Asistieron al debate sobre la PNL del PSOE que pedía la reversión a lo público del Hospital de Torrejón

El Pleno de la Asamblea de Madrid, celebrado este jueves, se centró en la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con el objetivo de revertir el modelo de gestión externalizada del servicio sanitario del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Durante el debate, se evidenció la división de opiniones entre los distintos partidos, con el PSOE abogando por la reversión a la gestión pública, mientras que el Partido Popular (PP) y Vox se manifestaron en contra. Más Madrid, por su parte, mostró su apoyo a la propuesta.

La PNL, defendida por la diputada socialista Sara Bonmati, se fundamenta en cuatro ejes principales:

Auditoría sobre incumplimientos: Se propone realizar una auditoría para identificar posibles irregularidades en la gestión actual del hospital.
Reversión a gestión pública directa: La iniciativa busca que el hospital vuelva a ser gestionado directamente por el sistema público de salud.
Exigencias de transparencia: Se plantea la necesidad de mayor transparencia en la gestión sanitaria.
Refuerzo de financiación: Se solicita un incremento en la financiación destinada a la red pública de salud

Bonmati argumentó que el debate no era meramente técnico, sino político, centrándose en la dicotomía entre la sanidad como un derecho y como un negocio. Presentó un relato sobre una reunión del 25 de septiembre de 2025 entre el consejero delegado de Ribera Salud y directivos del grupo, donde se discutieron decisiones que afectarían las listas de espera en función de la rentabilidad económica. Según Bonmati, esto evidenciaba un sistema que prioriza el lucro sobre la atención sanitaria adecuada.

El PP, representado por la diputada Marta Marbán, rechazó la PNL, defendiendo la colaboración público-privada como un "modelo de éxito". Marbán argumentó que el PSOE estaba utilizando el debate como una "batalla política", y que la Consejería había tomado medidas para asegurar la calidad del servicio en el Hospital de Torrejón. Afirmó que no se habían detectado irregularidades y criticó la propuesta socialista por su carácter de reversión "inmediata".

Vox, a través de la diputada Raquel Barrero, también se opuso a la PNL, aunque reconoció la importancia de la transparencia y las auditorías. Barrero argumentó que la propuesta socialista invertía el orden lógico de acción al proponer una reversión antes de realizar auditorías. Además, advirtió que una reversión inmediata podría generar inestabilidad y afectar a los pacientes, sugiriendo que se realizaran auditorías previas antes de considerar cambios estructurales.Más Madrid, representado por la diputada Marta Carmona, expresó su apoyo a la PNL, argumentando que la propuesta refleja las necesidades de los ciudadanos de Torrejón. Carmona criticó el modelo de gestión privatizada, señalando que este sistema favorece la atención a pacientes rentables y deriva los casos complejos. Describió la situación del hospital como una combinación de gestión privada y falta de financiación adecuada, lo que resulta en un servicio deficiente.

El resultado final de la votación fue de 52 votos a favor, 80 en contra y 0 abstenciones, lo que resultó en el rechazo de la propuesta del PSOE. Este desenlace refleja las profundas divisiones políticas en torno a la gestión de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y la controversia sobre el modelo de colaboración público-privada.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, pronunció declaraciones contundentes en respuesta a las políticas de la ministra de Sanidad, Mónica García. Este intercambio se enmarca en un debate más amplio sobre la gestión de la sanidad pública y la colaboración público-privada en España.

Matute acusó a Mónica García de "privatizar todo", refiriéndose específicamente a la reciente privatización del servicio de psiquiatría en Ceuta, que, según ella, ha llevado a que esta región tenga las peores cifras de sanidad en Europa. La consejera cuestionó la eficacia de las políticas de García, sugiriendo que su enfoque ha resultado en un deterioro de la calidad de la atención sanitaria.

Matute criticó la intención del Gobierno de impulsar una ley para limitar la colaboración público-privada, considerándola "sectaria" y carente de efectividad. Argumentó que esta ley no aportaría mayor transparencia y que no se concretaría debido a la "debilidad parlamentaria" del Gobierno actual.

La consejera también hizo referencia a la gestión de la pandemia por parte de Mónica García, acusándola de haber boicoteado hospitales en lugar de enfocarse en salvar vidas. Esta crítica se centró en la percepción de que García, en lugar de actuar de manera efectiva, estaba más preocupada por su propia compensación económica, que, según Matute, era el doble de lo que se percibía en la Asamblea, además de recibir un bono social térmico.

Matute amplió su crítica al señalar que la izquierda representa "la corrupción, el desprestigio y el deterioro de las instituciones". Afirmó que la falta de inversión y mantenimiento en el sistema de salud ha llevado a un deterioro de la imagen de España y ha tenido consecuencias fatales para los ciudadanos.

La consejera también se refirió a la reducción del presupuesto destinado a la sanidad por parte del Gobierno nacional, indicando que se había recortado un 50%. Matute mencionó cifras específicas, señalando que 111.000 millones de euros, bajo la gestión de la ministra María Jesús Montero y Mónica García, no se estaban aprovechando adecuadamente en el contexto de los fondos europeos.

En contraste con las críticas dirigidas al Gobierno nacional, Matute defendió las acciones de la Comunidad de Madrid, afirmando que se había dedicado el presupuesto a lo más valioso: los profesionales de la salud. Destacó que se habían consolidado más de 300 profesionales con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y reducir las listas de espera, que, según ella, son las más bajas de todo el país.

El PSOE de Madrid (PSOE-M) anunció su intención de llevar al Tribunal de Cuentas la cuestión de la "condonación" de 71 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid al Grupo Quirón y Ribera Salud. Esta declaración fue realizada por el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una entrevista en 'RNE', y se basa en información publicada por el medio 'eldiario.es'.

Óscar López criticó fuertemente al gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, argumentando que no solo se han desviado fondos destinados a residencias de ancianos hacia la sanidad privada, sino que además se ha llevado a cabo una condonación de deuda que considera un "escándalo". Según López, esta situación refleja una mala gestión de los recursos públicos y una falta de transparencia en el uso de fondos destinados a la salud pública.

El medio 'eldiario.es' publicó un informe que detalla que entre 2017 y 2023 se dejaron de registrar en el sistema de balance un total de 71.653.032 euros en costos por tratamientos de pacientes que fueron atendidos en hospitales públicos tras ser derivados de hospitales concertados. Este hecho ha sido atribuido a la falta de documentación sobre la actividad clínica de estos pacientes, según el informe de la Consejería de Sanidad.

Desde la Consejería de Sanidad, que está bajo la dirección de Fátima Matute, se ha descalificado el informe mencionado por 'eldiario.es', afirmando que no es un documento oficial, sino un "documento interno de trabajo descontextualizado". La Consejería sostiene que la interpretación de los datos no refleja la realidad asistencial ni económica de la región.

La Consejería ha asegurado que no existe falta de documentación, afirmando que la actividad clínica está completamente registrada y puede ser consultada a través de diversas plataformas, incluyendo Horus, la historia clínica electrónica y otros informes. Se enfatiza que la trazabilidad de la información está garantizada y que los inspectores de la Consejería tienen acceso a todos los datos necesarios.

El portavoz del Partido Popular (PP) en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, realizó declaraciones a los medios en relación con la gestión de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Este pronunciamiento se produjo en un momento de tensión política, especialmente en el contexto de las críticas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hacia la administración sanitaria de la región.

Díaz-Pache defendió la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid, calificándola de "absolutamente correcta". Esta afirmación se enmarca en un intento de contrarrestar las críticas que el PSOE ha dirigido hacia el modelo de atención sanitaria implementado en la región. El portavoz del PP argumentó que el PSOE no reconoce ningún aspecto positivo de la gestión realizada por la Comunidad de Madrid, lo que sugiere un sesgo político en sus evaluaciones.

