El Gobierno convierte un edificio destinado a refugiados ucranianos en centro para MENAs

Parece que la polémica del Primo de Rivera está lejos de apagarse, y es que en las últimas horas a las reivindicaciones del Gobierno de Alcalá pidiendo el cierre del CAED se sumaba Pozuelo de Alarcón, que aprobaba, en Pleno la petición al Gobierno de Sánchez del cierre inmediato del nuevo centro para acogida de MENAs que pretenden abrir hoy mismo. Y es que el Gobierno ha decidido convertir un espacio destinado a la acogida de ucranianos en centro dedicado a la acogida de MENAs a pesar de la oposición del Gobierno Local de Pozuelo.

El Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha aprobado una moción presentada por urgencia por el Grupo Municipal Popular en el Gobierno con la que se opone a la intención del Gobierno de España de trasladar menores inmigrantes a Pozuelo. La iniciativa ha salido adelante con los votos de los populares y de uno de los concejales no adscritos. El PSOE y Somos Pozuelo han votado en contra y la integrante del Grupo Vox se ha ausentado en la votación.

La alcaldesa, Paloma Tejero, en declaraciones realizadas antes de la sesión plenaria ha insistido en responsabilizar al Ejecutivo nacional de “una decisión temeraria fruto de una política migratoria que alimenta el efecto llamada”. En este sentido, la regidora ha asegurado que el Gobierno municipal sigue sin recibir la información oficial exigida tanto a los ministerios de Infancia y Migraciones como a la Delegación de Gobierno y recuerda que el traslado de menores exige la aceptación expresa de la comunidad receptora.

“Este anuncio, conocido exclusivamente por los medios de comunicación, ha generado una enorme inquietud y una alarma social entre los vecinos que compartimos; por eso, exigimos al Gobierno de España información y lealtad institucional, además de la paralización de cualquier traslado de menores inmigrantes no acompañados al centro de refugiados ubicado en nuestra ciudad”, ha aseverado.

La alcaldesa, que ha recordado que el centro se habilitó inicialmente como un recurso temporal de emergencia para atender a refugiados ucranianos, asegura que la instalación se encuentra a más del 80% de su capacidad y que no reúne las condiciones de protección que necesitan los menores. No podemos permitir que se intente trasladar, de noche y sin avisar, a un solo menor a un recurso que no reúne las medidas necesarias y donde no hay espacio”, ha insistido Tejero.

“La primer edil, que ha acusado al Gobierno de querer romper la convivencia y tensionar los servicios en uno de los municipios más tranquilos y con los índices de seguridad más altos de la Comunidad de Madrid, ha reclamado de nuevo explicaciones acerca de qué pretenden hacer con los cientos de ucranianos refugiados de la guerra que están en el centro actualmente, muchos de ellos escolarizados en el colegio de enfrente.

La regidora ha insistido en que desde este Ayuntamiento creemos en una solidaridad real, justa y sostenible. “Pozuelo es solidario y acogedor, lo ha demostrado siempre. Pero esto es un atropello fruto de una política migratoria nefasta”.

En este sentido, Tejero ha vuelto a exigir al Gobierno “que ponga fin a este caos y que se siente de una vez  a dialogar con las Comunidades Autónomas, pactando emplazamientos y distribuciones adecuadas porque lo que parece es que quieren abandonar a estos menores a su suerte, dejando la responsabilidad en unos municipios que, curiosamente, siempre están en Madrid”, concluyó.

El Gobierno de Canarias ha anunciado que, a partir de este miércoles, comenzará el traslado de los primeros 100 menores inmigrantes solicitantes de asilo a su red de protección internacional. Esta medida se implementa en cumplimiento de las instrucciones del Tribunal Supremo sobre la protección de menores que solicitan asilo.

La directora general de Protección de la Infancia del Ejecutivo canario, Sandra Rodríguez, hizo pública esta decisión tras una reunión semanal entre los gobiernos de Canarias y el central. En esta reunión, se abordaron las directrices del Tribunal Supremo que exigen una atención adecuada para los menores inmigrantes.

El centro de acogida Canarias 50, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido utilizado hasta ahora para adultos y familias con niños, pero se convertirá en un recurso de "tránsito" para los menores que llegan. La intención es que estos menores sean trasladados a recursos humanitarios en la península en un plazo de 15 días.

Los 100 menores serán trasladados en dos grupos: la mitad el miércoles y el resto el viernes. Estos menores provienen de diferentes centros de la comunidad y serán evaluados en el Canarias 50 para determinar sus circunstancias personales y buscarles un lugar en la red de acogida estatal en la península.

Sandra Rodríguez ha confirmado que el Gobierno tiene planes de habilitar 400 plazas para menores solicitantes de asilo en Pozuelo de Alarcón, Madrid, además de 350 plazas adicionales en la península. Se ha solicitado que en la próxima reunión se especifique cuándo estarán disponibles estas plazas y su ubicación.

El Tribunal Supremo ha emitido dos autos en los últimos dos meses, ordenando al Estado asumir la acogida de aproximadamente 1,200 menores inmigrantes solicitantes de asilo en Canarias. Este proceso debe ser coordinado con la comunidad autónoma.

