Dos falsos avisos de bomba en pocas horas activan las alarmas en Madrid

Un agente de Policía ha muerto y otro ha resultado herido grave después de que se haya producido un tiroteo y una posterior explosión en el entorno de las calles Rafael Urrusti y Purita de la Riva del barrio de Villafría, en Oviedo. El presunto agresor, Manuel Ferrero Álvarez, se ha dado a la fuga y está siendo buscado por las fuerzas de seguridad del Estado, que han cerrado los accesos a la ciudad e instalado dispositivos específicos en las entradas y salidas de la capital asturiana para tratar de interceptarlo.

Sobre las 7:30 horas se produjo un tiroteo de un hombre de una familia a una menor de 17 años de otra, ambas enfrentadas, y la mujer resultó herida de bala y fue trasladada al hospital, donde está fuera de peligro. Más tarde, sobre las 8:45 horas, las patrullas de seguridad ciudadana acudieron al bloque de viviendas sociales, localizaron una mochila sospechosa abandonada en el portal del inmueble y activaron de inmediato a las unidades especializadas en desactivación de explosivos y perros adiestrados, pero no llegaron a tiempo: al aproximarse los especialistas al bulto, la carga explosiva detonó de forma violenta, provocando un amplio cordón de seguridad con intervención de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios. Es aquí donde ha muerto el agente, su compañero ha resultado herido grave y también ha muerto el perro que trabajaba junto al agente fallecido. Las primeras líneas de investigación evalúan si el artefacto contaba con un sistema de activación por temporizador, trampa de movimiento o accionamiento a distancia tras el incidente armado previo.

Un falso aviso de bomba en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, en la zona de Guzmán el Bueno de Madrid, ha activado las alarmas de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Seguridad del Estado durante la noche de este martes. El gran despliegue policial y sanitario movilizado en la zona finalizó tras una hora sin que se localizara ningún artefacto explosivo, confirmándose que se trataba de una falsa alarma.

Tras una primera inspección en el entorno del edificio principal de la Dirección General de la Guardia Civil, las fuerzas del orden recibieron una segunda amenaza en una calle paralela, lo que obligó a reubicar temporalmente los recursos hacia la Avenida de la Reina Victoria antes de dar por desactivada la alerta definitivamente. El protocolo preventivo activado por Samur-Protección Civil ante la posibilidad de múltiples víctimas no tuvo que intervenir y la situación en el distrito de Moncloa-Aracava ha vuelto a la normalidad.

Vecinos de la zona han indicado que efectivos de la Policía les pidieron que desalojaran sus viviendas ante un aviso de bomba, y algunos no podían acceder a sus residencias porque la zona estaba precintada. Se trata del segundo aviso de bomba ocurrido este martes en Madrid: durante la tarde se reportó una alerta por un presunto maletín abandonado en las inmediaciones de la calle Félix Boix, en Chamartín, que también resultó ser falsa.

Siete acusados han admitido este martes en el juicio formar parte de una organización dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína en España camufladas en contenedores de plátanos con destino a Mercamadrid, en el marco de una operación que permitió intervenir 171,8 kilos de droga pura cuyo valor en el mercado ilícito superaría los 8,3 millones de euros. Antes de la vista oral, celebrada en la Audiencia Provincial de Madrid, las defensas han alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscal y las acusaciones para lograr una reducción de las penas de cárcel.

La fiscal solicitaba inicialmente 13 años de prisión para cada acusado por un delito contra la salud pública y por pertenencia a grupo criminal, además de una multa de 15 millones de euros para cada uno, y ahora las penas quedan reducidas a siete años y seis meses de cárcel por el delito contra la salud pública y a seis meses por la pertenencia a grupo criminal, y en algunos de los casos el tribunal ha acordado la expulsión de España tras cumplir parte de la condena. Según la acusación, la droga viajaba oculta en dobles fondos de los contenedores y tenía como destino una nave industrial de Barcelona, donde varios de los procesados se encargaban de extraerla antes de dar salida a la mercancía legal a través de Mercamadrid.

La investigación comenzó a principios de 2023, cuando el Equipo Técnico de Policía Judicial del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de la Guardia Civil tuvo conocimiento de la llegada de partidas de fruta procedentes de Sudamérica que entraban en España a través del puerto de Rotterdam con destino a Madrid, y las primeras inspecciones permitieron detectar cajas de fruta manipuladas y con dobles fondos destinados a ocultar estupefacientes. Los investigadores identificaron un entramado empresarial que utilizaba principalmente las sociedades Incomex Service SL y Diversidades Andinas Market SL como importadoras, mientras que Unifresh SL, con sede en Lisboa, actuaba como intermediaria para dar apariencia de legalidad a las operaciones y facilitar la comercialización de la fruta en Mercamadrid.

