14
Feb
2018
El programa de reinserción de menores de Torrejón cumple diez años Imprimir
TorreNews - Sociedad Torrejón
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Gestionado por la ARRMI, ha atendido a 328 menores durante este tiempo

Un total de 328 menores infractores de Torrejón de Ardoz ya han sido atendidos por el Programa de Reinserción y Reeducación de Jóvenes en Conflicto. Se cumplen diez años de actuación de este programa especializado en la atención a menores y jóvenes en conflicto. Un programa de atención a familias con menores infractores que continúa reduciendo el número de jóvenes con medidas judiciales y que pretende prestar una atención especializada a menores y adolescentes de la ciudad sujetos a medidas judiciales en medio abierto, con especial interés a la medida judicial de Libertad Vigilada. Su objetivo es facilitar a estos jóvenes, el proceso de socialización e integración a través de una intervención socioeducativa controlada y coordinada con los recursos propios de su entorno e implicando a su familia en el desarrollo educativo del menor.

El convenio de colaboración para la reinserción y reeducación de los menores infractores de la ciudad suscrito entre el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), permite que un técnico municipal atienda los casos de libertad vigilada de menores en el municipio, participando activamente con el Programa de Ejecución de Medidas judiciales en medio abierto de la Agencia del Menor Infractor. Una actuación enmarcada dentro del programa especializado de infancia y familia de la Concejalía de Bienestar, con la intención de promocionar el protagonismo de las familias en el proceso reeducativo de los menores infractores. Desde la puesta en marcha de este servicio en el municipio, a través del Centro de Atención a la Infancia y la Familia, el número de menores sometidos a libertad vigilada ha disminuido en un 44%.

El funcionamiento del programa establece que si un menor del municipio comete un delito es juzgado por las autoridades competentes y si se le impone la sanción de libertad vigilada, pasa al ARRMI (Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor). A partir de ahí su caso es seguido por el técnico de Bienestar, quien primeramente accede a la información del menor. Luego se le cita en el CAIF con sus representantes legales. Habitualmente, el técnico tiene cada semana una reunión de trabajo con el menor y una vez al mes con su familia, facilitando el proceso de socialización e integración del menor a través de una intervención socioeducativa controlada y coordinada con los recursos propios de su entorno. Trimestralmente se le manda un informe al Juzgado, valorando su comportamiento. Por último, se le remite el informe final al Juzgado y si se estima oportuno el caso se deriva a Servicios Sociales. Con esta actuación se intenta reconducir al menor a través de la intervención de un profesional.

Desde la puesta en marcha de este programa desarrollado en el Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) de la concejalía de Bienestar, el número de menores sometidos a libertad vigilada ha disminuido en un 44%, atendiendo a un total de 328 jóvenes durante sus 10 años de desarrollo, con una media de 32,7 medidas ejecutadas por año natural.

Las personas atendidas por el programa especializado en la atención a menores y jóvenes en conflicto en estos diez años arrojan, asimismo, una media de un 86% de varones, mientras que tan sólo el 14% corresponden a mujeres.

El concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, recordó que “fuimos una de las ciudades pioneras en este modelo de intervención municipal, gracias al cual, durante estos años de desarrollo, se ha reducido el número de menores derivados con medidas judiciales en un 44%, lo que sin duda representa una buena noticia para la ciudad y confirma que una intervención más cercana al menor y su familia, logra que éste se integre y normalice más eficazmente al poder utilizar y participar de los recursos existentes en la propia localidad”. En este sentido, añadió Rubén Martínez, “los motivos a los que obedece esta reducción del porcentaje de menores sometidos a medida judicial radican principalmente en la efectividad y aplicación de los recursos comunitarios, con la implicación de cada vez más recursos y agentes sociales”.