Cercanías, la luz de la Cañada o la queja de Vecinos por Algete, también entre las actividades de 2024

El Defensor del Pueblo ha presentado su Informe Anual correspondiente al año 2024, donde se detallan las quejas y actuaciones realizadas en la Comunidad de Madrid. Este informe se presentó en el Congreso de los Diputados y en el Senado, destacando un total de 8.045 quejas recibidas en la región.

Una de las áreas más destacadas en el informe son las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). El Defensor del Pueblo ha continuado su labor de seguimiento sobre el retraso en la implementación de estas zonas en varios municipios madrileños, incluyendo Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, Majadahonda, Tres Cantos y Valdemoro. A pesar de las recomendaciones realizadas, algunos de estos municipios, como Arganda del Rey y Valdemoro, aún no han iniciado los trámites necesarios para su aplicación.

El servicio de Cercanías ha sido otro de los focos de quejas, acumulando un gran número a nivel estatal. Las quejas se centran principalmente en el aumento de los tiempos de espera y la saturación en trenes y andenes. En particular, los núcleos de Cercanías de Madrid y Barcelona, que juntos reciben cerca de un millón de viajeros diarios, han concentrado la mayoría de las quejas.

Hasta el 31 de agosto de 2024, se programaron 271.050 circulaciones de trenes, de las cuales 4.402 fueron canceladas, lo que representa un 1,62% de cancelaciones. En el mismo periodo, la puntualidad del servicio alcanzó su punto más bajo en febrero (93,90%) y su mejor registro en junio (98,34%). Se espera que la renovación de la estación de Chamartín mejore la calidad del servicio y los índices de puntualidad.

El informe también aborda el tema de las viviendas de uso turístico, donde se señala que muchas operan sin las licencias necesarias. A pesar de la identificación de más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid por parte del Ministerio de Derechos Sociales, las administraciones competentes han mostrado retrasos en las inspecciones y en la adopción de medidas para detener estas actividades ilegales. El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Comunidad de Madrid agilizar los procedimientos sancionadores para evitar que las infracciones prescriban.

El Defensor del Pueblo ha destacado el "notable retraso" en la resolución de las ayudas del bono alquiler joven, que está destinado a personas menores de 35 años. Este retraso ha llevado a la formulación de recordatorios a las consejerías competentes para que se cumplan los plazos y se notifique la concesión de estas ayudas.

Otro tema crítico mencionado en el informe es la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real, donde se ha determinado que se están vulnerando hasta diez derechos consagrados en la Carta Social Europea. El Defensor del Pueblo ha instado a los poderes públicos a restablecer el suministro eléctrico hasta que se implementen las medidas necesarias para los realojos de los habitantes afectados.

En relación al Impuesto de Sucesiones, se han recibido quejas sobre la falta de información y asistencia tributaria. La Consejería de Hacienda ha limitado las citas para la elaboración de autoliquidaciones, excluyendo aquellas relacionadas con el Impuesto de Sucesiones, lo que ha generado descontento entre los ciudadanos. El informe también menciona las gestiones realizadas con la Consejería de Educación para abordar la falta de creación de nuevos centros educativos, en respuesta al aumento de la población en edad escolar en ciertas áreas de la Comunidad de Madrid.

Otro de los puntos tratados en el informe del Defensor del Pueblo de 2024 es el establecimiento de precios distintos para empadronados y no empadronados en el acceso a servicios municipales. En concreto, explican, la institución ha recibido quejas en Torrejón y Arganda que ha motivado dos recomendaciones: "El Defensor del Pueblo recibe numerosas quejas de ciudadanos que reclaman su intervención al considerar discriminatorio que los ayuntamientos cobren tarifas más elevadas a las personas no empadronadas en el municipio frente a las que sí lo están, por el disfrute de los mismos servicios municipales. Habitualmente el ámbito en el que se plantean las diferencias tarifarias denunciadas es el acceso a las piscinas o a otras instalaciones deportivas municipales, así como la realización de cursos o actividades deportivas o culturales organizados por los ayuntamientos".

"El Defensor del Pueblo estima, y así lo ha expuesto en diversas resoluciones, que una diferencia tarifaria que únicamente tiene en consideración el lugar de residencia del usuario no se encuentra suficientemente justificada, dado que el dato del empadronamiento nada incide en el servicio que se presta o en la actividad que se realiza. Tampoco resulta aceptable el argumento, esgrimido en algunos casos por los consistorios, de que los vecinos de un determinado municipio sufragan parte de las infraestructuras o de los servicios a través de sus impuestos. Esta pretendida justificación dista de ser admisible por dos razones. En primer lugar, porque las personas no empadronadas también pueden encontrarse sometidas a los tributos locales. En segundo lugar, porque parte de los ingresos que perciben las administraciones locales provienen de las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas, en los que también contribuyen los ciudadanos y ciudadanas que no residen en ese municipio", concluye la institución.

"Por todos los razonamientos anteriores, el Defensor del Pueblo dirigió también Recomendaciones a varios ayuntamientos, a fin de que eliminen las diferencias tarifarias que se encuentran contenidas en ordenanzas reguladoras de precios públicos, cuando esas diferencias se hayan establecido atendiendo al lugar de empadronamiento de los beneficiarios de los bienes o servicios. Entre esos casos, cabe citar las Recomendaciones dirigidas a los ayuntamientos de Collado-Villalba (Madrid), de Torrejón de Ardoz (Madrid), de Burlada (Navarra), de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y de Valladolid", explica.

La queja ya anunciada por Vecinos por Algete de no poder acceder a documentación municipal, otra por ruido en SanSe, y acceso a puestos municipales en San Fernando y Torrejón también forman parte del Informe del Defensor del Pueblo de 2024. Por último, una localidad de la Zona Este aparece en el listado de entidades no colaboradoras, al no haber respondido al tercer requerimiento formal para obtener información. Se trata de Paracuellos, que dio la callada por respuesta en una queja por “disconformidad con la actuación municipal”.