Fidere no quiere renovar el alquiler a la portavoz de los afectados en Madrid

La concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha mostrado todo el apoyo del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ante la comunicación recibida por Arancha Mejías, portavoz de los afectados por la venta de viviendas sociales a fondos buitre. El alquiler de la familia de Mejías no será renovado, a pesar de cumplir con todos los requisitos para acceder a vivienda social y estar al día en todas sus obligaciones.

Mejías compareció en la comisión, creada por el Ayuntamiento de Madrid, para investigar la operación de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) vendidas al fondo buitre Fidere durante la pasada legislatura. “Quiero pensar que esa comparecencia no es consecuencia directa de la decisión de no renovar su alquiler”, apuntó Higueras.

“La ex alcaldesa Ana Botella aseguró tras la venta que nada cambiaría para los inquilinos. Esto demuestra que no es así”, apuntó Higueras.

La delegada aseguró que “haremos todo lo que esté en nuestra mano” para prestar el apoyo necesario ante esta situación. Se ofrecerá asistencia jurídica y se plantearán, en caso necesario, iniciativas en el pleno municipal y búsquedas de alternativa habitacional. También el grupo municipal socialista ha mostrado su respaldo ante la valiente posición de Mejías, como apuntó la concejala Mercedes González.

Durante las declaraciones conjuntas, Higueras aseguró que se puso en contacto con Fidere para confirmar la comunicación recibida por Mejías. Desde la empresa “han confirmado la decisión y asegurado que no la van a revisar”, explicó. “Yo espero que recapaciten, esta vivienda está destinada al alquiler y es incomprensible que no se les dé la oportunidad de renovar un contrato que necesitan”, apuntó Higueras.

El próximo 14 de septiembre se celebrará la última sesión de la comisión de investigación centrada en la operación de venta de 18 promociones de vivienda social a Fidere. Se conocerá entonces el dictamen de la comisión. Desde el Ayuntamiento se plantean acciones legales frente a esa operación.