El Supremo avisa de que incumple la legislación europea y abre la puerta a la paralización cautelar

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en España ha recibido más de un millón de solicitudes, duplicando las estimaciones iniciales del Gobierno, y el plazo para la presentación de solicitudes finaliza este martes, mientras el Partido Popular ha criticado el proceso por considerar que contradice el criterio común de la Unión Europea y ha advertido de que la regularización masiva podría tener repercusiones para otros países europeos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que, gracias a un recurso presentado por las comunidades autónomas de Valencia y Aragón, el Tribunal Supremo ha emitido un auto que sugiere que España podría estar en incumplimiento de la normativa europea relacionada con la inmigración y el reglamento de retorno, y ha enfatizado que la regularización podría resultar en la llegada de un gran número de inmigrantes a diversas ciudades europeas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido el proceso calificándolo de "éxito" y ha subrayado que detrás de cada solicitud hay historias de vida y que muchas personas dejarán de estar en los márgenes invisibles de la sociedad.

El cierre del proceso de regularización se ha convertido en un tema de intenso debate político y social, y el Gobierno ha destacado que la regularización permitirá a miles de inmigrantes regularizar su situación y acceder a derechos que antes no tenían. La ministra Saiz ha prometido ofrecer una comparecencia a finales de semana para proporcionar todos los datos relacionados con la regularización, mientras el PP ha insistido en la necesidad de un mayor control en las fronteras y de una política migratoria común en la Unión Europea. El proceso de regularización ha sido valorado positivamente por las organizaciones de apoyo a los inmigrantes, que han destacado la importancia de regularizar la situación de miles de personas que contribuyen a la economía y la sociedad española.

El debate sobre la regularización de inmigrantes en España refleja las tensiones entre la necesidad de regularizar la situación de miles de personas que viven en España y las preocupaciones sobre el impacto en los servicios públicos y en la seguridad. El Gobierno ha defendido la regularización como una medida necesaria para garantizar los derechos de los inmigrantes y para luchar contra la economía sumergida, mientras la oposición ha advertido de que podría generar un efecto llamada y aumentar la presión sobre los servicios sociales. La culminación de este proceso y la presentación de datos adicionales por parte del Gobierno serán cruciales para entender su impacto a largo plazo en la sociedad española y en su relación con la Unión Europea.

El Tribunal Supremo ha dado un paso clave en el contencioso sobre la regularización masiva de inmigrantes al abrir la puerta a su paralización cautelar. En una providencia fechada el 24 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha elevado "dudas más que razonables" sobre la compatibilidad del Real Decreto del Gobierno con el Derecho de la Unión Europea, en particular con el nuevo Pacto de Migración y Asilo, y ha concedido a las partes un plazo de cinco días para formular alegaciones sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. Los magistrados han identificado seis bloques de posibles incompatibilidades, entre ellas que la norma española otorga un permiso de residencia ordinario a solicitantes de protección internacional cuando el reglamento europeo solo reconoce un "derecho de permanencia" durante la tramitación, y que la regularización afecta a un número muy elevado de personas sin notificación previa a la Comisión Europea, lo que podría vulnerar el deber de cooperación leal. La decisión, que llega cuando el proceso ha superado las 1,2 millones de solicitudes, el doble de lo que estimaba el Gobierno, sitúa a la regularización en una encrucijada judicial que podría derivar en un freno cautelar mientras el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncia sobre el fondo del asunto.