Falta el dictamen del Consejo de Estado

El Gobierno ha retrasado "unas semanas más" la entrada en vigor de la regularización extraordinaria de migrantes, cuyo real decreto se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado. Así lo ha confirmado este miércoles la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en RNE, donde ha enviado un mensaje de "tranquilidad" sobre el proceso.

El Consejo de Estado tiene hasta dos meses para emitir su dictamen, aunque Saiz ha señalado que esto no significa que vaya a agotar este plazo. Una vez cuenten con el dictamen, el real decreto deberá ser aprobado en Consejo de Ministros y, posteriormente, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de entonces, los solicitantes podrán presentar sus solicitudes.

El proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026, y según ha asegurado la ministra, "habrá tiempo suficiente para que todos los que cumplan los requisitos" puedan beneficiarse del proceso. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia para llevar a cabo esta regularización extraordinaria, tras un pacto entre PSOE y Podemos.

El proyecto de real decreto modifica el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España, retomando el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en 2004 por todos los grupos parlamentarios menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

El proceso está dirigido a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en el país. En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar. Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.

El retraso, aunque leve, supone un nuevo obstáculo en un proceso largamente esperado por organizaciones de migrantes y entidades sociales, que llevan años reclamando una regularización extraordinaria. El Gobierno confía en que el dictamen del Consejo de Estado se produzca en las próximas semanas y que el real decreto pueda ser aprobado antes de que finalice la primavera, dando tiempo suficiente a los solicitantes para presentar sus solicitudes antes del 30 de junio de 2026.

Mientras tanto, miles de personas permanecen en situación irregular en España, a la espera de que el Gobierno cumpla con su compromiso y ponga en marcha un proceso que, según los cálculos del Ejecutivo, podría beneficiar a medio millón de migrantes en todo el territorio nacional. La ministra Elma Saiz ha insistido en que el Gobierno mantiene su compromiso y que el proceso se llevará a cabo "con todas las garantías".