La investigación permitió documentar tres operaciones: la primera en mayo de 2023, cuando los agentes inspeccionaron en el puerto de Valencia un contenedor de plátanos procedente de Perú y localizaron 117 paquetes ocultos en un doble fondo con 95,7 kilos de cocaína pura; la segunda en octubre de ese año, con otro contenedor de bananas procedente de Perú inspeccionado en el puerto de Algeciras, donde localizaron 55 paquetes ocultos en el interior de la estructura del contenedor, que tras autorizarse la entrega vigilada fue trasladado hasta la nave industrial de Barcelona; y un tercer envío que llegó al puerto de Algeciras el 13 de octubre de 2023 con otros 41 paquetes de cocaína, con un peso de 47,1 kilos, escondidos en el hueco destinado al sistema de aire acondicionado del contenedor. La operación se saldó con la detención de los siete investigados entre los días 19 y 21 de octubre de 2023, y durante los registros practicados en sus domicilios y en el despacho profesional de uno de ellos los agentes intervinieron dinero en efectivo, teléfonos móviles, ordenadores, documentación mercantil, facturas, sellos de las sociedades y anotaciones relacionadas con los contenedores.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un teniente general de la Guardia Civil y a un empresario por delitos de cohecho relacionados con la contratación de obras de mejora y rehabilitación de cuarteles mediante la aplicación de corcho proyectado. La sentencia considera probado que el alto mando recibió dinero en efectivo, viajes y otros beneficios sufragados por el empresario después de promover la contratación de sus sociedades para realizar trabajos en distintas comandancias.

El fallo impone al teniente general Pedro V. J. un año de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y tres años de suspensión de empleo y cargo público, y al empresario Ángel Ramón T. de L. le impone también un año de prisión y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, tanto el empresario como las mercantiles Canarycork SL, Angrasurcor SL y Solocorcho SL quedan inhabilitados durante nueve años para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con entidades del sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, y la resolución recoge el veredicto unánime del jurado popular, que también se pronunció en contra de la suspensión de las penas y de la concesión de un eventual indulto.

Durante los años 2016 y 2017, Pedro V. J. ejercía funciones de subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, con responsabilidades sobre la dirección, coordinación y gestión de los recursos financieros, y entre sus atribuciones se encontraba la posibilidad de descentralizar créditos para atender las necesidades de las distintas unidades territoriales del cuerpo. Según declara probado la sentencia, el teniente general se valió de esa capacidad para dirigirse a diferentes comandancias y ofrecerles la descentralización de fondos destinados a realizar obras de pintura y mejora de las fachadas de los acuartelamientos, y en esas comunicaciones presentaba a Ángel Ramón T. de L., empresario al que conocía personalmente, como un contratista que estaba introduciendo en el mercado una técnica novedosa, el corcho proyectado, que podía solucionar los problemas de humedades en los edificios. La sentencia identifica actuaciones en las comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén y Santa Cruz de Tenerife, así como en la Zona de Murcia y en la Jefatura de Asuntos Económicos, y las tres sociedades vinculadas al empresario facturaron en noviembre y diciembre de 2016 un total de 1.382.873,52 euros por trabajos realizados para la Guardia Civil.

El tribunal considera igualmente probado que numerosas obras se ejecutaron de forma inadecuada, con deficiencias y trabajos no realizados detectados por los informes periciales, y el propio empresario reconoció que no aplicaba correctamente la técnica del corcho proyectado. Entre los beneficios acreditados figuran un viaje a Milán para asistir a una final de la Liga de Campeones por importe de 1.950,70 euros, el alojamiento del teniente general y su esposa en un hotel de Cádiz en noviembre de 2016, otro alojamiento en mayo de 2017 por importe de 264 euros, el pago de un cobertor para la piscina de la vivienda del alto mando en Alpedrete por valor de 1.650 euros, un viaje a Cardiff en junio de 2017 para otra final de la Liga de Campeones en el que participaron el teniente general, su hijo y un amigo de este con un coste de 1.410,66 euros, y tres entregas de dinero en efectivo de 15.000, 10.000 y 9.700 euros que el alto mando ingresó en sus cuentas bancarias. La Audiencia considera que la conducta del teniente general constituye un delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal, que castiga la aceptación de regalos o dádivas en consideración al cargo o función pública, y entiende que no se trató de simples obsequios derivados de una relación de amistad, sino de beneficios concedidos por un empresario interesado en obtener contratos de la Administración y que había sido recomendado por el propio alto mando.

La Policía Nacional ha detenido al trabajador de un quiosco de sorteos de Alcorcón que presuntamente utilizaba el establecimiento como punto de venta de droga, donde los agentes encontraron siete monodosis de cocaína, casi 900 euros en efectivo y diversos objetos de posible procedencia ilícita. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre, cuando agentes en labores de prevención en la vía pública observaron a un hombre que portaba varias bolsas y se dirigía de forma agitada hacia el quiosco, y tras mantener una breve conversación con el empleado ambos realizaron un intercambio: el primero introdujo una de las bolsas en el establecimiento y el trabajador le entregó una pequeña bolsa que el otro guardó entre sus pertenencias.

