Es una de las más grandes de Madrid y da servicio a Ciempozuelos, Valdemoro y San Martín de la Vega

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado sobre las propuestas de adjudicación por parte de Canal de Isabel II de tres contratos de la empresa pública relativos a la depuración de aguas residuales, la lectura de contadores y la renovación de la flota de vehículos. El importe total asciende a un total de 35,5 millones de euros.

El de mayor importe es el relativo al mantenimiento y explotación de 23 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) encuadradas en el grupo de depuración de las cuencas del Tajo y el Tajuña, por un importe de 27,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 5 años.

Canal de Isabel II cuenta con 157 depuradoras en la Comunidad de Madrid. La más grande de todas las que son objeto de este contrato es la EDAR de Soto Gutiérrez, capaz de tratar hasta 22.000 metros cúbicos de agua residual al día, y que cuenta con un tratamiento terciario para producir agua regenerada con la que regar zonas verdes y baldear calles. Esta EDAR se encuentra en el municipio de Ciempozuelos, de la que se benefician Valdemoro, Ciempozuelos y San Martín de la Vega, localidades a las que proporciona servicios comunes y de mantenimiento a las otras plantas, así como laboratorio.

La EDAR de Soto Gutiérrez cuenta con una microturbina para producir energía eléctrica renovable durante el proceso de depuración, generando 371 megavatios hora en 2019. En total, las veintitrés depuradoras cuyo mantenimiento y explotación son objeto de este contrato son capaces de depurar las aguas producidas por una población equivalente de más de 480.000 habitantes.

Por otra parte, Canal de Isabel II destinará 4,7 millones de euros al arrendamiento de vehículos, con mantenimiento y seguro, por un periodo de cuatro años y una eventual prórroga de seis meses. Serán suministrados un total de 243 vehículos: 152 turismos ligeros, berlina y furgonetas con etiqueta Cero, de los cuales 141 son 100% eléctricos y 11 híbridos enchufables; 66 turismos ligeros con Etiqueta Eco, de los cuales 12 se alimentarán de Gas Natural Comprimido (GNC) producido por las instalaciones de depuración de Canal de Isabel II gracias a las tres gasineras que la empresa pública ha instalado en las depuradoras de Viveros, La Gavia y Butarque; y otros 25 todoterrenos con etiqueta C.

Estos vehículos se suman a los 69 con etiqueta ambiental cero 100% eléctricos con los que ya cuenta la empresa pública de la Comunidad de Madrid. Además, siguiendo los objetivos que se recogen en la Línea Estratégica 8, que incluye como objetivo fortalecer la seguridad de los profesionales que integran Canal, se han aumentado los elementos de seguridad activa y pasiva en los vehículos de nueva contratación con el fin de prevenir o reducir en lo posible incidentes, lesiones o accidentes que pudieran ocurrir en los desplazamientos diarios de los trabajadores. Cada año, la flota de vehículos de esta compañía realiza más de 10.000.000 de kilómetros de desplazamientos para cumplir con las necesidades de los distintos servicios.

Finalmente, el Consejo ha sido informado de la adjudicación del contrato para la lectura de contadores de agua, por un importe de 2,9 millones de euros y un plazo de un año. Este servicio atenderá a 175 municipios de la Comunidad de Madrid, incluidos la capital y dos municipios limítrofes. Esto supone casi 10,5 millones de lecturas anuales y 1,5 millones de contratos.

Los servicios consisten en la toma de lecturas en los equipos de medida instalados en los suministros gestionados por Canal de Isabel II. Esta actividad incluye la lectura del contador para la facturación por consumo de agua, así como todas aquellas labores asociadas a esta actividad, entre las que se encuentran la ordenación de rutas, la actualización de datos asociados al punto de suministro, la supervisión de campo y las campañas de reducción de anomalía de lectura reiterada

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid celebrado este martes ha autorizado a la AVS a adquirir 129 nuevas viviendas destinadas a la integración social de familias residentes en los núcleos chabolistas de Río Guadarrama-Las Sabinas y Cañada Real Galiana, por un importe de 18.136.451 euros. Esta partida está cofinanciada al 50% a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo en los últimos años importantes actuaciones en materia de realojo e integración social de las personas y familias que viven en entornos chabolistas dentro del marco previsto en los convenios y programas suscritos con los Ayuntamientos, Mancomunidades y otras Administraciones públicas.

