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02
Nov
2022
Ayuso destinará más de trescientos mil euros al realojo de los vecinos de Rafael Alberti PDF Imprimir E-mail
Zona Este - San Fernando de Henares
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Foto cedida por CAMLa Comunidad afirma que podrían volver a sus casas, pero el Ayuntamiento lo desmiente

El Consejo de Gobierno ha aprobado la inversión de más de 322.000 euros para la contratación de emergencia para ayudas a las familias que residen en los portales 1 y 2 de la calle Rafael Alberti, 7 de San Fernando de Henares, cuyo edificio fue desalojado el pasado 20 de septiembre por las obras de la línea 7B de Metro.

Este importe para gastos de realojo se suma a los anteriores encargos realizados por la Comunidad de Madrid a la empresa Tragsa y que han sido también validados por Consejo de Gobierno, por lo que la inversión global para este fin asciende a más de 3,8 millones.

Las actuaciones incluyen el realojamiento de las 14 familias de Rafael Alberti, 7, de los portales 1 y 2, tras no haber recibido por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares el consentimiento para que éstos puedan regresar a sus casas al haberse instalado ya un apeo estructural que garantiza la seguridad de acceso de los inquilinos.

El Gobierno regional se hará cargo de la manutención, mudanza y custodia en guardamuebles, gastos de transporte entre puntos de alojamiento, suministros en las viviendas desocupadas y en destino, plazas de garaje de estacionamiento privado durante la duración del encargo y servicios inmobiliarios.

La Dirección General de Infraestructuras está llevando a cabo trabajos de consolidación de terreno, desde el pasado 13 de octubre, que abarcará unos 10.000 metros cuadrados y que afectarán a las calles Rafael Alberti, Presa, Pablo Olavide, Francisco Sabatini y Nazario Calonge.

El Ejecutivo autonómico continúa reuniéndose con las familias afectadas de la línea 7B de Metro de San Fernando de Henares para actualizarles, de primera mano, la información en relación con sus viviendas y los siguientes pasos que se pondrán en marcha, a través de la Oficina de atención al ciudadano que ha establecido cerca de sus domicilios.

Desde la Comunidad de Madrid no se escatima ningún recurso humano y económico por las consecuencias de las obras de la línea 7B y, hasta ahora, se han invertido más de 30 millones en la rehabilitación de viviendas como en la mejora y estabilización del terreno.

Tras conocer lo aprobado, el Ayuntamiento de San Fernando respondía, y lo hacía para desmentir que exista alguna posibilidad de que los vecinos puedan volver a sus casas.

"La Consejería de Transportes e Infraestructuras publicó, el pasado 18 de octubre de 2022, la ampliación de la orden de emergencia relativa a los/as vecinos/as del número 7 de la calle Rafael Alberti, desalojados/as debido a la grave problemática creada por la Línea 7B de Metro, una infraestructura cuya única administración responsable es la Comunidad de Madrid. Actualmente, se encuentran realojados/as, la mayoría, en apartamentos turísticos fuera de la localidad", desvelaban.

El Ejecutivo autonómico hace alusión, en el citado documento (página 3 apartado b), a las familias de los portales 1 y 2, así como a las medidas de seguridad a adoptar para garantizar su seguridad y, por tanto, el regreso a sus domicilios. Dice lo siguiente:

• “Se estima necesario UN PLAZO DE TRES MESES para adoptar las medidas necesarias y aportar la documentación correspondiente, así como para recabar, del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, si procede el mantenimiento de la situación de ruina física inminente respecto a los portales 1 y 2 de la calle Rafael Alberti 7 de San Fernando de Henares”.

Por tanto, desde el Consistorio se desmienten, totalmente, las afirmaciones que ha realizado el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, en rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy. El aludido aseguraba, y así lo han reproducido algunos medios de comunicación, que no se había recibido, por parte del Ayuntamiento, consentimiento para que estos/as afectados/as pudieran volver a sus casas. Una vez más, se trata de culpabilizar a la Administración local. Queda claro, tal y como indica su propia orden, que las zonas comunes no reúnen las medidas de seguridad oportunas, requiriéndose un plazo de tres meses (enero de 2023) para aportar la documentación que garantice las mismas y que el Ayuntamiento solicitó el pasado 04 de octubre. Esta petición, además, volvió a reclamarse al Director General de Infraestructuras el día 07 octubre para poder dar continuidad al expediente de ruina. A fecha de hoy, la Consejería de Transportes e Infraestructuras NO ha registrado la documentación requerida.

El alcalde, Javier Corpa, continúa exigiendo la puesta en marcha del Plan Integral que fue aprobado en diciembre del pasado año, y que implica una ‘hoja de ruta’ a seguir, y soluciones definitivas para esta preocupante situación, que se arrastra desde hace 15 años, llegando a 11 calles y con más de 400 viviendas afectadas, además de espacios y dotaciones públicas.

Asimismo, el primer edil dio inicio, la pasada semana, a una ronda de reuniones con los/as portavoces de los grupos parlamentarios para solicitar su apoyo a una Ley de carácter autonómico que aporte certidumbre a los/as vecinos/as, similar a la puesta en marcha en el barrio barcelonés de ‘El Carmel’.

 

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