03
Nov
2026
Óscar Puente dimite como ministro en la Diputación Permanente Imprimir
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La Policía desaloja Sol en la jornada en que el BOE proclama las candidaturas

El hasta ahora ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presentado su dimisión y ha renunciado a formar parte de las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo ha hecho por sorpresa, en los últimos momentos de su intervención en la Diputación Permanente del Congreso, cuando la sesión estaba a punto de concluir y ya no había opción de réplica por parte de los grupos parlamentarios.

"Un ministro de Transportes de un país como España no puede seguir después de dos accidentes en menos de un año", ha declarado Puente, que ha asumido la responsabilidad política por las tragedias de Adamuz (Córdoba), en enero, con 46 muertos, y Urda (Toledo), el pasado 28 de octubre, con 69 fallecidos. "La decisión sobre mi futuro la tomé en los primeros momentos después de la tragedia. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", ha añadido.

El ya exministro ha querido hacer suya la frase del político portugués Jorge Coelho, que dimitió tras el derrumbe de un puente en el que murieron 59 personas: "La culpa no puede morir soltera". Puente ha asegurado que su decisión es "una decisión de dignidad política y como tal hay que verla, es buena para la democracia". Además, ha querido mandar un mensaje a los votantes de izquierdas de cara al 29N: "No es cierto que todos los políticos seamos iguales. El pueblo solo salva al pueblo en las urnas".

La salida de Puente se produce después de una jornada de máxima tensión en el Congreso, en la que la oposición en bloque (PP y Vox) y varios de los socios de investidura del Gobierno (Sumar, ERC y Podemos) le exigieron la dimisión. El mismo día en que Pedro Sánchez había refrendado su confianza en él, Puente ha optado por dimitir. Lo hace, además, sin haber aclarado todavía qué provocó la desincronización de los ordenadores de la central de Urda que tumbó el sistema LZB, una información que corresponde a Hitachi Rail y que está bajo secreto de sumario. Su última medida al frente del Ministerio fue el anuncio de un plan extraordinario con ocho medidas para mejorar la seguridad ferroviaria, entre ellas un software de gestión con IA y nuevos protocolos de control.

La dimisión de Puente abre un nuevo frente para el Gobierno en plena recta final hacia el 29N. Sánchez pierde a uno de sus ministros más combativos y a un candidato en las listas por Valladolid, y deberá afrontar el relevo en Transportes mientras la investigación del accidente sigue abierta. La oposición, que había centrado gran parte de sus ataques en la figura de Puente, tendrá que buscar un nuevo foco para desgastar al Ejecutivo en la campaña.

La comparecencia de Óscar Puente en la Diputación Permanente del Congreso se ha convertido en el juicio político que el ministro de Transportes lleva esquivando desde el accidente de Urda. Durante más de dos horas, el titular del ramo ha escuchado de todo: desde exigencias de dimisión de sus propios socios parlamentarios hasta acusaciones directas de las bancadas del PP y Vox, que han calificado su gestión de "nauseabunda" y le han preguntado si puede conciliar el sueño con "116 muertes a sus espaldas", sumando las víctimas de Adamuz y Urda.

La portavoz del PP, **Ester Muñoz**, ha arremetido contra el ministro acusándole de confundir "cínicamente la sobreexposición pública con la asunción de responsabilidades". "Todo lo que ha podido fallar, ha fallado. No es un fallo puntual, es sistémico. Y no es una casualidad, es una causalidad de todas sus decisiones, sus acciones y sus omisiones", ha enfatizado. Además, ha reprochado que el Ministerio haya situado "la seguridad por detrás de sus intereses, elevando la velocidad a 350 kilómetros para hacerse un vídeo regalándole un pin a sus compañeros".

Desde **Vox**, su portavoz **Pepa Rodríguez de Millán** ha sido aún más dura: "En el amasijo calcinado del terraplén de Urda se concentra toda la degradación a la que este Gobierno nos ha llevado". Tras acusar a Puente de actuar como un "títere" al servicio de Sánchez para "salvar la campaña electoral", los diputados de la formación han abandonado el hemiciclo.

Lo más significativo de la sesión ha sido comprobar cómo los socios del Gobierno se han sumado al cerco. La portavoz de Sumar, **Verónica Martínez Barbero**, ha pedido la dimisión de Puente "con respeto", reconociendo su trayectoria y señalando que asumir esa responsabilidad sería "un último servicio valioso desde su ministerio". El portavoz de ERC, **Gabriel Rufián**, ha señalado que "alguien se tiene que hacer cargo" del desastre, y ha remarcado que "su continuidad o no es una distracción; lo importante es si el sistema ferroviario español es sostenible, segura y eficiente", a lo que ha respondido con un "no" inequívoco. Rufián ha arremetido contra "la liberalización salvaje" del PSOE y ha recordado que "para vergüenza de la izquierda cayeron en lo mismo que el PP en Angrois, amargarle la vida al maquinista". La secretaria general de Podemos, **Ione Belarra**, ha considerado que "el verdadero error humano" reside en la liberalización e instó a la renacionalización del sistema.