Así, se han aprobado hasta la fecha nueve convenios que han posibilitado la compra de vivienda social y, fruto de las distintas licitaciones llevadas a cabo desde el año 2016, se han adquirido hasta la fecha 238 viviendas, encontrándose en fase de licitación el último de los concursos, en el que se prevé que se sumen otros 65 inmuebles más durante este mes de diciembre.

Con esta adquisición, el Ejecutivo regional seguirá avanzando en este proceso de eliminación de núcleos chabolistas, a través de dos importantes operaciones de realojo de la población asentada en La Cañada Real Galiana, en los municipios de Coslada, Rivas Vaciamadrid y Madrid, y de Río Guadarrama-Las Sabinas, en Móstoles y Arroyomolinos.

El problema relativo a la exclusión social es uno de los más graves a los que se enfrenta la Comunidad de Madrid, por lo que los planes de compra para la adquisición de viviendas por parte de la Agencia de la Vivienda Social son un paso fundamental para la integración en nuestra sociedad de las familias que residen en los núcleos chabolistas que persisten todavía en nuestra región.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este martes autorizar un gasto de 19,3 millones de euros para financiar la concesión directa de subvenciones del Programa de Incentivos a la Contratación Indefinida a lo largo de 2021. Esta cantidad asegura la continuidad de estas ayudas, cuyo objetivo es facilitar la incorporación estable de personas desempleadas al mercado de trabajo, especialmente a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, y la conversión de contratos temporales o de formación en indefinidos.

El Gobierno regional ha invertido un total de 20,5 millones de euros en 2020 a estas ayudas. Los 19,3 millones autorizados se inscriben en la Estrategia Madrid por el Empleo y se van a destinar a las dos líneas incluidas en esta medida, de las que se pueden beneficiar los trabajadores autónomos, las empresas y las entidades de carácter privado sin ánimo de lucro.

La primera de estas líneas, que va a contar con un importe máximo de 8,1 millones de euros, concede una ayuda directa de 4.000 euros por cada contratación indefinida inicial a tiempo completo de una persona desempleada que asciende a 5.000 si perdió su empleo de forma involuntaria durante el estado de alarma.

Esa subvención se incrementará hasta los 5.500 euros cuando los contratados sean mayores de 45 años, trabajadores retornados desde el extranjero y personas que lleven un año desempleadas, y llegará a los 7.500 euros para la contratación de mayores de 45 años que lleven un año en paro y personas que lleven dos años sin empleo. Estas cantidades se incrementarán en 2.000 euros cuando se trate de la primera contratación realizada por un trabajador autónomo

La Comunidad de Madrid va a invertir un total de 4.400.000 euros destinados al desarrollo del sector rural madrileño en dos líneas de ayudas con el objetivo de ampliar su rentabilidad y competitividad en el mercado y tratar de paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes, por una parte, un importe de 3.500.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas de 2021 dirigidas a la inversión y mejora de las condiciones de transformación y de comercialización de los productos agrícolas de la región. Por otro lado, se ha dado luz verde a un importe de 900.000 euros para la financiación de ayudas destinadas a la mejora de la calidad sanitaria de las explotaciones ganaderas, a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas.

En el caso de las ayudas a la inversión para la mejora de los productos agrícolas, el Gobierno madrileño pretende continuar con su apuesta por el entorno rural y ha tramitado de forma anticipada la financiación esta convocatoria para permitir a los interesados solicitar la ayuda con la suficiente antelación. Desde 2016, la Comunidad de Madrid ha destinado a estas subvenciones casi 15 millones de euros.

Incluidas dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, cofinanciado por la Comunidad de Madrid y los fondos FEADER, podrán acceder a estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva las microempresas, empresas pequeñas e intermedias del entorno rural de la Comunidad de Madrid, con interés por incrementar el rendimiento y el desarrollo económico de sus negocios, fomentar los productos de calidad de la región, favorecer la innovación, el respeto al medio ambiente, la seguridad laboral y la higiene y el bienestar animal, así como mejorar las ratios de sostenibilidad social, económica y ambiental.

