Ayuntamiento, Comunidad y Delegación de Gobierno coincidieron en una tensa Junta de Gobierno

Este jueves se llevó a cabo una Junta Local de Seguridad en Alcalá de Henares, donde se evidenció una notable tensión entre la Delegación del Gobierno en Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid. Aunque la reunión estaba destinada a discutir el dispositivo de seguridad para las fiestas patronales, el foco se desvió hacia la situación migratoria de la ciudad, generando un intercambio de reproches entre las autoridades.

La relación entre la Delegación del Gobierno y las autoridades locales se deterioró a finales de junio, tras una agresión sexual a una joven, perpetrada por un inmigrante que residía en el Centro de Atención, Derivación y Emergencia (CAED). Este centro, ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera, había sido inaugurado a finales de 2023.

La alcaldesa, Piquet, alertó sobre un aumento en la inseguridad desde la apertura del CAED, aunque inicialmente no vinculó la agresión a los residentes del centro. Sin embargo, el delegado del Gobierno, Martín, interpretó estas quejas como un discurso racista y acusó a Piquet de solo alzar la voz cuando los delitos son cometidos por extranjeros.

La Junta Local de Seguridad se realizó en un clima de tensión, especialmente después de que el Pleno del Ayuntamiento reprobara al delegado y exigiera el cierre del CAED. Durante la reunión, que duró más de una hora y media, el delegado Martín explicó el dispositivo de seguridad para las fiestas, pero también se detuvo a comentar los desacuerdos surgidos en la reunión, sugiriendo que Cervantes podría haber escrito una obra cómica sobre la situación.

Martín criticó a Piquet por "criminalizar" a los migrantes y expresó su sorpresa por la presencia conjunta de la alcaldesa y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo. A pesar de sus críticas, el delegado extendió una mano a ambos, sugiriendo un "giro esperanzador" en la relación entre las instituciones. Sin embargo, tanto Piquet como Novillo rechazaron esta oferta, intensificando el conflicto. Novillo acusó al delegado de "soberbia" y de insultar a representantes del Partido Popular, mientras que Piquet lamentó que Martín solo había venido a dar una rueda de prensa y no a abordar los problemas reales de la ciudad.

Piquet cuestionó las cifras de criminalidad asociadas al CAED presentadas por Martín, argumentando que algunas conductas de los residentes no son denunciadas, aunque afectan la convivencia. Novillo, por su parte, enfatizó que los vecinos de Alcalá buscan seguridad y respuestas concretas, destacando que no se puede equiparar un robo con una agresión sexual grave.

La tensión no se limita al ámbito político, ya que, tras la agresión sexual, se convocaron manifestaciones en Alcalá de Henares. A pesar de que la Delegación del Gobierno intentó cambiar la ubicación de una de las manifestaciones, los asistentes se dirigieron al CAED, lo que resultó en enfrentamientos con la policía y varias detenciones.

Alcalá de Henares se prepara para nuevas concentraciones, aunque la Delegación del Gobierno ha señalado que aún no han sido oficialmente comunicadas. Martín ha apelado a la responsabilidad política y ha instado a evitar el "señalamiento" y el "hostigamiento" hacia los inmigrantes, pidiendo el fin de mensajes racistas. Sin embargo, Piquet defendió la libertad de los ciudadanos para manifestarse y sugirió que los organizadores de la concentración del sábado aún tienen tiempo para comunicarla.

Durante la reunión, la tensión fue palpable, y tras su conclusión, los representantes públicos intercambiaron acusaciones severas. Martín Aguirre defendió el CAED, argumentando que ha albergado a 10,083 personas y que solo se han registrado 16 delitos desde su apertura, de los cuales solo uno fue grave. Afirmó que la mayoría de los delitos eran menores y que se habían iniciado expedientes de expulsión para aquellos que habían delinquido.