En representación del Grupo Socialista, el portavoz **Patxi López** ha salido en defensa del ministro: "El ministro debe dimitir por estar donde tenía que estar, por dar la cara y no hacer como hicieron otros un ejercicio de escapismo". López ha argumentado que "señalar al ministro y pedir su dimisión ni esclarece el accidente ni protege al siguiente viajero" y ha recalcado que "la responsabilidad del ministro no es quitarse de en medio, es explicar lo sucedido y asegurar la implantación de medidas concretas".

La carrera electoral hacia el 29N ya tiene a todos sus corredores en la línea de salida. Las Juntas Electorales Provinciales han publicado este martes la proclamación definitiva de candidaturas para el Congreso y el Senado, y lo han hecho confirmando que **todas las formaciones que presentaron sus listas han superado el corte**. No ha habido sorpresas de última hora, ni partidos excluidos por falta de avales, ni candidatos apeados por defectos de forma. El mapa electoral queda, por tanto, definitivamente cerrado.

La decisión de las Juntas valida la fotografía que ya se desprendía de la publicación en el BOE del pasado 28 de octubre. Los grandes bloques concurrirán con sus cabezas de cartel ya conocidos: Pedro Sánchez por el PSOE (con Margarita Robles, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska en los primeros puestos), Alberto Núñez Feijóo por el PP (con Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper) y Santiago Abascal por Vox.

La principal novedad de esta proclamación es la confirmación oficial de la fragmentación del voto. En el espacio de la derecha, el PP y Vox concurrirán por separado al Congreso, con la particularidad de que la formación de Abascal no se presentará en varias provincias al Senado para no perjudicar a los populares. En el espacio de la izquierda, la ruptura es total: Frente Amplio (con Emilio Delgado y Tesh Sidi en Madrid) y Podemos (con Irene Montero) competirán por separado, después de que sus negociaciones para concurrir en coalición fracasaran.

Junto a ellos, la papeleta del 29N incluirá a las formaciones que han capitalizado el descontento en las encuestas: **Democracia21** (con Miriam González a la cabeza), **Se Acabó La Fiesta** (con Alvise Pérez) e **Iustitia Europa** (con Luis María Pardo). También estarán PACMA y otras formaciones de ámbito local.

En la circunscripción de Madrid, la proclamación confirma la presencia de los cuadros municipales de la zona este que ya adelantamos: el exalcalde de Paracuellos, Jorge Campos (D21); la alcaldesa de Sanse, Lucía Fernández (PP); el exalcalde de Torrejón, Carlos Novillo (PP); el alcalde de Coslada, Ángel Viveros (PSOE); y la portavoz de Más Madrid en Coslada, Mari Paz Garretas (Frente Amplio).

Con las candidaturas proclamadas, el siguiente hito será la campaña electoral oficial, que arrancará el próximo 13 de noviembre. Hasta entonces, los partidos seguirán en una precampaña marcada por la resaca del accidente de Urda, el desalojo de la Puerta del Sol y la publicación de las encuestas, que siguen dibujando un escenario de mayoría absoluta para el PP y Vox.

La Puerta del Sol de Madrid ha amanecido este martes sin las tiendas de campaña que la ocupaban desde finales de septiembre. La Policía Nacional, en coordinación con la Policía Municipal, ha desalojado la acampada en una operación que se ha saldado con **334 personas desalojadas y dos detenidos**, según los datos facilitados por las autoridades. El operativo, que se ha prolongado durante la madrugada, ha dejado un balance de **36 toneladas de escombros** retirados, así como la incautación de cuchillos y bolsas de adoquines, según fuentes policiales.

La Delegación del Gobierno ha defendido la intervención como una medida de "último recurso" adoptada tras un "proceso de actuación gradual". Según su versión, la protesta perdió su carácter reivindicativo inicial cuando las principales organizaciones se retiraron, y las pernoctaciones correspondían ya a "personas sin hogar" y "colectivos vulnerables". A ello se sumaron "diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes" que generaron un "peligro concreto para personas y bienes".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado en **"más de 30 millones de euros"** las pérdidas del comercio de la zona por los 38 días de ocupación, y ha calificado la situación como "una nueva factura del sanchismo en Madrid". Los empresarios madrileños han aplaudido el levantamiento de la acampada, asegurando que estaba afectando "gravemente" a la imagen de la ciudad. Los sindicatos policiales, por su parte, han celebrado el desalojo, aunque han denunciado que "llega tarde".