En cuanto al segundo importe, el de 900.000 euros, el Ejecutivo autonómico lo ha destinado a financiar las ayudas dirigidas a las agrupaciones de ganaderos madrileños que se unen para llevar a cabo programas de prevención y de lucha contra las enfermedades animales, además de mejorar las condiciones higiénicas de sus explotaciones y, por tanto, mejorar la sanidad de la cabaña ganadera de la región.

Con ello, además, se garantiza la seguridad alimentaria de los productos cárnicos de la región al consumidor madrileño, se mejoran las condiciones medioambientales de las explotaciones y del entorno, así como la competitividad y la producción de las explotaciones. Por otro lado, se crea y mantiene una estructura sanitaria base adecuada, a la vez que se fomenta el empleo en el sector ganadero. Desde el año 2014 hasta la fecha, el Gobierno regional ha otorgado un total de 4.385.381,16 euros en este tipo de ayudas

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado, en su reunión celebrada este martes, la licitación del acuerdo marco que fijará las condiciones a las que deberán ajustarse los contratos del servicio de acogimiento residencial para adolescentes con medidas de protección. Este acuerdo marco, que sale a concurso por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios y un valor de 20.536.243 euros, sentará las bases para la contratación de hasta 144 plazas en estos recursos durante los dos próximos años.

Este servicio está dirigido a menores y de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años que tienen medidas de protección adoptadas por la Comunidad de Madrid. El acogimiento residencial es la alternativa que se activa cuando no es posible desarrollar los apoyos o actuaciones orientados a mantener a estos adolescentes en su medio familiar de origen, o bien las medidas puestas en marcha para conseguirlo no tienen éxito.

El acogimiento residencial temporal ofrece a estos menores con medidas de guarda o tutela a cargo de la Administración una atención integral que se mantiene mientras la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad -responsable de la aplicación de estas medidas- promueve su integración sociofamiliar.

Entre los criterios de valoración para la adjudicación de este acuerdo marco, además del precio, figuran el desarrollo de acciones formativas adicionales o la realización de programas de atención y orientación psicológica, de apoyo escolar, de adquisición y desarrollo de habilidades sociales y de educación afectivo sexual.

La Comunidad de Madrid ha aprobado este martes la implantación del modelo de hospital digital en el Hospital Clínico San Carlos. Este proceso, cuya inversión asciende a 3.878.655 euros, permitirá la integración de las historias clínicas de los pacientes de este centro sanitario de la red pública regional.

El contrato autorizado por el Consejo de Gobierno tendrá una duración de 24 meses y servirá para que el Hospital Clínico San Carlos renueve sus sistemas de información para adaptarlos a los requerimientos asistenciales necesarios dentro del proceso de transformación digital promovido por la Consejería de Sanidad. Se trata de asegurar la continuidad asistencial, aumentar la seguridad de los pacientes y la calidad de las decisiones clínicas.

La implantación de este modelo de hospital digital permitirá agilizar el trabajo de los equipos, aumentar la rapidez en el acceso a la información clínica desde otros centros de la red regional y, además, mejorar la eficiencia de las unidades asistenciales.

Este proceso se incluye dentro de los planes de modernización y renovación tecnológica fijados por la Dirección General de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios en el Servicio Madrileño de Salud.

Con esta nueva tecnología, el Clínico San Carlos se transformará en un hospital digital en el que toda la información, tanto de carácter clínico como de gestión, se encontrará disponible para su consulta a través de aplicaciones informáticas desde otros centros, reduciendo prácticamente en su totalidad el uso del papel en sus instalaciones.

La Comunidad de Madrid va a destinar más de cuatro millones de euros para modernizar la estación de Metro de Conde de Casal. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la contratación de las obras, que cuentan con plazo aproximado de ejecución de 10 meses. Esta actuación se enmarca en el Plan de Modernización de Metro de Madrid, que contempla la renovación de 33 de las estaciones más antiguas de la red y cuenta con una inversión total de 89 millones de euros.

