18
Nov
2026
Sánchez y Feijóo se enfrentan hoy en un cara a cara de alto voltaje Imprimir
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Gabilondo cesa como Defensor del Pueblo, la justicia investiga a Fran Martín, y Sánchez deja caer que indultará a García Ortiz

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que acogerá este jueves Madrid Content City (Tres Cantos) llega envuelto en un clima de máxima tensión política y judicial. La Academia de Televisión ha detallado que el debate, que comenzará a las 22:00 horas y se prolongará durante unas dos horas, se celebrará con los candidatos sentados frente a frente en una mesa rectangular de dos metros y medio, sin dispositivos electrónicos durante las pausas y con los bloques temáticos dedicados a Vivienda, Economía y Fiscalidad, Política Social y Servicios Públicos, Lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y Migración y política exterior. Feijóo abrirá el debate y Sánchez lo cerrará con el 'minuto de oro'.

El debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que se celebra este jueves a las 22:00 horas, organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado, arrancará con el bloque de vivienda. El formato contempla una duración de unas dos horas, cinco bloques pactados por los partidos y dos pausas publicitarias. Tras la vivienda, se abordarán la economía y fiscalidad, la política social y los servicios públicos, la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática, y la migración y la política exterior.

Según el análisis de Ángel Domingo, cofundador y director técnico de la Liga Española de Debate Universitario (Ledu), el actual formato tiene un riesgo: en bloques tan amplios como el de economía, los candidatos pueden consumir su turno con mensajes preparados. "A Casado hay que darle margen para volver sobre una respuesta incompleta o prolongar el intercambio cuando se discuta una medida concreta", señala Domingo, que propone que cada bloque empiece con una pregunta concreta y común para discutir la misma propuesta. "Si los dos hablan a la vez, la moderadora debe devolver la palabra a quien estaba respondiendo", añade.

Domingo recuerda el cara a cara de 2023, donde las interrupciones y las acusaciones mutuas empezaron en el bloque económico. "Hubo tramos en que se oían ambas voces y costaba seguir las réplicas", explica. En su opinión, las refutaciones fueron débiles y muchas cifras no pudieron contrastarse en directo. Para este jueves, espera un intercambio más hostil, sobre todo al hablar de corrupción. En vivienda, anticipa que Sánchez defenderá su gestión y que Feijóo explicará cómo ampliaría la oferta. "Si alguno anuncia miles de viviendas, Casado debe poder preguntar cuántas estarán disponibles, quién podrá acceder a ellas y en qué plazo", subraya.

El experto también aconseja reservar tiempo para pedir la fuente de una cifra o insistir ante una respuesta eludida. "En corrupción, preguntaría a ambos qué control pondrían en marcha y si se lo aplicarían también a su propio partido. Publicar antes del debate las reglas de turno y repregunta ayudaría a que todos supieran cuándo puede intervenir la moderadora", propone.

En cuanto a la estrategia de los candidatos, Domingo considera que Sánchez debe rendir cuentas como presidente del Gobierno y presentar resultados comprobables, reconociendo lo que queda pendiente. A Feijóo, cuyo partido encabeza la mayoría de los sondeos, le aconseja usar la apertura para explicar qué haría primero, en qué plazo y con qué apoyos parlamentarios, mostrando "una actitud presidencial más que de ataque furibundo extremo".

Para mejorar el formato, el cofundador de Ledu mira hacia modelos internacionales. Recuerda el segundo debate Clinton-Trump en 2016, con preguntas de votantes indecisos, o el cara a cara Sunak-Starmer en Reino Unido en 2024, donde una ciudadana abrió las preguntas del público. En Canadá, en 2025, el debate federal combinó preguntas cruzadas entre líderes con relojes de tiempo acumulado visibles. "En España probaría a alternar preguntas del público, de periodistas especializados y entre candidatos", concluye Domingo.

La cita llega después de una jornada en la que la crisis migratoria de Ceuta ha vuelto al primer plano judicial. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha dado un plazo improrrogable de tres días hábiles a la Guardia Civil para identificar y localizar a un confidente conocido como Ahmed, residente en el barrio ceutí de Benzú, que habría advertido la noche anterior a la entrada masiva del 30 de julio de movimientos sospechosos en territorio marroquí. La magistrada considera que ha transcurrido demasiado tiempo desde el primer requerimiento y exige una respuesta urgente. En paralelo, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha remitido a Tardón un nuevo informe que apunta a la posible implicación de policías y espías marroquíes en la organización de la avalancha. Los agentes sospechan de al menos 97 conexiones telefónicas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Rabat, de las que ya han identificado a 49 con nombre, apellidos y número de placa.