Judith Piquet criticó a Martín Aguirre por no centrarse en el dispositivo de seguridad para las fiestas y por presentar datos de criminalidad que, según ella, no eran pertinentes. La alcaldesa cuestionó la gravedad de la agresión sexual mencionada y rehusó proporcionar más detalles, sugiriendo que era responsabilidad del delegado aclarar la situación. Este intercambio de palabras refleja una falta de confianza entre las autoridades locales y el Gobierno.

Martín Aguirre, por su parte, acusó a Piquet de poner en duda la profesionalidad de la Policía Nacional y exigió una disculpa pública. Novillo también se unió a las críticas, calificando la actuación de Aguirre como provocativa y desleal. Utilizando una metáfora, el delegado comparó a los responsables políticos con "pirómanos" en lugar de "bomberos", sugiriendo que deberían trabajar para extinguir los problemas en lugar de avivarlos.

A pesar de las tensiones, Piquet reiteró su demanda de cerrar el CAED, una moción que fue respaldada en el pleno municipal por los partidos que apoyan al gobierno del PP. Sin embargo, Martín Aguirre afirmó que el centro no se cerrará, sino que se ampliarán los recursos para atender a los migrantes. Esto generó más desacuerdos, ya que la alcaldesa insistió en que no se ha cumplido el compromiso de reforzar la seguridad en la zona desde la apertura del centro.

El delegado del Gobierno expresó su preocupación por una concentración programada frente al CAED, la cual no había sido notificada a su departamento, como exige la ley. Martín Aguirre advirtió que esta concentración podría tener un carácter racista y potencialmente violento, especialmente a la luz de los disturbios recientes en otras localidades.

En la rueda de prensa posterior, Judith Piquet expresó que el centro de acogida, que fue inaugurado hace 20 meses, ha generado un "problema de convivencia". A pesar de que el gobierno prometió que albergaría un máximo de 200 personas por un periodo de tres meses, actualmente hay 1,700 personas hacinadas en condiciones precarias. La alcaldesa sostiene que este centro ha contribuido a la falta de integración y a la inseguridad en la zona.

Piquet enfatizó que Alcalá de Henares ha sido históricamente una ciudad acogedora, con cerca del 30% de su población compuesta por inmigrantes. Sin embargo, argumenta que el problema radica en la gestión del centro de inmigrantes y no en la inmigración en sí. Aclaró que no está pidiendo una deportación masiva, sino que aquellos que cometan delitos graves, como el mencionado, deben ser deportados.

La alcaldesa criticó la falta de un plan de seguridad y de integración para los inmigrantes, lo que ha llevado a un aumento de los problemas de convivencia. Se mostró preocupada por la percepción de que la violencia y la criminalidad están ligadas a la inmigración, aunque insistió en que no se debe generalizar ni criminalizar a todos los inmigrantes.

Piquet solicitó datos sobre la criminalidad en relación con el centro de inmigrantes, argumentando que la Delegación de Gobierno debería proporcionar información clara sobre el aumento de delitos. La alcaldesa se mostró escéptica sobre la transparencia de las estadísticas y la forma en que se manejan los incidentes relacionados con el centro.

La alcaldesa fue acusada de asumir el discurso de Vox, lo que ella rechazó categóricamente. Afirmó que su enfoque no es racista, sino que busca una inmigración ordenada y controlada. Defendió su postura diciendo que no se puede ignorar la realidad de los delitos cometidos por algunos internos del centro.

Piquet comparó la situación de Alcalá con la de otros municipios, como Fuenlabrada, donde se están abriendo centros para menores migrantes. Criticó la incoherencia de otros líderes que critican la situación en Alcalá mientras intentan establecer centros similares en sus propias localidades. La alcaldesa se refirió a las tensiones en Torre Pacheco, donde se han producido actos violentos relacionados con la inmigración. Aunque reconoció la preocupación por la llegada de grupos radicales a Alcalá, destacó que la respuesta de los vecinos ha sido pacífica y ejemplar.

Piquet anunció que planea dirigirse al Ministerio y a la Delegación de Gobierno para exigir el cierre del centro de acogida, reiterando que la situación actual no puede continuar. También expresó su deseo de que el gobierno aborde la política migratoria con mayor seriedad.

Piquet criticó al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid por su manejo de la situación y por la reciente decisión de ampliar el centro, lo que, según ella, no se corresponde con las promesas iniciales del Gobierno. Piquet ha señalado que el delegado del Gobierno utilizó la reunión para hacer un discurso político en lugar de centrarse en el plan de seguridad para las Ferias y Fiestas, que era el único punto del orden del día. La alcaldesa criticó que el delegado proporcionara datos sobre criminalidad sin el contexto adecuado y que no supiera responder a preguntas sobre los delitos cometidos en Alcalá.

La alcaldesa enumeró varias promesas incumplidas por parte del Gobierno, incluyendo:

Límite de Personas: Se prometió un máximo de 200 migrantes en el centro, pero actualmente hay más de 1.700.

Temporalidad: Se aseguró que el centro sería temporal, y ahora se busca hacerlo permanente.

Planes de Seguridad e Integración: No se ha implementado ningún plan de seguridad o integración.

Piquet enfatizó que la situación es inaceptable y que el Gobierno está imponiendo un centro sin los recursos necesarios, lo que pone en riesgo la seguridad y convivencia en Alcalá de Henares.

La alcaldesa ha cuestionado la veracidad de los datos proporcionados por el delegado, señalando que no se le ha informado adecuadamente sobre los delitos cometidos por los migrantes del CAED. Piquet afirmó que la violación de una joven de 21 años no es el delito más grave en Alcalá, y expresó su frustración por la falta de información y transparencia en la gestión del centro.

Piquet también mencionó que muchos incidentes, como proposiciones obscenas y acoso a mujeres, no siempre resultan en denuncias, pero ocurren con frecuencia. Esto subraya la falta de control y la necesidad de una mejor gestión del CAED.

La alcaldesa denunció que los servicios municipales y autonómicos están asumiendo las carencias del centro, que es responsabilidad del Gobierno central. Piquet destacó que en situaciones de emergencia sanitaria en el CAED, son los recursos locales los que intervienen, lo que genera una carga adicional sobre los servicios de salud de la Comunidad de Madrid.

En relación a las manifestaciones convocadas en torno al CAED, Piquet expresó su desconocimiento sobre su autorización y reiteró su rechazo a cualquier mensaje racista o violento. La alcaldesa enfatizó que la libertad de manifestación debe ser pacífica y condenó tanto los insultos racistas como los que ella misma ha recibido.

Piquet informó que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, expresó su intención de ampliar el CAED en Alcalá de Henares. Esta propuesta contrasta con las demandas del Ayuntamiento de cerrar el centro, las cuales han sido motivadas por preocupaciones sobre un aumento en la inseguridad en la zona. La alcaldesa criticó a Martín por lo que considera una hipocresía, señalando que mientras él se preocupa por la situación de los menores en La Cantueña, en Fuenlabrada, no muestra la misma preocupación por los aproximadamente 1.700 migrantes que actualmente residen en el CAED.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, expresó su apoyo al plan municipal y realizó críticas a la gestión del delegado del Gobierno, Francisco Martín, así como a la situación del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) en la ciudad.

El consejero no dudó en criticar la actitud de Francisco Martín durante la Junta, describiendo su intervención como provocativa y carente de datos relevantes. Novillo acusó a Martín de desconocer información básica sobre la seguridad en Alcalá y de utilizar su tiempo para atacar a la alcaldesa y a otros representantes políticos.

Novillo comparó a Martín con el “delegado del señor Sánchez”, haciendo referencia a la campaña electoral socialista, y lo calificó como el “delegado más deleznable” que ha conocido en la última década. Esta crítica se enmarca dentro de un contexto de creciente tensión entre las administraciones regional y nacional.

El consejero también se refirió a la gestión del CAED, que, según él, alberga a más de 1,500 personas, muy por encima de su capacidad original de 200. Novillo argumentó que esta situación representa una violación de los protocolos de seguridad y que la gestión del centro es un reflejo de la “política errática” del Gobierno de España en materia de migración.

Novillo destacó que los vecinos de Alcalá están preocupados por la situación del CAED y exigen su cierre, ya que consideran que no cumple con las condiciones de seguridad y dignidad necesarias. Criticó la minimización de delitos graves en comparación con delitos menores, lo que, según él, no refleja la verdadera preocupación de la comunidad.

En su intervención final, Novillo acusó a Francisco Martín de intentar desviar la atención de los escándalos del Gobierno central al provocar tensiones en la Junta Local de Seguridad. Reiteró que el objetivo principal de la reunión era garantizar la seguridad durante las fiestas patronales, y que no se toleraría un comportamiento que interrumpa ese propósito.

Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, acusó a Piquet de “insultar sin pruebas” a la Policía Nacional, insinuando que esta fuerza de seguridad oculta delitos cometidos por migrantes internos en el CAED. Calificó estas afirmaciones como un “insulto a la profesionalidad” de la Policía, exigiendo una retractación pública por parte de la alcaldesa. Subrayó que tales declaraciones ponen en duda la credibilidad del sistema de seguridad en su conjunto, lo que consideró “absolutamente inaceptable”.

Durante su intervención, Martín defendió la seguridad en Alcalá de Henares, afirmando que es una ciudad segura, con una tasa de criminalidad nueve puntos por debajo de la media de la Comunidad de Madrid. Desde la apertura del CAED, que ha acogido a más de 10,000 personas, se han registrado solo 16 delitos, uno de ellos grave, lo que contrasta con los 14,500 delitos cometidos en toda la ciudad durante el mismo periodo.

Martín proporcionó un desglose de los delitos ocurridos en el CAED, que incluyen resistencias, desobediencias, una estafa, un robo con violencia, dos hurtos y un allanamiento. Aseguró que se han iniciado expedientes de exclusión para todos los implicados en estos delitos, enfatizando que la ley se aplica de manera contundente sin distinción de raza o religión.

El delegado destacó la desproporción entre los delitos vinculados al CAED y el total de delitos en Alcalá, argumentando que se está desviando la atención hacia un foco peligroso y desproporcionado. Este enfoque, según él, no solo es incorrecto, sino que también puede alimentar un clima de tensión y odio.

Martín no solo exigió a Piquet que se retractara de sus declaraciones, sino que también le pidió que condenara las amenazas y los insultos dirigidos a la Policía Nacional, en el contexto de recientes protestas frente al CAED. Estas manifestaciones han estado marcadas por la aparición de mensajes racistas y símbolos nazis, lo que añade una dimensión preocupante a la situación.

El delegado instó a la alcaldesa y al consejero de Interior, Carlos Novillo, a comprometerse a “apagar los discursos de odio” y rechazar la violencia y las concentraciones racistas. En un tono crítico, mencionó que Madrid no merece ser gobernada por “ultras” y pidió a los responsables políticos que se distancien de los discursos que alimentan el conflicto.

Martín advirtió que una concentración programada para el sábado no había sido comunicada oficialmente, lo que podría dar lugar a situaciones de odio similares a las vividas recientemente. Hizo un llamado a la calma y a la convivencia, instando a las autoridades a no alimentar el conflicto. Al concluir su intervención, Martín dirigió un mensaje claro al Partido Popular, instando a sus líderes a rechazar la violencia y los discursos de odio. Usó una metáfora sobre un bombero para enfatizar la necesidad de actuar para extinguir el fuego del odio en lugar de avivarlo.

Las declaraciones de Martín se produjeron en un contexto en el que la alcaldesa había presentado un Plan Municipal de Seguridad para las Ferias de 2025, que incluye medidas de control en torno al CAED. A pesar de la tensión, Martín dejó entrever la posibilidad de un “giro esperanzador” en la relación entre el Gobierno municipal y regional, aunque se mostró escéptico sobre la probabilidad de que esto ocurriera.

