 El Molino anuncia que lo llevará a los tribunales
La Asociación El Molino ha anunciado que emprenderá nuevas acciones judiciales contra el Ayuntamiento de San Fernando de Henares tras la adjudicación del contrato para redactar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un instrumento con el que el Consistorio pretende dar una salida urbanística al conflicto de la Plaza de España.
El caso, que se remonta a la operación de rehabilitación iniciada en 2009, ha acumulado varias sentencias firmes que anulan el Plan Especial, el proyecto de reparcelación y las licencias urbanísticas vinculadas a las edificaciones y los aparcamientos subterráneos. La ejecución de esas sentencias continúa bajo la supervisión de distintos juzgados y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La asociación considera que una modificación puntual del PGOU no puede servir para regularizar actuaciones declaradas ilegales por los tribunales. Además, sostiene que recientes resoluciones judiciales ya habrían advertido de que la ejecución de las sentencias no puede condicionarse a una futura modificación del planeamiento urbanístico.
La entidad también cuestiona el procedimiento de contratación y ha anunciado que solicitará acceso al expediente para estudiar una posible impugnación, al tiempo que pone en duda tanto el perfil de las empresas participantes como los criterios empleados en la adjudicación.
La Asociación El Molino establece un paralelismo con el conocido caso urbanístico de Marbella, recordando la doctrina del Tribunal Supremo que impidió utilizar un nuevo planeamiento para legalizar actuaciones previamente declaradas ilegales. A su juicio, esa jurisprudencia sería igualmente aplicable a la situación de San Fernando de Henares.
El gobierno municipal de Javier Corpa (PSOE) reconoce las sentencias pero descarta tajantemente la demolición. El equipo de gobierno afirma que ya está trabajando en nuevos instrumentos urbanísticos (una modificación puntual del PGOU y un nuevo Plan Especial) para regularizar la situación, defendiendo el interés general y la titularidad pública de la plaza. En septiembre de 2025, el Pleno aprobó por unanimidad una proposición en defensa del interés general de la Plaza de España.
El caso Plaza de España continúa así abierto tanto en el ámbito judicial como en el urbanístico, mientras el Ayuntamiento mantiene su apuesta por una modificación del planeamiento como vía para tratar de resolver uno de los conflictos urbanísticos más prolongados de San Fernando de Henares. |