En el plano parlamentario, la Diputación Permanente del Congreso ha convalidado un real decreto con una ayuda de 45,3 millones de euros para Ceuta por la entrada masiva de migrantes de julio, con 59 votos a favor, cinco en contra (Vox) y una abstención (Junts). El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido que las subvenciones garantizarán la "adecuada prestación de servicios esenciales" y ha detallado que, tres meses y medio después, continúan en los espacios habilitados más de 4.500 adultos y unos 3.700 menores, mientras que casi 16.500 personas han regresado a Marruecos desde el 10 de agosto.

La crisis de Ceuta también ha tenido consecuencias internas en el PSOE. El partido ha expulsado de forma provisional a los diputados de la Asamblea de Ceuta Melchor León y Sebastián Guerrero por romper la disciplina de voto al respaldar los presupuestos de la ciudad autónoma presentados por el Gobierno del PP. León, vicepresidente de la Asamblea, ha atribuido la decisión a sus críticas a la gestión del Gobierno central: "El partido está mintiendo de nuevo. Ha sido por criticar la gestión de Pedro Sánchez con la crisis de Ceuta, al delegado del gobierno y a Marlaska". "Lo que no soy es un borrego y esto parece una dictadura", ha añadido.

En el ámbito de la corrupción, el PSOE ha entregado al juez Santiago Pedraz, que investiga el 'caso Leire', tres cajas y un 'pendrive' con la relación y las facturas de los abogados y despachos que contrató entre 2021 y 2025. El magistrado ha ordenado unir el material a la pieza reservada abierta sobre el partido, con acceso únicamente para la Fiscalía. La documentación era requerida para comprobar si determinados despachos pudieron actuar como intermediarios para hacer llegar dinero a Leire Díez dentro de una supuesta trama para desestabilizar causas judiciales por corrupción, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán. Según el juez, el partido habría abonado 27.225 euros al 'Estudio Jurídico I. Oliver & Partners' mediante una nota de encargo falseada, y en conjunto los pagos bajo sospecha superan los 150.000 euros.

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha tachado de "asqueroso" que el líder de Vox, Santiago Abascal, comparase el "rictus" de Sánchez con José Bretón, el hombre que asesinó a sus dos hijos en un caso de violencia vicaria: "Asqueroso como todo lo que dicen los fascistas, pero es que los fascistas dicen cosas de fascistas y el señor Abascal tiene una hemeroteca...". López ha planteado el 29-N como una "oportunidad" para poner "fin a esta etapa de basura, de mala política, de insultos, de descalificaciones, de bulos". Por su parte, CCOO ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones en las que calificó a los sindicatos de "basura sindical" y "mafia". El sindicato presentará una demanda de conciliación como paso previo a una demanda por injurias y calumnias y por un posible delito de odio.

En el capítulo de propuestas electorales, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado "frontalmente" el plan de Frente Amplio y Podemos para eliminar el mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas) e integrar a casi 2,2 millones de mutualistas en el Sistema Nacional de Salud. El sindicato advierte de que la desaparición de este modelo "saturaría el ya tensionado Sistema Nacional de Salud" y ha anunciado que no consentirá que "se utilice el debate sobre su funcionamiento o financiación como excusa para desmantelarlo". Mientras tanto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respaldará el próximo sábado a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en el acto central del ecuador de campaña de la coalición en Barcelona. La irrupción de Díaz se produce después de que el Gobierno aprobara, a propuesta de su departamento, una subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2027 del 5,3%, hasta los 1.286 euros.

Ángel Gabilondo ha cesado este miércoles como Defensor del Pueblo tras expirar su mandato de cinco años, que inició el 18 de noviembre de 2021. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la vacante del cargo, que asume en funciones la hasta ahora adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, tal y como establece la Ley Orgánica de la institución.

En su discurso de despedida, Gabilondo ha reivindicado la independencia del organismo: "Ni somos un ministerio, ni una embajada, ni una facción política, ni meros burócratas". El ya exdefensor ha resumido su labor al frente de la institución con la frase: "Somos personas ocupándonos de personas".

Durante sus cinco años de mandato, la institución ha atendido 213.000 quejas, de las cuales 1.245 fueron de oficio, y ha emitido más de 14.000 resoluciones dirigidas a las administraciones públicas. Gabilondo también ha presentado seis recursos ante el Tribunal Constitucional, entre ellos uno relacionado con la suspensión del voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. Uno de los hitos de su gestión fue el informe sobre la pederastia en la Iglesia católica, que estimó en unas 440.000 las víctimas en España y que llevó a la firma de un protocolo de reparación entre el Gobierno, la jerarquía eclesiástica y el propio organismo.

El relevo se produce en plena campaña electoral para las elecciones del 29-N. El nombramiento del nuevo titular del Defensor del Pueblo requiere una mayoría de tres quintos en las Cortes Generales, un acuerdo entre PSOE y PP que fuentes parlamentarias consideran complejo en el actual clima político.