La formación política VOX ha expresado su firme oposición a las recientes decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, particularmente en relación con el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) en Alcalá de Henares.

VOX ha denunciado que la información sobre la Junta Local de Seguridad, celebrada recientemente, fue conocida a través de la prensa, lo que refleja una falta de transparencia y acceso a la información por parte de la formación. El portavoz local, Víctor Acosta, ha calificado la situación de "desprecio absoluto" hacia los vecinos de Alcalá, enfatizando que el Gobierno no solo ha decidido mantener el CAED, sino que ha anunciado su ampliación.

Acosta ha criticado la actitud del delegado del Gobierno, acusándolo de actuar con "chulería política" y de utilizar a las ciudades como "laboratorio ideológico". Según VOX, esta política ha traído consecuencias negativas para los ciudadanos, como el aumento de la inseguridad, la saturación de servicios públicos, el miedo en las calles y un deterioro en la convivencia.

VOX sostiene que desde el inicio advirtió sobre las fallas del CAED, describiéndolo como un centro "improvisado, sin garantías, sin control y sin transparencia". La ampliación del centro es vista por la formación como un intento del Gobierno de convertir Alcalá en un "vertedero" de políticas migratorias fallidas.

La formación ha señalado que mientras se destinan recursos significativos para ampliar estos centros, otros problemas sociales permanecen desatendidos. Se menciona que los mayores deben esperar meses para obtener citas médicas, las familias enfrentan impuestos elevados y los jóvenes tienen dificultades para acceder a viviendas dignas.

VOX ha formulado varias demandas claras:

Cierre inmediato del CAED: La formación exige que se cierre el centro de acogida.

Expulsión de inmigrantes ilegales: VOX pide que se tomen medidas para expulsar a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular.

Protección de los vecinos: Se demanda que la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Alcalá sean priorizados sobre los intereses ideológicos del Gobierno.

VOX ha reiterado su compromiso con los vecinos de Alcalá, presentándose como una alternativa a lo que consideran amenazas y chantajes del Gobierno. La formación aboga por un enfoque que priorice el orden, la seguridad y el respeto hacia las comunidades locales. El mensaje final de VOX es claro: "Alcalá no se rinde. VOX tampoco". Esta declaración refuerza su determinación de luchar por lo que consideran los intereses legítimos de los ciudadanos frente a las políticas del Gobierno actual.

El PSOE local ponía el foco en la concentración de este sábado por la tarde a las puertas del Primo de Rivera, y lo hacía para mostrar "preocupación". Desde el PSOE de Alcalá de Henares queremos expresar nuestra profunda preocupación ante la convocatoria no comunicada prevista para el próximo sábado 19 de julio, impulsada por grupos ultras que protagonizan episodios preocupantes en municipios como Torre-Pacheco», explican.

