PP y PSOE pactan que los debates los organice la Academia

La campaña electoral del 29N ha amanecido con un giro de guion que nadie esperaba y que puede alterar los cálculos de todos los partidos. El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho al voto de los hijos de las personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Nietos, una decisión que, según los cálculos que manejan los partidos, podría permitir votar a casi 200.000 personas que hasta ahora estaban en el limbo administrativo.

La batalla judicial se remonta a los recursos presentados contra la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que permitía a los descendientes de españoles obtener la nacionalidad. La suspensión cautelar de la inscripción en el censo electoral había dejado a miles de personas sin poder ejercer su derecho al voto, pero el Supremo ha decidido ahora levantar esa suspensión, abriendo la puerta a que estos nuevos electores participen en los comicios. La decisión, sin embargo, no está exenta de polémica: los críticos sostienen que muchos de estos votos podrían corresponder a personas que no tienen un vínculo real con España y que su inclusión en el censo responde a un interés político del Gobierno.

El Tribunal Supremo ha rechazado ampliar la suspensión del derecho al voto a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Nietos, una decisión que permitirá a este colectivo, residente en el extranjero, participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado así la petición presentada por Vox e Iustitia Europa, que pretendían excluir del censo electoral a un grupo que, según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, asciende a **189.678 ciudadanos** inscritos en el CERA a fecha de 1 de agosto.

Los magistrados fundamentan su decisión en la falta de tiempo material para ejecutar una nueva revisión del censo con las garantías necesarias. El Supremo destaca que la solicitud llega cuando ya ha transcurrido más de la mitad del calendario electoral y apenas quedan dos semanas para que comience el depósito del voto en los consulados. En su resolución, los jueces expresan "serias dudas sobre la viabilidad" de extender ahora la restricción, puesto que sería necesario identificar individualmente a los electores, permitirles presentar alegaciones y adoptar medidas para custodiar su documentación electoral antes de la celebración de los comicios.

La controversia se centra en el apartado 1.b de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que permite adquirir la nacionalidad a los hijos mayores de edad de personas que previamente la obtuvieron mediante la legislación de memoria histórica de 2007 o la norma aprobada en 2022. En septiembre, el Supremo ya acordó suspender cautelarmente el voto de más de 163.000 personas nacionalizadas como descendientes directos de españoles emigrados o exiliados. Sin embargo, aquella decisión no afectó a los hijos de estos nuevos ciudadanos, que ahora son el colectivo que Vox e Iustitia Europa pretendían excluir.

La Abogacía del Estado se opuso a la solicitud al considerar que resultaba "materialmente inviable" identificar a todos los afectados antes de la celebración de los comicios. Los servicios jurídicos del Ejecutivo explicaron que no existe una relación nominal con el nivel de detalle reclamado y que elaborarla exigiría revisar expedientes individuales y establecer la vinculación entre cada elector y el familiar que permitió su nacionalización. Además, advirtieron de que el procedimiento electoral ya se encuentra en una fase avanzada, con documentación remitida a los votantes y plazos especialmente ajustados para el sufragio desde el extranjero.

La decisión del Supremo supone un balón de oxígeno para el PSOE, que ve cómo casi 190.000 nuevos electores (muchos de ellos con vínculos familiares en España) podrían inclinar la balanza en circunscripciones ajustadas. El Gobierno ya intentó facilitar el voto de este colectivo con el DNI digital y los lectores de QR en las mesas electorales, y ahora el Supremo le da la razón en el plano judicial.

Para el PP y Vox, es una bomba política. Ambos partidos han denunciado lo que consideran un "fraude electoral" y han exigido que se esclarezca quién está detrás de la inclusión masiva de estos votantes en el censo. La decisión del Supremo les da un nuevo argumento para atacar al Gobierno, aunque el tribunal haya dejado claro que su resolución se basa en criterios de seguridad jurídica y no en la validez del derecho al voto de estos ciudadanos. Con casi 190.000 nuevos electores en juego, el censo del 29N es ya el más disputado de la historia reciente de España.

Mientras el Supremo revoluciona la campaña, la jornada ha estado marcada por la festividad de la Almudena. La presidenta de la Comunidad de Madrid, **Isabel Díaz Ayuso**, ha pedido "rezar por los que han perdido la vida este año, en especial en los accidentes de tren", y ha asegurado que "el miedo es que esto siga como está, a que tengamos miedo a coger un tren". El alcalde, **José Luis Martínez-Almeida**, ha reivindicado la bajada de impuestos frente al 'Tax the Rich' del Frente Amplio, al que ha acusado de "copiar ideas del extranjero porque no tienen ideas propias". La portavoz socialista, **Reyes Maroto**, ha defendido la "progresividad fiscal" y ha asegurado que "no venimos a pedir milagros, sino que Madrid funcione".