El Tribunal de Instancia de Madrid ha abierto diligencias previas de investigación contra el exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por no disolver la acampada por el derecho a la vivienda que ocupó la Puerta del Sol durante 38 días. La investigación parte de la denuncia presentada por la Comunidad de Madrid el pasado 30 de octubre, que atribuye a Martín presuntos delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos. El juzgado deberá determinar si la ocupación del espacio público estuvo amparada por el derecho de reunión o si, por el contrario, "adquirió una naturaleza autónoma de ocupación prolongada del dominio público". Para ello, ha solicitado a la Delegación del Gobierno los expedientes tramitados, un informe cronológico de los hechos entre el 26 de septiembre y el 2 de noviembre, y sendos informes a la Jefatura Superior de Policía y a la Policía Municipal sobre incidentes y daños. El Ayuntamiento de Madrid, que también ha presentado una denuncia penal por prevaricación continuada, cifra los daños y gastos de limpieza en al menos 40.000 euros. Martín dimitió el pasado 25 de octubre tras quedar fuera de las listas del PSOE para el 29-N.

En paralelo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha redoblado este miércoles su ofensiva contra el Gobierno central. En un acto de campaña, ha pedido a la Junta Electoral Central que "tome nota" porque, a su juicio, se está utilizando el dinero "de todos los españoles para seguir comprándole la campaña" a Pedro Sánchez. Ayuso ha acusado al Ejecutivo de intentar "comprar voluntades" con las medidas sociales aprobadas en el Consejo de Ministros y ha calificado la situación de "desgracia". En el mismo acto, ha celebrado la promesa de Alberto Núñez Feijóo de "saldar una deuda" con quienes tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por el terrorismo de ETA, y ha defendido que "si va a haber una ley de nietos, que sea para vascos".

En el ámbito educativo, profesores de todas las etapas, desde infantil hasta universidad, se han unido este miércoles para exigir la dimisión "inmediata" de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, por "abandono" de sus funciones. La protesta, que cumple 36 días de huelga, ha coincidido con la ausencia de la consejera y de las ministras en la reunión solicitada por las organizaciones sindicales, un plantón que los docentes han interpretado como un desprecio a la negociación. Más Madrid ha reclamado a Ayuso que "obligue a sentarse a negociar" a Zarzalejo o que la cese. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha defendido su negativa a sentarse con "minorías radicales" y ha negado que el apoyo a la huelga sea un éxito, al tiempo que ha denunciado posibles delitos de acoso y coacciones por parte de los "violentos" en los piquetes. El Gobierno regional ha insistido además en que los sindicatos "hacen el caldo gordo" a Sánchez y "insultan gravemente" a Ayuso.

La huelga de médicos ha iniciado este miércoles su tercer bloque de paros, que se prolongará hasta el sábado 21 de noviembre. La Consejería de Sanidad acumula ya 131 días sin reunirse con el comité de huelga, según han denunciado los convocantes, que han reclamado diálogo frente al Hospital de Móstoles. La Comunidad ha tachado la huelga de "rotundo fracaso" y ha cifrado el seguimiento en menos del 2,5%, con apenas 300 médicos de los 15.000 de la región, aunque los convocantes mantienen la protesta.

En el plano nacional, Sánchez ha deslizado que su Ejecutivo indultará al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos, aunque no ha concretado si lo hará antes o después del 29-N: "Está sobre la mesa, estamos en un procedimiento y veremos exactamente cuándo lo hacemos". El presidente también ha asegurado que el PSOE "no se ha financiado irregularmente" y ha restado importancia a las cantidades bajo investigación al calificarlas de "nimias" en comparación con los "40 millones de euros" que, según ha dicho, tenía el extesorero del PP Luis Bárcenas en Suiza. Además, el Tribunal de Cuentas ha abierto la puerta a investigar la posible "responsabilidad contable" de su hermano, David Sánchez, por el sueldo que cobró como coordinador de actividades de conservatorios de música entre 2017 y 2025 en la Diputación de Badajoz.

Feijóo, por su parte, ha defendido la posibilidad de pactar con Vox tras el 29-N, pero ha marcado una línea roja: "Yo no voy a pactar con nadie que me exija excarcelar a etarras con condenas por asesinatos de 100 años o 120 años". El líder del PP ha rechazado las "lecciones" de Sánchez sobre pactos y ha recordado que en 2023 dijo "no" a Junts a cuatro votos de la mayoría absoluta. En paralelo, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha descartado apoyar una eventual investidura de PP y Vox: "Vox es un partido que ha dicho públicamente que pretende ilegalizarnos... En una mayoría que está en la ultraderecha, no vamos a formar parte de eso".