"Una convocatoria no comunicada, que no respeta la legalidad. Lo cual demuestra que no hay ninguna buena intención por parte de los convocantes, al no querer responsabilizarse de lo que allí ocurra. Las anteriores concentraciones de estos colectivos terminaron con enfrentamientos con la Policía, mensajes de odio, insultos a las instituciones y lemas xenófobos, como las vergonzosas pintadas de “Negros al cementerio”. Sin embargo, lo más alarmante para el Grupo Socialista fue comprobar cómo en el pasado Pleno Municipal el Partido Popular, con el apoyo de la alcaldesa Judith Piquet, se negó a condenar estos hechos. Para el portavoz del PSOE, Javier Rodríguez Palacios, “sentimos vergüenza ajena en el último Pleno al comprobar cómo el PP eliminaba toda mención de condena a los grupos ultras y a las pintadas xenófobas. Esa inacción los convierte en cómplices”. El Grupo Socialista considera que la alcaldesa, Judith Piquet, actúa como rehén y cómplice de la ultraderecha, permitiendo que Alcalá de Henares pueda derivar en un escenario tan preocupante como el de Torre-Pacheco, donde grupos radicales organizan auténticas “cacerías” contra personas migrantes. Rodríguez Palacios ha recordado que Alcalá de Henares es una ciudad de acogida, reconocida por su convivencia, diversidad y su imagen positiva a nivel nacional, una imagen que está siendo distorsionada por las declaraciones públicas de la alcaldesa y su afán por copar titulares a base de discursos excluyentes y enfrentamiento social. “Mientras transmite una Alcalá tenebrosa en los medios, vemos cómo abandona la gestión diaria: las calles están sucias, los parques descuidados, no hay grúa municipal y se maltrata a los trabajadores públicos”, denuncia el portavoz socialista. Por todo ello, desde el PSOE de Alcalá exigimos a la alcaldesa Judith Piquet que se desmarque públicamente de la convocatoria del próximo sábado 19 de julio y rompa todo vínculo con los grupos violentos y xenófobos que la impulsan. La Alcalá de Henares que queremos es una ciudad de paz, respeto, convivencia y progreso".

Pero aún hay más, pues tras conocer el comunicado de los socialistas VOX respondía, y lo hacía denunciando que los socialistas quieren "silenciar" la voz de los alcalaínos. Orlena de Miguel, portavoz adjunta del Gobierno municipal de Alcalá de Henares, ha emitido un comunicado en respuesta a las declaraciones del portavoz socialista, Javier Rodríguez Palacios. En su intervención, De Miguel critica la actitud del PSOE y defiende la postura del Gobierno local respecto a la inmigración y el cierre del CAED (Centro de Atención a la Diversidad).

De Miguel acusa a Rodríguez Palacios de utilizar “la mentira, el victimismo y el alarmismo” como herramientas para mantenerse relevante en la política local. Según ella, el portavoz socialista busca silenciar las voces de los vecinos que demandan el cierre del CAED, mientras permite la continuidad de la inmigración ilegal, que, según su perspectiva, es promovida por el PSOE.

La portavoz enfatiza que el enfoque del PSOE sobre la democracia es autoritario, sugiriendo que su idea de democracia implica que solo su partido tiene derecho a opinar, mientras que los demás deben permanecer en silencio. De Miguel se muestra firme en su rechazo a esta postura.

De Miguel desmiente las acusaciones del PSOE, afirmando que la alcaldesa Judith Piquet ha condenado en múltiples ocasiones los mensajes y pintadas xenófobas, incluyendo una reciente declaración en rueda de prensa. También afirma que el Pleno no se negó a condenar nada, destacando que fue Rodríguez Palacios quien votó en contra de su propia moción, debido a una enmienda presentada por el Partido Popular que reprochaba al delegado del Gobierno por su gestión de la seguridad.

La portavoz califica de “insulto” las afirmaciones de que el PP protege a grupos ultras. De Miguel sostiene que en Alcalá de Henares no existen patrullas ciudadanas ni cacerías, y que tales ideas son producto de la imaginación de Rodríguez Palacios. En su opinión, la preocupación de los ciudadanos radica en el modelo de inmigración incontrolada que, según ella, impone el Gobierno de Pedro Sánchez.

De Miguel critica la “obsesión grotesca” del exalcalde por atacar a la actual regidora, sugiriendo que su interés radica más en obtener titulares que en defender los intereses de Alcalá de Henares. Acusa a Rodríguez Palacios de ser un “rehén” de su situación política y de estar alineado con intereses que no benefician a la ciudad.

Finalmente, De Miguel hace un llamado al PSOE para que deje de crear “cortinas de humo” y escuche las demandas de la ciudadanía. Enfatiza que Alcalá de Henares exige el cierre del CAED y pide que se termine con la improvisación y la falta de transparencia en la gestión de la inmigración. La portavoz concluye instando a Rodríguez Palacios a decidir si quiere ser parte del problema o alinearse con los intereses de los vecinos.