El Gobierno la manda a Tarragona, y deja al Real Sitio como subsede técnica

El proyecto español para albergar una de las grandes gigafactorías europeas de inteligencia artificial avanza con un marcado protagonismo del Gobierno central, que se ha arrogado la presidencia de la sociedad conjunta, y con un papel secundario para San Fernando de Henares, que aparece en la candidatura como subsede técnica sin que se vaya a construir nueva infraestructura en el municipio.

La sociedad Gigafactoría Española de Inteligencia Artificial SL fue creada a finales de junio para vehicular la candidatura española. En ella participan la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) —dependiente del Ministerio de Transformación Digital— con un 47,99% del capital; la Generalitat de Cataluña con un 1%; y las empresas Telefónica, Banco Santander y ACS con un 15,67% cada una, además de Multiverse Computing con un 4%.

Aunque el Ejecutivo ha destacado la mayoría accionarial privada (51%), al configurar el consejo de administración el planteamiento ha sido diferente. La presidencia se la ha quedado la SETT, representada por José Marino García, director de Capitalización de la SETT, cuyos cargos inmediatamente anteriores fueron asesor sénior y responsable de la unidad de proyectos estratégicos de La Moncloa.

Telefónica ocupa la primera vicepresidencia, Banco Santander la segunda, y ACS asume la secretaría del consejo. Fuentes cercanas a la sociedad destacan que toda esta estructura ha sido diseñada por el Gobierno, que es quien en estos momentos ejerce el control del proyecto. Aunque la candidatura española es multisede, con Móra la Nova (Tarragona) como sede principal y San Fernando de Henares como segunda ubicación, el papel del municipio madrileño es más limitado de lo que inicialmente se había planteado.

En San Fernando de Henares no se construirá nada nuevo: la candidatura se apoya en el campus que la estadounidense Iron Mountain ya está levantando en el Parque Empresarial del municipio. La instalación prevista en el municipio complementaría la sede catalana y permitiría reducir la latencia de los servicios de IA, pero no supondría una inversión en nueva infraestructura pública. El Consejo de Ministros autorizó el pasado junio una inversión de 719 millones de euros a través de la SETT, más una aportación voluntaria de 300 millones a EuroHPC. La inversión total prevista ronda los 5.000 millones de euros.

La Comisión Europea aprobó el 20 de agosto la creación de la sociedad conjunta, pero solo en términos de competencia: Bruselas ha certificado que la sociedad no distorsiona el mercado. No es una concesión de la gigafactoría ni un compromiso de financiación europea. La convocatoria de la UE, que prevé levantar hasta siete gigafactorías en el continente, se abrió el 30 de julio. España compite con su propuesta multisede, y la decisión definitiva se producirá después de evaluar las distintas candidaturas. Si resulta elegida, las instalaciones seleccionadas podrían comenzar su desarrollo a partir de 2027.