En el plano económico, el candidato de Frente Amplio, **Emilio Delgado**, ha presentado su propuesta de recaudar **11.000 millones de euros** con un impuesto al 1% más rico de la población, y ha reivindicado el voto útil para su formación. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha publicado la resolución que regula los permisos retribuidos para ir a votar el 29N, con hasta cuatro horas de permiso para los trabajadores cuyo horario coincida con la apertura de las mesas electorales.

El pulso por los debates electorales ha vivido este lunes un nuevo capítulo. El secretario general del PP, **Miguel Tellado**, ha llamado a la portavoz de campaña socialista, **Rebeca Torró**, para aceptar la propuesta de que la **Academia de Televisión** organice los encuentros entre los candidatos, una fórmula planteada por el PSOE después de que el PP se negara a que fuera RTVE quien los gestionara. El acuerdo contempla un **cara a cara** entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el próximo **16 de noviembre**, y un **debate a cuatro o cinco** el **26 de noviembre**.

Sin embargo, el PP ha querido dejar constancia de su malestar por lo que considera un "veto" del PSOE a los grupos de comunicación privados. Según fuentes populares, Torró ha insistido en rechazar que Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta organicen los debates, a pesar de que Atresmedia y Mediaset solicitaron formalmente su celebración hace casi un mes. Además, la portavoz socialista se ha mostrado poco partidaria de la presencia de Podemos en el segundo de los encuentros.

El PP ha recordado que Sánchez aceptó hace tres años participar en un cara a cara como el planteado por Mediaset y en un debate organizado por Atresmedia. Ahora, sin embargo, el PSOE exige que sea la Academia de Televisión la que arbitre los encuentros y pone condiciones sobre quién debe estar en el debate a cuatro. Para los populares, esta actitud supone un cambio de criterio que evidencia el miedo del presidente del Gobierno a enfrentarse a Feijóo en un formato que no controle.

Con este nuevo escenario, el PP ya ha trasladado a la presidenta de la Academia de Televisión, **María Casado**, su disposición a mantener una reunión "cuanto antes" para comenzar a negociar los términos de los encuentros. El PSOE, por su parte, celebra que el PP haya aceptado la fórmula de la Academia y asegura que su objetivo es garantizar que todos los medios que lo deseen puedan emitir "libremente" los debates.

La adjudicación de la nueva licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) sigue envuelta en un manto de opacidad que salpica directamente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige el socialista **Óscar López**. Según ha revelado *The Objective*, el departamento ha denegado el acceso a las puntuaciones técnicas y a los informes de valoración que otorgaron la licencia a **La Séptima**, la cadena impulsada por José Miguel Contreras (fundador de La Sexta) y Javier Ruiz (ex de TVE y Cadena SER), escudándose en la Ley de Protección de Datos.

La solicitud de información fue tramitada a través del Portal de Transparencia y dirigida a la Dirección General de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación Audiovisual. La respuesta oficial, firmada por la directora general, concede un acceso "parcial" al expediente, pero **bloquea los datos clave**: quién elaboró los informes técnicos, quién los validó y qué puntuaciones obtuvieron cada una de las dos candidaturas que competían por la frecuencia. Además, los informes utilizados para tomar la decisión tampoco han sido facilitados.

El concurso, resuelto el pasado mes de mayo, enfrentó a **Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo, S.L.** (la sociedad que explota La Séptima) con **Mediaset España**. La cadena de Contreras y Ruiz se impuso, pero a día de hoy se desconoce bajo qué criterios técnicos. La opacidad resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta el contexto: la concesión de una licencia de ámbito estatal para un nuevo operador de televisión es un procedimiento de enorme relevancia que, sin embargo, se ha resuelto sin que se conozcan las notas que justificaron la elección.

La revelación de *The Objective* llega apenas una semana después del estreno de La Séptima, un canal que nació con una vocación explícitamente "progresista" y que, en su primera semana de emisiones, ha centrado su parrilla en entrevistas y espacios de actualidad política con protagonistas socialistas, como el propio Óscar López, Carlos Cuerpo (el ministro de Transportes tras la salida de Puente) o Gabriel Rufián. Su programación y su sintonía con el Ejecutivo han hecho que en redes sociales ya se le conozca como "Telepedro 2.0".

La paradoja política es mayúscula. El Ministerio que ahora se aferra a la Ley de Protección de Datos para impedir la fiscalización de sus decisiones es el mismo que exige a diario transparencia a la Comunidad de Madrid por la compra del ático de Ayuso o a la gestión de Adif. Mientras el PSOE acusa al PP de ocultar información, el departamento de Óscar López veta la publicación de los informes técnicos que sustentan una decisión tan relevante como la concesión de una licencia estatal de televisión.

Este episodio añade una nueva capa de sospecha sobre el uso de las instituciones por parte del Ejecutivo. La concesión de licencias de TDT está sujeta a principios de concurrencia competitiva y transparencia. Que el Gobierno se niegue a revelar quién evaluó los proyectos y qué puntuaciones obtuvo cada uno abre la puerta a todo tipo de especulaciones sobre el trato de favor hacia una cadena afín y aleja la decisión de cualquier atisbo de objetividad técnica. La pregunta es si esta noche, en la entrevista que el propio Óscar López u otro responsable socialista conceda en televisión, alguien tendrá el valor de preguntarles por qué ocultan las notas de la cadena que ellos mismos han bendecido.

