PSOE y Más Madrid votaron a favor mientras que VOX se abstuvo

En la Asamblea de Madrid, se llevó a cabo una votación crucial relacionada con la gestión del Hospital Universitario de Torrejón. El Grupo Parlamentario Popular (PP) rechazó la creación de una comisión de investigación solicitada por el partido Más Madrid, que tenía como objetivo analizar la calidad asistencial del hospital, especialmente en relación con la gestión de la empresa Ribera Salud y la supervisión por parte de la Comunidad de Madrid.

La solicitud de Más Madrid para establecer una comisión de investigación surgió tras la divulgación de audios del CEO de Ribera Salud, donde se discutía la posibilidad de revertir la reducción de las listas de espera en el hospital. Esta revelación generó inquietud sobre la calidad del servicio y la atención a los pacientes.

El propósito de la comisión era investigar el impacto de la gestión de Ribera Salud en la calidad asistencial y evaluar el cumplimiento de las funciones de control que correspondían a la Comunidad de Madrid. Se buscaba esclarecer si había habido incumplimientos en los contratos y si existía un riesgo para la salud de los pacientes debido a la posible reutilización de material de un solo uso.

El diputado del PP, Raúl Martín Galán, defendió la gestión del Hospital de Torrejón, describiéndolo como un "ejemplo de excelencia" que opera bajo un modelo de concierto económico, lo que, según él, no constituye una privatización. Galán cuestionó la existencia de un escándalo, argumentando que aunque se habían señalado incumplimientos de contrato, no se habían presentado pruebas concretas. Además, rechazó las acusaciones sobre la reutilización de material de un solo uso, afirmando que las inspecciones no habían encontrado evidencia de tales prácticas.

Hugo Martínez Abarca, representante de Más Madrid, enfatizó la gravedad de los audios del CEO y un correo electrónico que sugería la reutilización de material desechable. Criticó el sistema sanitario al afirmar que los pacientes sufren mientras los directivos se benefician. Martínez Abarca también desconfió de la investigación anunciada por la Comunidad de Madrid, sugiriendo que no había credibilidad en el proceso.

La diputada del PSOE, Sara Bonmatí, se unió a las críticas, denunciando lo que describió como una "arquitectura del privilegio" en Madrid, donde se privatizan los servicios públicos y se socializan las pérdidas. Bonmatí exigió transparencia y fiscalización, queriendo saber si se estaban cumpliendo los pliegos de condiciones y cuánto dinero público se estaba desviando hacia beneficios empresariales. También planteó preocupaciones sobre el riesgo a la salud por la reutilización de material.

La parlamentaria de Vox, Raquel Barrero Alba, abogó por una auditoría "técnica e independiente" en lugar de una investigación parlamentaria, argumentando que el asunto no debería convertirse en un espectáculo político. Barrero Alba expresó que una comisión de investigación no garantiza rigor técnico ni resultados útiles en temas de gestión y salud.