El Gobierno de Canarias ha expresado su intención de solicitar un aval expreso del Supremo para el traslado de los menores a recursos en la península, ya que la Comunidad de Madrid ha cuestionado la capacidad legal del Gobierno canario para llevar a cabo estos traslados sin su consentimiento. Además, el Ejecutivo canario había amenazado con presentar una queja ante el Tribunal Supremo debido a la falta de avances en el proceso, considerando que ya habían pasado 116 días desde la primera orden judicial.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido trasladar a 400 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias al municipio de Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid. Esta medida ha generado reacciones de sorpresa y preocupación tanto en el Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, como en el Ayuntamiento de Pozuelo, dirigido por la popular Paloma Tejero.

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha calificado el traslado como "temerario" y ha exigido explicaciones al Gobierno central. Además, ha solicitado una reunión urgente para obtener detalles sobre el "plan de acogida" que se pretende implementar. Hasta el momento, la única información disponible es que los menores serían alojados en el Centro de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (CREADE), ubicado en el Paseo de la Casa de Campo 1.

El terreno donde se ubica el CREADE fue adquirido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2001 con la intención de construir un centro permanente de formación para funcionarios. Este proyecto, que tardó doce años en completarse, costó más de 86 millones de euros. El complejo comenzó a operar en 2013, pero su actividad se detuvo en 2019 debido a razones económicas.

Un informe del Tribunal de Cuentas de 2022 reveló que la ocupación del centro era baja, con un promedio de 65 cursos anuales y 1.700 alumnos desde su apertura, lo que se traduce en una media de 36 personas por semana. Además, el informe destacó que los costos de mantenimiento eran elevados, lo que llevó a la decisión de reducir su actividad y considerar su venta. Sin embargo, la subasta pública en 2019 fue declarada desierta, y el centro fue habilitado en 2022 para acoger a refugiados ucranianos.

El CREADE de Pozuelo de Alarcón cuenta con una superficie de 24.773,52 metros cuadrados y está compuesto por tres edificios: uno destinado a la administración y otros dos que albergan aulas de formación, salas de juntas, un salón de actos, una biblioteca y un auditorio. También incluye una zona residencial con un hotel que tiene 124 habitaciones y 27 suites, así como una cafetería, restaurante, gimnasio y piscina climatizada.

El Gobierno central estableció los CREADE en Madrid, Barcelona y Alicante para cumplir con tres funciones principales:

Recepción y Asistencia Inicial: Proporcionar alojamiento y asistencia a los desplazados.

Gestión de Protección Temporal: Facilitar la obtención de permisos de residencia y trabajo en menos de 24 horas, así como acceso inmediato a servicios sociales.

Derivación a Espacios de Acogida: Redirigir a los solicitantes a otros espacios de la red de acogida.

Inicialmente, estos centros estaban destinados exclusivamente a personas desplazadas de Ucrania tras el conflicto que comenzó el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, con el tiempo, el Gobierno ha comenzado a utilizar estas instalaciones también para alojar a inmigrantes provenientes de Canarias.

Hasta octubre de 2023, el CREADE de Pozuelo albergaba a 150 inmigrantes, aunque el Ayuntamiento de Pozuelo ha denunciado la falta de información sobre las personas que se encuentran en el centro. Ante la reciente decisión de trasladar a 400 menores inmigrantes no acompañados, el Consistorio ha pedido que se paralicen los traslados hasta que se garantice una acogida digna y planificada, respaldada institucionalmente.

Y volviendo a Alcalá, la alcaldesa participaba en "Espejo Público", donde le preguntaban, entre otras cosas, por la situación de Pozuelo. Judith Piquet destacó que la situación de convivencia en Alcalá de Henares ha sido problemática durante más de 20 meses, periodo en el cual más de 10,000 inmigrantes han pasado por el centro. Este flujo ha estado acompañado de incidentes graves, como un caso de agresión sexual ocurrido el 28 de junio, donde un hombre alojado en el centro fue detenido.

La alcaldesa criticó la falta de transparencia del Gobierno, señalando que muchos de los altercados no han sido informados adecuadamente por el delegado del Gobierno. Esta falta de información ha contribuido a la preocupación y el miedo de los vecinos de Alcalá.

La presentadora del programa, Lorena García, preguntó a Piquet sobre la posibilidad de una colaboración con el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que también ha solicitado el cierre de su centro de menores no acompañados. Sin embargo, Piquet aclaró que las situaciones no son comparables. Según ella, mientras que a los menores se les ofrece formación y un futuro, los adultos que llegan al centro carecen de un plan de integración y son trasladados sin ningún tipo de apoyo.

Piquet criticó la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, describiéndola como un "caos". La alcaldesa subrayó que el cierre del centro es necesario para restaurar una "convivencia tranquila" y que el Gobierno debe asumir la responsabilidad de gestionar adecuadamente la inmigración en lugar de trasladar el problema a los municipios.

Piquet mencionó que la comunidad está preocupada por la falta de seguridad y el desconocimiento sobre quiénes están llegando a la ciudad. Aunque reconoció que muchos inmigrantes llegan con la intención de trabajar, también expresó su preocupación por aquellos que pueden estar involucrados en actividades delictivas.

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, criticó las declaraciones de Piquet, argumentando que la responsabilidad de la llegada de inmigrantes recae en las instituciones y que la sociedad debe ser más inclusiva. Díaz resaltó que la aceptación de inmigrantes es un tema complejo y que no se debe rechazar a quienes buscan una oportunidad.

En respuesta a las críticas, Piquet defendió a su partido, el Partido Popular, argumentando que el clasismo que se le atribuye es más característico del Partido Socialista. Además, Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad y Educación del PP, también expresó su preocupación por la situación en el Mar Mediterráneo, indicando que es un problema que afecta a todos.