La Comunidad de Madrid ha anunciado que **reforzará la querella contra el exdelegado Francisco Martín**, incorporando una valoración económica del perjuicio causado por la acampada, y el Ayuntamiento ha confirmado que mantiene su intención de querellarse contra él por su inacción.

En el plano político, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de ayudas para los afectados por el accidente de Urda dotado con **30 millones de euros**. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que las ayudas directas y los anticipos ascenderán a **72.121 euros por fallecimiento** y entre 2.400 y 84.141 euros por lesiones, y ha detallado que las bajas laborales tendrán la consideración de accidente de trabajo desde el primer día. Puente ha entregado además al Gobierno su informe sobre el accidente, y está previsto que comparezca esta tarde ante la Diputación Permanente del Congreso.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el desalojo de la acampada y ha asegurado que es "una buena noticia para Madrid y para el Estado de derecho". Además, ha pedido a los sindicatos que reconsideren la huelga general convocada para el 11 de noviembre, porque "tras la tragedia de Urda es un grave error". Feijóo también ha anunciado que pondrá en marcha una auditoría inmediata de la red ferroviaria si llega al Gobierno.

Mientras tanto, la huelga educativa en Madrid cumple su decimosexto día. Decenas de profesores han cortado la A-42 durante unos 40 minutos en hora punta, y han coreado consignas como "Zarzalejo, siéntate un ratejo". El Comité de Huelga ha sacado una comisión a la calle para protestar por la negativa del PP a que compareciera en la Asamblea. Las universidades inician este miércoles su propia huelga, con una marcha conjunta desde Ferraz hasta Génova.

La jornada ha dejado también una revelación explosiva. Feijóo ha asegurado que un informe interno de Adif, del que el Gobierno tiene conocimiento, prevé un aumento del **94% en el riesgo de accidentes** con responsabilidad del gestor ferroviario hasta 2030. Según los datos facilitados por el líder del PP, el documento también apunta a una caída del 30% en la fiabilidad de las instalaciones, un retroceso del 34% en la puntualidad y un descenso del 4% en el cumplimiento de los planes de mantenimiento preventivo. "Tenemos que saber por qué se produjeron cientos de fallecimientos y 170 averías en la línea Madrid-Sevilla, algunas muy graves, y todo se ignoró", ha subrayado. Feijóo ha prometido que si llega a La Moncloa, una de sus primeras decisiones será una auditoría rápida de los sistemas de seguridad ferroviaria.

En paralelo, Telemadrid ha desvelado que Adif reconoció en julio, en documentación técnica, que varias de sus redes de telecomunicaciones habían alcanzado o superado su ciclo de vida útil y que algunas funcionaban con equipamientos sin soporte del fabricante, lo que implica que ya no reciben mantenimiento oficial ni actualizaciones. El gestor ferroviario advertía de que la diversidad de tecnologías y fabricantes dificultaba una gestión eficiente y consideraba necesaria una renovación "rápida y, en algunos casos, urgente". A estas deficiencias se suman las denuncias de los sindicatos sobre jornadas de hasta 12 horas y falta de personal en el centro de control de Atocha, especialmente durante el turno de noche.

La resaca del desalojo de la acampada de Sol sigue dejando reacciones. La Comunidad de Madrid ha acusado a Sánchez de haber desalojado la plaza "tarde" y por "mero tacticismo político", y ha asegurado que no retirará ninguna de las denuncias presentadas por los hechos ocurridos en el entorno de la Puerta del Sol. "No se va a retirar ninguna de las denuncias que se han realizado, porque ha habido quien ha permitido que, en el entorno de la Puerta del Sol, se cometieran graves delitos", ha afirmado el portavoz regional, Miguel Ángel García Martín. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, mantiene su intención de querellarse contra el exdelegado Francisco Martín por su inacción.

En el plano sanitario, los médicos y facultativos madrileños retoman este miércoles la huelga autonómica con una manifestación frente a la Consejería de Sanidad que finalizará ante el Congreso de los Diputados. El Comité de Huelga ha denunciado la "falta de avances" en la negociación con la Consejería que dirige Fátima Matute desde la última reunión, celebrada en julio, y ha calificado de "abusivos" los servicios mínimos fijados. La Consejería, por su parte, ha subrayado que destina más de 100 millones a mejoras retributivas y que desde 2023 se han creado más de 3.600 nuevas plazas.