Las obras que se llevarán a cabo en Conde de Casal tienen como objetivo sustituir los revestimientos, instalaciones y tecnología obsoleta localizados en los andenes y sus accesos por otros materiales y equipamientos más actuales. Esto facilitará las labores de mantenimiento y mejorará la funcionalidad de las instalaciones.

De este modo, está previsto ampliar la red de drenaje y saneamiento de la estación con nuevos sistemas de impermeabilización. También se instalarán nuevas canalizaciones eléctricas y se dotará a estos espacios de nuevo mobiliario. A esto se añade la reforma de paramentos y pavimentos que permitirán a la estación adaptarse a los criterios actuales del resto de las nuevas estaciones. En este sentido, se implantarán medidas complementarias de accesibilidad.

En el contrato se incluye la retirada de materiales con contenido en amianto. Estos trabajos se enmarcan dentro del Plan de Desamiantado del suburbano, en el que el Gobierno regional va a invertir más de 140 millones de euros hasta 2025, con el objetivo de eliminar cualquier rastro de este componente de todas las instalaciones de la red de Metro. Durante este proceso se mantendrá cerrada la estación aproximadamente un mes, por lo que los trabajos se harán en periodo estival, cuando hay un menor número de viajeros.

Esta actuación se suma a los trabajos de modernización que el suburbano ya ha finalizado en las estaciones de Bilbao y Pavones y a los que está ejecutando en Tribunal, Príncipe de Vergara, Ascao, Esperanza, Prosperidad, Alfonso XIII, Arturo Soria y Gran Vía.

El cuerpo de inspectores de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid refuerza durante las fiestas navideñas su actividad para garantizar la seguridad alimentaria de los 10 mataderos de la región. Cada año, los 38 veterinarios oficiales y 10 auxiliares de inspección de Salud Pública inspeccionan 27 millones de animales para prevenir posibles problemas de salud y garantizar que el consumo de los productos en es seguro. Los inspectores de Salud Pública en estas fechas navideñas continúan con esa labor inspectora.

Para garantizar la cobertura de la actividad de inspección postmortem, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado la contratación del servicio de apoyo técnico al control oficial en materia de higiene alimentaria en los mataderos de la región por un importe de 913.646,32 euros y para los años 2021 a 2023.

El control oficial que los inspectores veterinarios llevan a cabo tiene una doble vertiente. Por un lado, realizan la denominada “inspección ante mortem” de todos los animales que van a ser sacrificados. Es decir, el examen individual de cada uno de ellos para comprobar su buen estado de salud, lo que permite detectar cualquier anormalidad que pudiera afectar a la aptitud de las carnes que van al consumidor final.

Además, los veterinarios oficiales controlan otros aspectos, como aquellos relacionados con el bienestar animal, la verificación de las condiciones de higiene de las instalaciones y del personal y la toma de muestras para control de la presencia de residuos.

Durante la pandemia por COVID-19, la Comunidad de Madrid ha mantenido el control veterinario en los mataderos, garantizando la aptitud de las carnes que consumen los ciudadanos. La presencia de estos veterinarios oficiales en los mataderos durante toda la jornada de sacrificio, exigida por la normativa vigente, no se ha interrumpido, ni siquiera en los peores momentos de la crisis sanitaria. A lo largo de todo el Estado de alarma, los técnicos han acudido a realizar la inspección, siempre que los mataderos han sacrificado animales, incluidos domingos y festivos, actividad que se sigue manteniendo en la actualidad.

La actuación de los inspectores ha requerido un gran esfuerzo por la peculiaridad de la operativa en estos establecimientos, donde el trabajo en cadena y las condiciones de humedad y temperatura facilitan el riesgo de contagio.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria, tiene establecidos programas para prevenir y controlar las enfermedades de origen animal transmitidas por los alimentos. Uno de los más importantes es el Programa Oficial de Mataderos, cuyo objetivo principal es garantizar la obtención de carnes en unas condiciones higiénicas y de salubridad, de tal manera que se proteja la salud de los consumidores.

Del mismo modo, los Servicios Veterinarios Oficiales colaboran en el control de la pandemia verificando las medidas adoptadas en los establecimientos ante el COVID-19. Las desviaciones de los requisitos generales aplicables a estos establecimientos se recogen en un acta de inspección que, en su caso, puede dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador.