Está investigado en el caso Ciudad Deportiva

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares Alberto Blázquez está citado a declarar como investigado el próximo 6 de octubre en el marco de las diligencias judiciales que investigan presuntos delitos de malversación de caudales públicos, nombramiento ilegal de funcionarios y prevaricación durante su etapa como responsable de la Ciudad Deportiva Municipal. La causa, instruida por la UDEF, se inició tras una denuncia presentada en agosto de 2024 por el portavoz de Vox en el Consistorio complutense y actual presidente del organismo autónomo, Víctor Acosta. Blázquez, que ocupó responsabilidades de gobierno entre 2015 y 2023, ya había sido citado a declarar el 14 de octubre de 2025, aunque su comparecencia fue suspendida a petición de su defensa.

La nueva citación ha reabierto la guerra interna entre los socios de gobierno de Alcalá. Vox ha señalado que este caso "evidencia la importancia de continuar esclareciendo todas las presuntas irregularidades" y ha denunciado que el Partido Popular, su socio en el Ejecutivo local, le sigue negando el acceso a la contabilidad de la Ciudad Deportiva Municipal, un extremo que, según Acosta, impide constatar y denunciar otras posibles irregularidades en la gestión del organismo. "Existen indicios y elementos que apuntan a la posible existencia de otras presuntas irregularidades adicionales a las que actualmente son objeto de investigación judicial", ha afirmado Acosta, que ha insistido en que "los vecinos tienen derecho a conocer toda la verdad".

Desde el PSOE de Alcalá han salido en defensa de su concejal. En un comunicado, el partido ha recordado que "no nos encontramos ante una nueva citación judicial, sino ante la continuación de un procedimiento cuya declaración ya estaba señalada hace casi un año". Además, han subrayado que el propio auto judicial hace referencia a "delitos sin especificar", sin concretar los hechos. Blázquez, según el PSOE, "comparecerá ante la autoridad judicial con absoluta tranquilidad y plena disposición para colaborar con la Justicia", y está convencido de su "absoluta inocencia". Los socialistas han denunciado el "uso político que VOX viene realizando de la Justicia" y han recordado que el propio Víctor Acosta "ha sido objeto, a su vez, de actuaciones judiciales promovidas por altos funcionarios municipales". El partido ha trasladado su apoyo tanto a Blázquez como a los trabajadores municipales del organismo, a los que considera "involucrados en una estrategia política que pone en cuestión su profesionalidad sin que exista pronunciamiento judicial alguno".

La causa judicial contra el concejal socialista Alberto Blázquez se remonta a agosto de 2024, cuando el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y actual presidente de la Ciudad Deportiva Municipal, Víctor Acosta, presentó una denuncia ante los tribunales por presuntas irregularidades en la gestión del organismo autónomo durante las dos legislaturas en las que Blázquez ostentó su responsabilidad (2015-2023). La denuncia, que señalaba supuestas contrataciones "irregulares" y "a dedo" por valor de cientos de miles de euros, así como nombramientos de personal sin justificación, fue asumida por la UDEF, que en enero de 2025 registró las instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal y se incautó de numerosa documentación.

Blázquez fue citado inicialmente a declarar el 14 de octubre de 2025, aunque no llegó a prestar declaración debido a la solicitud de suspensión planteada por su representación letrada. La causa, en la que se investigan delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y nombramiento ilegal de funcionarios, ha sido prorrogada hasta marzo, y el edil socialista tendrá que comparecer finalmente el próximo 6 de octubre. Mientras tanto, el PSOE ha denunciado el "uso político de la Justicia" por parte de Vox y ha asegurado que el auto judicial hace referencia a "delitos sin especificar", un extremo que contrasta con la información judicial conocida hasta la fecha, que ya menciona los delitos concretos que se investigan. El caso ha reabierto además la guerra interna en el gobierno municipal de coalición entre PP y Vox, al denunciar este último que el Partido Popular le niega el acceso a la contabilidad del organismo para poder investigar otras posibles irregularidades.