Aprueban un Anteproyecto de Ley que tendrá muy difícil salir aprobado por el Congreso

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que tiene como objetivo derogar la Ley 15/1997, la cual permite la colaboración entre el sector público y privado en la sanidad. La nueva normativa limitará este modelo a situaciones excepcionales y previa evaluación, priorizando así la gestión pública de los servicios sanitarios.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado esta ley como un "triunfo de la sociedad civil", que busca proteger el Sistema Nacional de Salud de intereses especulativos y privatizadores. En su intervención, destacó que la ley responde a un lema popular: "La sanidad no se vende, la sanidad se defiende". García también ha criticado casos recientes de corrupción y mala gestión en el sector privado, argumentando que estos no son incidentes aislados, sino un problema estructural que afecta la calidad de la asistencia sanitaria.

La nueva normativa establece que la colaboración entre la administración y entidades privadas solo será permitida en casos donde no sea viable la prestación directa por parte de entidades públicas, y siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y la calidad del servicio. Además, cualquier modelo de colaboración deberá someterse a una evaluación previa obligatoria, que incluirá un análisis realizado por un comité de expertos y un informe que será publicado en el boletín oficial correspondiente.

El anteproyecto introduce una cláusula en la Ley de Contratos del Sector Público que prioriza a las entidades sin ánimo de lucro en caso de empate y prohíbe que las empresas privadas que construyen hospitales participen en su gestión.

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el anteproyecto iniciará su tramitación, que incluirá una fase de consulta pública, una segunda vuelta de aprobación en el Consejo de Ministros y, finalmente, su discusión en el Congreso de los Diputados. La ministra García ha expresado su confianza en obtener apoyo parlamentario, argumentando que es difícil que algún partido priorice intereses económicos sobre la salud de los ciudadanos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado duramente la iniciativa del Gobierno, acusándolo de querer "acabar" con la sanidad madrileña y de actuar con "amenazas, mentiras e imposiciones". Ayuso defiende el modelo de colaboración público-privada como una elección de los ciudadanos y sostiene que es fundamental para el crecimiento y la sostenibilidad del sistema sanitario en la región.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha calificado el anteproyecto como una "ley anti-Madrid" y ha criticado el "oscurantismo" del Ministerio de Sanidad. Matute ha afirmado que la ministra García está más enfocada en hacer oposición a la Comunidad que en abordar problemas reales como la huelga de médicos, sugiriendo que el Gobierno debería aprender de la experiencia de Madrid en materia de inspecciones y auditorías.