Según afirman, hay "graves sospechas de prácticas corruptas" tras el estallido del caso Forestalia

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central la realización de una auditoría independiente sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas a proyectos de macroplantas fotovoltaicas en la región. Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en una carta remitida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que ha expresado la "creciente preocupación del Ejecutivo autonómico ante las graves sospechas de prácticas corruptas en la concesión de estas declaraciones de impacto que estamos conociendo en las últimas fechas".

El objetivo, tal y como ha indicado Novillo, es que se verifique que estas DIA, cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado, se han tramitado con el rigor técnico exigible. En la región se han aprobado un total de 53 macroplantas, que suponen 10.490 hectáreas. La misiva subraya el compromiso de la Comunidad de Madrid con la transición energética, pero advierte de que "debe realizarse con criterios de equilibrio, rigor y adecuada ordenación del territorio". En este contexto, el consejero insiste en que el despliegue de las energías renovables debe ser compatible con la protección del medio ambiente y de sectores estratégicos, como la agricultura.

El escrito también pone de manifiesto que, en la tramitación de estos proyectos, se habría alterado el orden lógico del procedimiento, al haberse emitido las DIA con anterioridad a la planificación estratégica del territorio. Para Novillo, "resulta imprescindible corregir este modelo para evitar una ocupación desordenada del suelo". Además, advierte de los posibles efectos sobre suelos de alto valor productivo, especialmente el olivar y viñedo, cuya conservación resulta clave desde el punto de vista económico, ambiental y cultural. De igual modo, alerta de que algunas de las DIA ya concedidas podrían presentar deficiencias relevantes en su tramitación, según informaciones recientes, lo que podría comprometer tanto la protección del entorno como la seguridad jurídica de las inversiones.

Entre las medidas planteadas, el Gobierno regional reclama que las comunidades autónomas dispongan de un informe territorial vinculante en los proyectos cuya evaluación ambiental corresponde al Estado, especialmente en lo relativo a la protección del suelo agrario y la compatibilidad urbanística. Además, propone revisar el actual marco competencial para que las autonomías puedan asumir la autorización y evaluación ambiental de todas las instalaciones fotovoltaicas, incluidas las de más de 50 megavatios —macroplantas de más de 100 hectáreas y, por lo tanto, las que más afecciones territoriales, medioambientales y paisajísticas tienen en regiones de pequeña extensión como la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha recordado que ha activado un Plan de Protección del Paisaje, que delimita los espacios para instalar plantas fotovoltaicas, limitándolos a un 4% de la superficie autonómica, para proteger la agricultura y el entorno natural de los municipios. La prioridad del Ejecutivo autonómico es aprovechar para estas instalaciones infraestructuras existentes, como cubiertas y zonas de baja productividad agrícola y ambiental, habiendo conseguido pasar de 370 instalaciones en 2018 a más de 100.000 en 2025. Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid busca reforzar la transparencia en la tramitación de proyectos renovables y garantizar que el despliegue de energías limpias sea compatible con la protección del territorio y los sectores productivos.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha censurado este lunes las "acusaciones muy graves" realizadas por la Comunidad de Madrid en relación con la expansión de la energía fotovoltaica en la región, y ha instado al Ejecutivo regional a acudir a los tribunales "si está tan claro" que ha habido irregularidades en la concesión de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de las macroplantas.

Las críticas han llegado después de que el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, remitiera una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que advertía de la "creciente preocupación" del Ejecutivo autonómico ante "las graves sospechas de prácticas corruptas" en la concesión de estas autorizaciones, cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado. Novillo solicitaba una auditoría independiente que verifique que las 53 macroplantas autorizadas en la región —que afectan a casi 10.500 hectáreas— se han tramitado con el "rigor técnico exigible".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea, Mar Espinar ha reivindicado que España es "líder en energías renovables" y que estas fuentes son "el camino y el futuro", como a su juicio ha demostrado la guerra de Irán. "El señor Novillo está haciendo acusaciones muy graves y, desde luego, desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que le invitamos es a recurrir a la vía judicial, si tan claro lo tiene, como lo hemos hecho nosotros con los pagos injustificados que este Gobierno está haciendo a Quirón o con ese agujero negro en el que se van miles de millones de euros de los madrileños, que es Madrid Network", ha planteado Espinar.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha exigido a la Comunidad que "contribuya a la transición energética instalando renovables" en el territorio madrileño, acompasadas con la generación de desarrollo local y bienestar para la gente que vive cerca de esos parques solares. "Instalar energía renovable en Madrid quiere decir energía más barata y mayor competitividad económica y vamos tarde pero esperamos que se avance y que se avance de manera justa beneficiando a todo el mundo", ha planteado la líder parlamentaria de la formación regionalista.

El portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que hay "más de 50 proyectos" aprobados en el territorio de la Comunidad de Madrid con "fundadas sospechas de corrupción" y que por ello se reclama esta auditoría para "ver si ha habido un problema y que se corrija". Además, ha señalado que el despliegue de la energía fotovoltaica tiene que hacerse de forma "ordenada" y que esta actividad debe ser "compatible con el resto de los usos del suelo", como la agricultura o el urbanismo.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha centrado sus críticas en el PP, a quien ha acusado de priorizar en los municipios donde gobierna la construcción de plantas fotovoltaicas en vez de la liberalización de suelo para la construcción de vivienda.

Con esta nueva polémica, el debate sobre la transición energética y la gestión de los proyectos renovables se traslada al plano político, con acusaciones cruzadas entre los partidos y una petición de auditoría que, según el PSOE, debería resolverse en los tribunales si existen indicios reales de corrupción.

La petición de la Comunidad se produce tras el estallido del llamado "Caso Forestalia". Forestalia es una empresa aragonesa promotora de energías renovables que ha sido señalada por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a la concesión de licencias para macroplantas fotovoltaicas. Según diversas informaciones judiciales, la compañía habría obtenido de forma irregular autorizaciones para grandes parques solares en distintas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, mediante presuntos pagos ilegales a altos cargos del Ministerio para la Transición Ecológica.

La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional, apunta a que altos funcionarios del departamento que entonces dirigía Teresa Ribera (hoy vicepresidenta tercera del Gobierno) habrían recibido sobornos a cambio de agilizar o favorecer la concesión de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) favorables a Forestalia, saltándose los controles técnicos y ambientales preceptivos.

El caso ha salpicado directamente a la Comunidad de Madrid, donde se han autorizado 53 macroplantas promovidas por Forestalia que afectan a más de 10.000 hectáreas de suelo, muchas de ellas en zonas de alto valor agrícola o paisajístico. La oposición (PSOE y Más Madrid) ha denunciado en la Asamblea regional que el Gobierno de Ayuso conocía estas irregularidades y no actuó, mientras que el Ejecutivo autonómico sostiene que la competencia para autorizar estas plantas es estatal y que ellos solo se limitaron a informar sin capacidad de veto.

La petición de auditoría independiente que hoy lanza la Comunidad de Madrid se enmarca en este contexto: busca desvincularse de las sospechas de corrupción y exigir al Gobierno central que aclare si las DIA se concedieron con rigor técnico o si, por el contrario, hubo prácticas corruptas que ahora deben ser investigadas.