En conjunto ambos contratos se acercan a los treinta mil euros

El Grupo Municipal de VOX en Ajalvir ha denunciado que el gobierno local de AIA y PSOE, liderado por el alcalde Víctor Miguel Malo Gómez, destinará 29.650 euros de fondos públicos a programas de políticas de género a través de dos contratos menores adjudicados a la Fundación Iniciativa Social. La formación considera este gasto un "derroche" mientras persisten en el municipio problemas recurrentes de limpieza, mantenimiento y conservación, como la acumulación de excrementos caninos, maleza en aceras y deficiencias en la recogida de residuos. El portavoz Manuel Méndez ha señalado que los vecinos pagan sus impuestos para disfrutar de servicios públicos eficientes y de un municipio limpio, no para financiar "programas ideológicos".

VOX rechaza que se justifique este gasto por proceder de subvenciones, recordando que son fondos públicos financiados por los ciudadanos y que deben responder a sus prioridades. La formación destaca que otros municipios han utilizado este tipo de recursos para impulsar medidas con impacto directo, como iniciativas de conciliación familiar, ludotecas o campamentos urbanos. El grupo municipal considera especialmente grave que este gasto se produzca en un momento de continuas quejas vecinales y exige al alcalde que reoriente los recursos públicos hacia la mejora de los servicios municipales básicos.

Desde VOX han concluido que "los vecinos no piden más ideología. Piden un municipio limpio, cuidado, seguro y con servicios públicos que funcionen". La formación ha instado al equipo de gobierno a reconsiderar el destino de los recursos públicos para atender las necesidades reales de los ciudadanos de Ajalvir.

La ley establece que cualquier servicio que supere los 15.000 euros debe publicarse, anunciarse y permitir que varias empresas compitan por él, garantizando así transparencia y el mejor precio para los vecinos. Sin embargo, adjudicando dos contratos menores por el mismo importe a la misma empresa y con el mismo fin, el Ayuntamiento se ha saltado esa obligación. Esta práctica, que técnicamente se llama fraccionamiento ilícito del gasto, no es un simple error administrativo: es una infracción grave que intenta ocultar la contratación a la vista del público y de los fiscales.