a los espacios comunes y portales se realiza por la zona más afectada.

Las órdenes de desalojo establecen un plazo máximo de 72 horas para abandonar el inmueble. Si la Comunidad de Madrid, única administración responsable del grave problema creado por la Línea 7B de Metro en la ciudad, presenta y ejecuta un PLAN DE SEGURIDAD, que incluya las pertinentes medidas que garanticen la seguridad de las familias y con el ‘visto bueno’ de los/as técnicos/as municipales, el Ayuntamiento procederá al estudio y posible modificación de dicho decreto.

La Comunidad de Madrid, tal y como reconoce en el último informe, tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas afectadas y, por tanto, es responsable de la seguridad de TODA la finca.

El alcalde, Javier Corpa; lleva desde ayer intentando contactar con el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez; o con algún responsable de la Comunidad de Madrid, más allá del Director General de Infraestructuras, ante esta grave situación generada por la Línea 7 b de METRO. No ha obtenido respuesta.