Al acercarse para identificar a ambos, los policías observaron que el empleado escondía debajo del mostrador varios objetos de la bolsa que acababa de recibir, por lo que procedieron a inspeccionar el establecimiento, donde localizaron cerca de 900 euros en efectivo independientes de la recaudación obtenida con la venta de sorteos, así como distintos efectos en sus embalajes originales que podrían haber sido sustraídos, entre ellos dos juegos de sábanas, tres balizas V16, tres paquetes de crema solar, una cámara de fotos, una báscula de precisión, siete juegos de llaves, dos clonadores y un mando de garaje. Ninguno de los dos hombres pudo explicar de forma coherente la procedencia de estos artículos y uno de ellos reconoció finalmente que eran objetos sustraídos, y durante el registro el trabajador intentó ocultar un monedero entre unos limones del establecimiento colindante, en cuyo interior el agente localizó siete monodosis de una sustancia estupefaciente aparentemente cocaína. Por estos hechos, el empleado fue detenido como presunto autor de delitos contra la salud pública y de receptación y posteriormente pasó a disposición de la autoridad judicial.

La Comunidad de Madrid ha recibido el aval de la Comisión Jurídica Asesora para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, después de que el órgano haya considerado acreditados incumplimientos relevantes del club y haya concluido que la extinción resulta "proporcionada". La Comisión aprobó por unanimidad un dictamen en el que establece que "procede la extinción de la concesión demanial" otorgada al Rayo Vallecano en 2019 "por incumplimiento de las obligaciones concesionales expuestas", según han trasladado fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

El órgano consultivo sostiene que han quedado acreditados "de modo suficiente incumplimientos relevantes por parte del concesionario" y señala que el Rayo incurrió en "muy diversos incumplimientos" relacionados fundamentalmente con el mantenimiento, la conservación, las inspecciones preceptivas y las condiciones de seguridad del estadio, y el dictamen analiza las actuaciones realizadas posteriormente en el recinto y constata que, una vez incoado el expediente, se produjo "una mejora en el estado del bien objeto de la concesión y en la ejecución de esta", aunque precisa que esa mejora afecta únicamente a una parte de los incumplimientos y que la subsanación posterior "viene a confirmar la realidad de los mismos al tiempo de su incoación".

La Comisión recuerda que la normativa fija un plazo máximo de ocho meses para resolver el procedimiento de extinción, contado desde su incoación el pasado 27 de julio, y la Comunidad deberá ahora continuar la tramitación hasta adoptar la resolución definitiva sobre la concesión. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, había avanzado recientemente que esperaba disponer "en pocos días" del dictamen y había asegurado que el expediente avanzaba de forma "satisfactoria" y dentro de los plazos previstos, e insistió en que una eventual extinción de la concesión no supondrá la salida del Rayo de Vallecas: según ha explicado, habrá un "periodo transitorio" para garantizar que el equipo continúe jugando en su estadio hasta que exista un nuevo concesionario.

La Comunidad inició el procedimiento de extinción el pasado 27 de julio tras recibir una primera auditoría que, según el Ejecutivo regional, detectó graves deficiencias relacionadas con el mantenimiento, la seguridad, la salubridad y distintos sistemas del recinto, y la orden incorporó además una suspensión cautelar de la concesión que impidió inicialmente al Rayo disputar sus partidos como local en Vallecas. Tras las actuaciones realizadas posteriormente en el estadio, una segunda auditoría concluyó en septiembre que las instalaciones inspeccionadas se encontraban "operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario", y la Comunidad levantó por ello la suspensión cautelar el 14 de septiembre, aunque mantuvo abierto el procedimiento para extinguir la concesión por los incumplimientos anteriores que atribuye al club.

Un hombre de 63 años ha resultado gravemente herido tras ser atropellado este martes por un motorista mientras cruzaba la vía de acceso a la carretera M-30 desde Puente de Vallecas, en Madrid, por una zona no habilitada a peatones. Los hechos se produjeron sobre las 13:45 horas, cuando sanitarios del Samur-Protección Civil se trasladaron hasta el lugar para atender a la víctima, que presentaba varias lesiones fruto del atropello.

Tras ser atendido en el lugar, el hombre fue trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón con un traumatismo craneoencefálico leve y una fractura abierta en la pierna derecha, y además una psicóloga del Samur atendió al motorista, que resultó ileso. La Policía Municipal escoltó el convoy hasta el hospital, mientras que su Unidad Judicial de Tráfico se ha hecho cargo del atestado.