Presentan un recurso para evitar el cierre que debía haberse producido el pasado sábado

El Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, Madrid, ha sido objeto de controversia en relación con su capacidad y condiciones de funcionamiento.

El Gobierno español, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha negado las acusaciones de hacinamiento en el CREADE, afirmando que la ocupación actual del centro es del 17% de su capacidad total. Según el Gobierno, el CREADE no tiene un carácter de permanencia, ya que es un centro de derivación. Desde su apertura en marzo de 2022, el centro ha sido utilizado principalmente para atender a familias ucranianas que han huido de la invasión rusa y a mujeres afganas con sus hijos en situación de asilo.

Actualmente, el CREADE alberga a 70 personas, todas ellas familias con niños ucranianos que cuentan con protección temporal, además de varias mujeres afganas con sus hijos. El Gobierno destaca la importancia del CREADE como un servicio esencial para estas familias en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles iniciar su proceso de integración en España.

El CREADE ha sido descrito como un "centro de referencia" y un modelo de buenas prácticas, reconocido por organizaciones como ACNUR. En este centro, los refugiados son registrados, documentados y reciben atención psicosocial, además de ser derivados a recursos sociales según sus necesidades.

El Ayuntamiento de Pozuelo, liderado por Paloma Tejero del Partido Popular (PP), ha expresado preocupaciones sobre el cumplimiento normativo del CREADE. Según el Consistorio, el centro solo tiene licencia para 270 camas destinadas a hospedajes breves y no para acoger a un número indefinido de solicitantes de asilo, lo que, según ellos, representa un "riesgo cierto de hacinamiento". El Ayuntamiento argumenta que el edificio necesita una nueva licencia de funcionamiento si se modifica su actividad, lo que no ha sido realizado.

En respuesta a la orden de cierre del CREADE emitida por el Ayuntamiento en septiembre, el Gobierno ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, solicitando medidas cautelares para evitar el cierre del centro. El plazo dado por el Ayuntamiento para realojar a las 400 personas que residían en el CREADE venció recientemente, y el Ayuntamiento ha criticado la falta de acción del Ministerio de Migraciones para regularizar la situación en la vía administrativa.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha emitido una declaración sobre el cierre del CREADE, que es el centro estatal de recepción de migrantes. Este cierre se fundamenta en el incumplimiento de normas tanto municipales como de la administración central. El CREADE fue establecido inicialmente para recibir a refugiados que escapaban de la guerra en Ucrania, pero su situación ha evolucionado a lo largo del tiempo.

El edificio que alberga el CREADE es propiedad de la Seguridad Social y fue cedido al Ministerio de Migraciones con el objetivo de funcionar como un centro de recepción temporal para refugiados. Sin embargo, el Ayuntamiento ha señalado que esta cesión no fue regularizada adecuadamente. En el año 2023, el centro cambió su enfoque y comenzó a atender a solicitantes de asilo provenientes de diversas partes del mundo. A pesar de esta transformación, el consistorio argumenta que no se solicitó la licencia correspondiente para operar como centro de recepción.

El Gobierno de España ha respondido a la orden de cierre del CREADE recurriendo a la justicia, con el fin de evitar el precinto de la instalación. En este contexto, el Ejecutivo central ha negado que exista una situación de hacinamiento en el centro, sosteniendo que actualmente solo está ocupado al 17% de su capacidad total.

En septiembre, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón tomó la decisión de decretar el cierre del CREADE, otorgando un plazo de cuatro meses para el realojo de los residentes que se encontraban en el centro. Esta medida ha generado un conflicto legal, ya que el estado ha impugnado la decisión del consistorio y ahora corresponde a un juzgado determinar si el centro puede continuar operando sin la licencia necesaria.