El portavoz del PP criticó específicamente al PSOE por su oposición al modelo de colaboración público-privada en el ámbito sanitario. Díaz-Pache señaló que el PSOE ataca este modelo en Madrid, pero no en otras comunidades autónomas donde ellos están en el poder, como Cataluña. Esta comparación se utiliza para argumentar que las críticas del PSOE son inconsistentes y motivadas por intereses políticos más que por preocupaciones legítimas sobre la calidad de la atención sanitaria.

Díaz-Pache proporcionó detalles sobre la distribución del presupuesto sanitario en Madrid, indicando que el 90% de los recursos se destinan a la gestión directa de la sanidad, mientras que solo un 10% se utiliza para la gestión indirecta. Este desglose se presenta como un argumento para demostrar que la mayor parte de la financiación se utiliza de manera directa y eficiente en la atención sanitaria.

El portavoz del PP también abordó las críticas del PSOE sobre la "condonación" de 71 millones de euros a empresas como el Grupo Quirón y Ribera Salud. En este sentido, Díaz-Pache defendió que todas las actuaciones de la Consejería de Sanidad están sujetas a auditorías, no solo por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, sino también por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas. Esto se presenta como un mecanismo de transparencia y control que debería mitigar las preocupaciones sobre posibles irregularidades.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participó en una sesión de control en la Asamblea de Madrid. Durante este pleno, se abordaron temas de relevancia política y social, destacando las tensiones entre diferentes partidos y la situación de la sanidad en la región.

Isabel Díaz Ayuso, en su intervención, dirigió duras críticas hacia Mónica García, quien es la líder de Más Madrid y actual ministra de Sanidad. Ayuso la acusó de intentar posicionarse políticamente para desplazar a Yolanda Díaz, utilizando a los médicos como herramienta en su estrategia. Esta acusación se enmarca en un contexto de descontento y protestas en el sector sanitario, donde se han producido huelgas que, según Ayuso, son en contra de su propia jefa, Yolanda Díaz.

Ayuso describió un escenario de "caos" en la Comunidad de Madrid, haciendo referencia a problemas en el transporte público, específicamente en las cercanías, y a la situación de los médicos. También mencionó la presencia de tractores en las calles, insinuando que estas manifestaciones son parte de un clima de descontento generalizado. Su crítica se extendió a la gestión de Más Madrid, a la que acusó de fomentar un ambiente de conflicto y frustración.

En contraste con la crítica a la oposición, Ayuso defendió su propio proyecto para la Comunidad de Madrid, que describió como uno basado en "la alegría". En su discurso, enfatizó la importancia del turismo, la celebración de grandes eventos y las inversiones que se están realizando en la región. Ayuso se mostró orgullosa de los logros de su administración y de la imagen positiva que desea proyectar para Madrid.

Ayuso contrapuso su visión optimista con la de Más Madrid, a la que describió como una fuerza política que promueve la "tristeza" y el descontento. Utilizó imágenes provocativas para ilustrar su punto, aludiendo a actos de violencia como "tirarle ladrillos a los policías" y "quemar contenedores y casas okupas". Esta retórica buscaba deslegitimar la narrativa de la oposición, presentándola como destructiva y perjudicial para la comunidad.

Ayuso no se limitó a criticar a Mónica García, sino que amplió su crítica a la gestión general de la oposición, aludiendo a problemas estructurales como "los apagones", la ineficiencia de la red ferroviaria y el deterioro del prestigio empresarial en Madrid. En este sentido, sugirió que la política de Más Madrid está llevando a la región hacia un estado de desorden y falta de funcionalidad.

Finalmente, Ayuso abordó el tema de la inmigración, sugiriendo que hay un intento de promover "la inmigración irregular masiva" que, según su perspectiva, podría contribuir a un empobrecimiento y a la islamización de la comunidad. Esta afirmación se enmarca en un discurso más amplio sobre la seguridad y la identidad cultural de la región.