Madrid desvela que las solicitudes de cita previa casi se han cuadruplicado

El primer día de citas presenciales para acogerse al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno central ha evidenciado la fractura política en la Comunidad de Madrid.

Mientras los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid registraban un aumento exponencial de solicitudes (de 1.500 a 5.500 citas diarias), la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, denunciaba "colas y aglomeraciones" y el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, calificaba la medida de "auténtica barbaridad". La izquierda, por su parte, celebraba que el proceso funcionaba con "normalidad" y acusaba al PP de "xenofobia" y de "boicotear" los derechos de los migrantes.

En Alcalá de Henares, las primeras horas tras la entrada en vigor del proceso dejaron imágenes de largas colas, esperas prolongadas y aglomeraciones en los servicios municipales, especialmente en servicios sociales, empadronamiento y atención básica. La alcaldesa Judith Piquet, también presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), advirtió de que los municipios están "empezando a sufrir las consecuencias de la nefasta política migratoria" del Ejecutivo central y alertó de que la situación puede agravarse en los próximos días si no se adoptan medidas urgentes.

Piquet denunció que el decreto se ha aprobado "sin planificación, sin diálogo institucional y sin tener en cuenta la capacidad real de respuesta de las administraciones locales". Según la alcaldesa, son los ayuntamientos los que deben afrontar el aumento de la demanda en servicios sociales, atención municipal, escolarización, seguridad y trámites administrativos derivados del proceso, pero sin ningún tipo de respaldo económico o de personal. La regidora reclamó una reunión urgente con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ante lo que considera una "absoluta falta de interlocución".

En el Ayuntamiento de Madrid, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández (PP), aseguró que el proceso ha provocado un aumento "exponencial" de solicitudes, pasando de 1.500 citas diarias hace una semana a 4.000 tras la entrada en vigor del decreto y hasta 5.500 al día siguiente. Fernández calificó la decisión de "precipitada y quizá buscando el colapso", y anunció que el Ayuntamiento limitará la emisión de certificados de vulnerabilidad a los casos en los que exista intervención social previa. "No voy a certificar aquello que no podamos acreditar", afirmó.

El delegado también advirtió de posibles "efectos llamada" derivados de la medida: "Tiene un efecto llamada que puede tener como consecuencia que más personas mueran en pateras", declaró, calificando la situación de "gravísima" y "absolutamente frívola". Estas declaraciones provocaron la reacción inmediata del PSOE municipal, que las tachó de "falsas, irresponsables y profundamente inhumanas" y exigió una rectificación.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, calificó el proceso de "auténtica barbaridad" y acusó al Ejecutivo central de querer "colapsarlo todo". "Lo que nos gustaría es que hubiera un proceso ordenado, de una inmigración vinculada al empleo y que no diera pábulos a las mafias", reprochó.

García Martín aseguró que la medida convierte a España en "un paraíso" para la inmigración irregular y recordó que el pasado viernes el Gobierno regional ya llevó el asunto al Tribunal Supremo pidiendo medidas cautelares. "Es una barbaridad y promueve el caos absoluto", insistió.

Frente a las críticas del PP, la izquierda defendió el proceso. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, reclamó que "todas las instituciones colaboren" y definió la regularización como "una enorme ampliación de la democracia". "Es lo que ocurre cuando cientos de miles de personas sin derechos se convierten en personas con derechos", planteó.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, celebró que el Gobierno central haya "dado la oportunidad a muchísimas personas que ya conviven entre nosotros para darles algo tan sencillo como vivir tranquilos". Y la concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Ana Lima, tachó las declaraciones de José Fernández de "profundamente inhumanas" y le exigió una rectificación inmediata.

Lima también instó al Gobierno de Almeida a "colaborar" en el proceso y criticó la "injusta" decisión de "abrir las puertas y rendir honores" a la líder opositora venezolana María Corina Machado, mientras "se las cierra" a miles de migrantes que ya viven en Madrid. "Endurecer los requisitos para su regularización no es una cuestión técnica, es una decisión política que levanta barreras", afirmó.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aprovechó la visita de Machado para lanzar un dardo a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Martín afirmó que le hubiera gustado que la líder opositora venezolana, que recibió la Medalla de Oro de la región, hubiera aprovechado el acto para pedir a Ayuso que "dejara de boicotear" el proceso de regularización. "Hay quienes celebran la Hispanidad con cabalgatas, pero cuando llega la hora de los derechos de los ciudadanos lo boicotean. Pido menos cabalgatas y más derechos", remachó.

Martín también condenó los cánticos racistas dirigidos contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por parte de algunos asistentes al acto de Machado en la Puerta del Sol. "Hay quienes parecen que lanzan proclamas a la libertad y se dejan por el camino lo más básico, que es el respeto a los demás", afirmó.

El primer día de la regularización ha dejado una imagen de normalidad administrativa (citas, colas, trámites) pero de máxima tensión política. Mientras los migrantes inician su camino hacia la documentación, los partidos se enzarzan en una batalla que promete alargarse en los tribunales (con el recurso de la Comunidad de Madrid al Supremo) y en las urnas. La izquierda celebra la "ampliación de derechos", mientras la derecha (PP y Vox) insiste en el "caos", la "falta de planificación" y el "efecto llamada". Y en medio, los ayuntamientos, que gestionan sobre el terreno el aumento de la demanda, reclaman recursos y coordinación.