Un interno dio un puñetazo en la cara al trabajador

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva agresión a funcionarios de prisiones en el Centro Penitenciario Madrid V de Soto del Real, un episodio que, según el sindicato, "vuelve a evidenciar el grave problema de la violencia estructural" que sufren estos empleados públicos en su trabajo diario.

Los hechos ocurrieron en los últimos días, cuando un interno protagonizó un episodio violento en el que un funcionario recibió un puñetazo en la cara. Otro trabajador sufrió una torcedura de muñeca mientras trataba de reducir al agresor y restablecer la normalidad en el módulo, según ha informado CSIF en un comunicado.

El sindicato recalca que este no se trata de un caso aislado, sino que viene a evidenciar la situación por la que atraviesa el centro penitenciario, que ya el año pasado fue la prisión de la Comunidad de Madrid donde más agresiones a trabajadores se registraron.

Según datos oficiales compartidos por CSIF, en 2025 se produjeron un total de 70 agresiones a funcionarios de prisiones en el sistema penitenciario de la Comunidad de Madrid. De ellas, 25 ocurrieron en la cárcel de Soto del Real, lo que supone más de un tercio del total. Le siguen Estremera con 16 agresiones, y Valdemoro y Aranjuez con diez cada uno.

La cifra general es casi idéntica a las 73 agresiones registradas en 2024, lo que, a juicio de CSIF, convierte la violencia contra trabajadores de prisiones en "un problema estructural" que no se resuelve con medidas puntuales.

Desde el sindicato consideran que esta situación responde a varias causas: la falta de efectivos en los centros penitenciarios, la insuficiencia de material para garantizar la seguridad de los trabajadores, y el aumento de internos conflictivos y con patologías mentales que requieren una atención especializada que los centros no pueden ofrecer con los recursos actuales.

Por ello, CSIF exige al Ministerio del Interior que adopte de forma urgente una serie de medidas para frenar esta sangría de agresiones. Entre ellas, el refuerzo de las plantillas, el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad —una reivindicación histórica del colectivo—, la ampliación de medios materiales y tecnológicos, la mejora de la sanidad penitenciaria para atender a internos con trastornos mentales, y la aplicación efectiva de la normativa para garantizar el orden en los centros.

El sindicato advierte de que si no se toman medidas estructurales, la violencia contra los funcionarios de prisiones seguirá aumentando, poniendo en riesgo no solo la integridad física de los trabajadores, sino también la seguridad y el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios de la región.