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La decisión evita la suspensión automática del proceso
El Tribunal Supremo ha decidido no elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno, y ha vuelto a descartar paralizarla, basándose en la consideración de que, tras acordar la no suspensión de la medida, no es pertinente plantear dicha cuestión en este momento procesal. El real decreto en cuestión establece un proceso de regularización para la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España, y los magistrados del Tribunal Supremo han señalado que el régimen podría suscitar dudas sobre su posible colisión con las normas que implementan el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (PMAUE), aprobado en 2024. La decisión del Supremo llega tras la presentación de recursos por parte de la Comunidad Valenciana, Aragón, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid, que habían solicitado la suspensión cautelar de la regularización.
El Tribunal Supremo ya había acordado en mayo que no se frenaría el proceso de regularización, y con esta nueva decisión, el alto tribunal reafirma su postura de no paralizar la medida mientras se sustancia el recurso. La decisión del Supremo de no elevar la cuestión prejudicial al TJUE y de rechazar la paralización de la regularización extraordinaria de migrantes refleja la postura del alto tribunal ante un tema complejo y controvertido, y las implicaciones legales y políticas de la regularización seguirán siendo objeto de debate. La Abogacía del Estado había solicitado que no se planteara la cuestión prejudicial, y el Supremo ha hecho eco de esta solicitud en su decisión.
La regularización extraordinaria de migrantes es un tema de gran relevancia política y social en España, y la decisión del Tribunal Supremo ha sido recibida con reacciones diversas. El Gobierno ha defendido la regularización como una medida necesaria para regularizar la situación de miles de migrantes que viven en España, mientras que la oposición ha criticado la medida por considerar que puede generar un efecto llamada. El Tribunal Supremo ha señalado que el régimen de regularización podría suscitar dudas sobre su posible colisión con la normativa europea, pero ha optado por no elevar la cuestión al TJUE en este momento. |