La decisión de la Junta Electoral Provincial de Valladolid de mantener el nombre de Óscar Puente en las papeletas del PSOE para el 29N, a pesar de su renuncia, ha quedado envuelta en una sospecha de conflicto de intereses. Según ha revelado *Artículo 14*, una de las vocales de la Junta que avaló la medida, **Soledad Ortega**, mantiene una relación personal y profesional estrecha con el exministro y con su entorno familiar.

Ortega es esposa del también juez **Emilio Vega** y, según la información publicada, mantendría una "relación próxima" con los hermanos de Puente: **Sofía Puente**, fiscal, y **Óscar Puente**, abogado. Pero la vinculación va más allá de lo personal: en 2023, Puente, Ortega y Vega **denunciaron conjuntamente** a varios periodistas y a un abogado por supuestas injurias relacionadas con la publicación de que tendrían cuentas en Andorra. Es decir, la jueza que ahora ha participado en una decisión clave sobre el futuro electoral de Puente ha sido su compañera de denuncia en un procedimiento judicial.

La Junta Electoral de Valladolid desestimó la petición del PSOE de retirar a Puente de la papeleta, argumentando que las candidaturas proclamadas son inmodificables, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Sin embargo, la Junta fue más allá y **avaló que las papeletas en las que los votantes tachen manualmente el nombre de Puente sean consideradas válidas** y no nulas, una decisión que, según *Artículo 14*, contraviene la propia LOREG.

El artículo señala que, para cumplir con su palabra de dimitir, Puente tendría que renunciar expresamente a recoger el acta de diputado si resulta elegido, algo que no ha hecho. De este modo, el exministro podría conservar el escaño y sumar un diputado más al PSOE en una circunscripción clave, a pesar de haber anunciado su salida de la política.

La revelación de la vinculación de la jueza con Puente añade una nueva capa de sospecha sobre el proceso. La oposición ya ha exigido explicaciones y ha cuestionado la imparcialidad de la Junta Electoral, mientras que el PSOE se limita a defender la legalidad de la decisión. El caso pone de manifiesto la importancia de las Juntas Electorales, órganos que, aunque formados por jueces, no están exentos de las redes de influencia y de los conflictos de interés que rodean a los grandes partidos. La pregunta que sobrevuela es si la decisión de mantener a Puente en la papeleta responde a criterios estrictamente jurídicos o si, por el contrario, la relación personal de la jueza con el exministro ha pesado en el resultado.

La jornada de este lunes ha dejado una de las imágenes más controvertidas de la campaña. Pedro Sánchez no asistirá este martes al funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Urda en la Catedral de Toledo, una ceremonia a la que han confirmado su asistencia los Reyes. El presidente del Gobierno ha delegado su representación en el ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, y en la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón. Según ha trascendido, a esa misma hora Sánchez tiene previsto grabar un podcast electoral con el youtuber Jordi Wild.

El Gobierno justifica la ausencia en que Sánchez "no acostumbra a asistir a oficios religiosos" y recuerda que no acudió a los funerales por las víctimas de la dana ni por las del accidente de Adamuz, aunque sí asistió a la misa del Papa en la Sagrada Familia. Sin embargo, la coincidencia con la grabación del podcast y la magnitud de la tragedia (69 muertos) han desatado las críticas de la oposición, que considera que el presidente "falta al respeto a las víctimas" y antepone su estrategia mediática al deber institucional.

En el plano migratorio, la isla de El Hierro se encuentra al límite de su capacidad. Un total de **221 inmigrantes** han sido rescatados este lunes, y en los últimos diez días han llegado **5.000 personas**, casi la mitad de la población de la isla. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha cargado contra el Gobierno central por no haber atendido sus advertencias y ha anunciado que mañana reclamará más medios humanos y materiales. El Ejecutivo ha enviado un avión militar para trasladar a inmigrantes a la Península.

En el plano político, Alberto Núñez Feijóo ha negado rotundamente que el PP haya ofrecido dinero a Koldo García: "En nombre del Partido Popular no se ha ofrecido un euro a nadie". Asimismo, ha prometido que si gobierna derogará la ley de vivienda y la sustituirá por un plan para construir un millón de viviendas, además de modificar la ley del 'solo sí es sí' y la ley trans.

Por su parte, el PNV ha presentado su programa electoral, en el que reivindica el derecho a decidir, el reconocimiento nacional y un nuevo estatus político para Euskadi. Su candidata por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha advertido al PP y Vox de que "quien pretenda hacer retroceder a Euskadi encontrará una oposición firme".

Frente Amplio ha centrado su campaña en la vivienda con el lema 'Un voto como una casa' y ha confirmado actos de Colau en una decena de comunidades autónomas. El partido confía en alcanzar el 10% de intención de voto para duplicar sus escaños y disputar circunscripciones clave a Vox.