13
Nov
2026
El Tribunal de Cuentas investigará el ático de Chamberí Imprimir
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La consejera de Cuentas eleva las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento

El Tribunal de Cuentas ha ordenado investigar la compra por 6,3 millones de euros de un ático en la calle General Martínez Campos de Madrid por parte de la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid, al apreciar indicios de un posible menoscabo de fondos públicos. En una resolución, la consejera de Cuentas acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga el nombramiento de un delegado instructor que investigue las presuntas irregularidades y determine si pueden derivar en responsabilidad contable.

El auto sostiene que "los actores públicos y denunciantes han aportado elementos indiciarios suficientes para poder considerar que la adquisición del inmueble cuestionado en esta acción pública pudiera en su caso haber ocasionado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid". La consejera considera que los hechos denunciados no permiten descartar la existencia de un posible alcance contable, por lo que rechaza el archivo solicitado por la Comunidad de Madrid y por la propia empresa pública Planifica.

La operación se remonta al 14 de abril, cuando Planifica formalizó la adquisición de un ático de uso residencial situado en la última planta del número 35 de la calle General Martínez Campos por 6,3 millones de euros. La vivienda tiene una superficie aproximada de 485 metros cuadrados, de los que unos 199 corresponden a la terraza. Las denuncias sostienen que la compra se realizó sin una justificación previa suficiente, sin un expediente de necesidad anterior a la operación y sin acreditar adecuadamente su vinculación con los fines públicos de la sociedad.

El auto recoge que la operación se llevó a cabo sin que constase inicialmente un encargo formal de la Comunidad de Madrid ni una memoria justificativa previa que acreditase la necesidad de adquirir ese inmueble. La memoria que posteriormente alegó la Administración regional para justificar su destino institucional fue elaborada el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de formalizarse la compraventa. El inmueble iba a destinarse, según esa justificación posterior, a uso institucional, con espacios de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades, una finalidad que el Tribunal cuestiona que encaje con el objeto social de Planifica.

Además, el contrato de arrendamiento suscrito entre Planifica y la Comunidad de Madrid el 28 de julio de 2026 fue resuelto de mutuo acuerdo el 15 de septiembre, después de que la Administración comunicase que había desaparecido la necesidad que justificaba el alquiler. El inmueble no llegó a ser utilizado por la Comunidad y se acordó posteriormente su puesta a la venta.

Otro de los aspectos que deberá esclarecer la investigación es el posible sobreprecio. La primera tasación encargada a Gesvalt, fechada el 13 de febrero de 2026, valoró el ático en 6.242.884,19 euros, frente a los 6,3 millones abonados. Las denuncias apuntan a otros posibles costes asociados y cifran el eventual perjuicio económico en al menos 437.058 euros. La Comunidad y Planifica defendieron que no existió sobreprecio y aportaron una segunda tasación de Gesvalt, del 15 de octubre, que elevó el valor a 6.320.341,26 euros al incorporar al cálculo parte de la terraza cerrada.

El Tribunal señala además que la primera licitación quedó desierta por falta de ofertas y que el inmueble continúa sin encontrar comprador, una circunstancia que podría indicar que el mercado no ha asumido el precio establecido. La resolución también recoge denuncias sobre posibles irregularidades urbanísticas en el cerramiento de parte de la terraza, realizado entre 2007 y 2010, que según un informe arquitectónico podría no contar con las autorizaciones necesarias y afectar a la superficie interior legalmente utilizable y al valor real del inmueble.

El Ministerio Fiscal se pronunció a favor de continuar las actuaciones y solicitó en dos ocasiones el nombramiento de un delegado instructor, al considerar que las alegaciones y la documentación aportadas por la Comunidad y Planifica no desvirtuaban, por el momento, las irregularidades denunciadas. El letrado Javier Flores ha señalado a Europa Press que "la Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles" y ha advertido de que "si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños".

La Comunidad de Madrid ha insistido este viernes en que "no hay nada ilegal" en la compra del ático de General Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, y ha aludido a que el PSOE está "en campaña electoral". Lo han trasladado fuentes del Gobierno regional después de que el Tribunal de Cuentas haya ordenado investigar la compra por 6,3 millones de euros de una vivienda por parte de la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad, al apreciar indicios de un posible menoscabo de fondos públicos.

En una resolución, la consejera de Cuentas acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga el nombramiento de un delegado instructor que investigue las presuntas irregularidades denunciadas y determine si pueden derivar en responsabilidad contable. Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que esto es "un simple titular", ya que Planifica Madrid se dedica "a comprar oficinas", y han relacionado el asunto con la campaña electoral. "Al PSOE le quedan diez días de campaña electoral para investigar lo que quieran: no hay nada ilegal", han apostillado.

Fuentes del Gobierno regional han añadido que recurrirán la decisión de nombrar un delegado instructor y, en contraposición con el Gobierno de la nación, han subrayado que no han "comprado pulseras antimaltrato bajo real sospecha de corrupción". La operación investigada se remonta al 14 de abril, cuando Planifica formalizó la adquisición de un ático de uso residencial en la última planta del número 35 de la calle General Martínez Campos por 6,3 millones de euros, con una superficie aproximada de 485 metros cuadrados, de los que unos 199 corresponden a la terraza. Las denuncias sostienen que la compra se realizó sin justificación previa suficiente y sin acreditar su vinculación con los fines públicos de la sociedad.

Más Madrid espera que la Justicia aclare quién ordenó comprar el ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones por parte de la Comunidad de Madrid y ha afirmado que "la lógica" apunta a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Lo ha trasladado su portavoz, Manuela Bergerot, después de que el Tribunal de Cuentas haya ordenado investigar esta compra al detectar indicios de perjuicio de fondos públicos. La operación se remonta al 14 de abril, cuando Planifica formalizó la adquisición de un ático de uso residencial en la última planta del número 35 de la calle General Martínez Campos por 6,3 millones de euros.

Las denuncias sostienen que la compra se realizó sin una justificación previa suficiente, sin expediente de necesidad anterior y sin acreditar adecuadamente su vinculación con los fines públicos de la sociedad. También cuestionan que el inmueble se adquiriera por un precio superior a su valor de mercado y que reuniese las condiciones necesarias para el uso administrativo o institucional que posteriormente se alegó. Para Más Madrid, la decisión del Tribunal recalca que "gastar más de 6 millones de euros en comprar un ático de lujo en frente de la casa de la madre de la presidenta nunca fue un uso lícito del dinero público".

"Nos alegramos de que la justicia vea indicios de delito en este escándalo y vamos a estar vigilantes para que haga su trabajo, investigue hasta el final y establezca responsabilidades", ha celebrado la formación. Por último, ha censurado que Ayuso se haya "negado a dar la cara" por esta operación inmobiliaria y ha rematado afirmando que la compra "del aticazo" es un "uso partidista de las instituciones y muy probablemente un delito"