El juez entiende que se realizaron contratos menores "de forma puntual" y en beneficio del pueblo

La Audiencia Provincial de Madrid emitió una sentencia que absolvió al exalcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, y a una exconcejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, de un delito de prevaricación administrativa relacionado con contratos menores. Esta decisión se basa en la falta de evidencia de un fraccionamiento premeditado y artificial en los contratos analizados.

Los magistrados argumentaron que, aunque existieron irregularidades ocasionales en la actuación de los acusados, estas no alcanzan la gravedad descrita en la acusación inicial. La sentencia concluye que no se encontró evidencia de un ánimo prevaricador ni de la intención de eludir la normativa vigente. La planificación contractual en el ámbito local permite cierta flexibilidad, y las contrataciones realizadas, a pesar de sus anomalías, estaban alineadas con las necesidades del servicio y el interés del municipio.

Durante el juicio, Rodríguez Osuna defendió que su gestión en materia de contratación se ajustó a la legalidad y que las acusaciones eran una invención del Partido Popular. La defensa solicitó la libre absolución, argumentando que el procedimiento de contratación municipal se inició utilizando un sistema previamente empleado por el PP, adaptado posteriormente a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Los acusados, que pertenecían a la formación Vecinos por Moralzarzal Participa! (VMP!), enfrentaban un delito continuado de prevaricación administrativa por el uso irregular de contratos menores entre 2016 y 2017. La Fiscalía había solicitado inicialmente una pena de inhabilitación especial de ocho años para ambos, pero retiró la acusación durante el juicio.

Según la Fiscalía, los responsables municipales abusaron de la figura del contrato menor, utilizándola en más del 50% de las contrataciones del Ayuntamiento para eludir los procedimientos de licitación pública. Se alegó que fraccionaron contratos con el mismo objeto y unidad funcional, aprobando facturas separadas para no superar el límite legal de 18,000 euros.

Entre los contratos en cuestión se incluyen:

Mantenimiento de edificios públicos con facturas que superaron los 45,000 euros en 2016.

Mantenimiento de zonas ajardinadas adjudicado a empresas como Morajardín S.L. y Urbaser S.A., con importes que excedieron los límites legales en 2016 y 2017.

Suministro de material de ferretería para la piscina municipal, que alcanzó más de 22,700 euros en un solo ejercicio.

La Fiscalía también mencionó irregularidades en la prórroga tácita de un contrato de mantenimiento de zonas verdes y en campañas de publicidad municipal, así como en el alquiler de equipos de sonido y otros servicios recurrentes que debieron ser tramitados mediante procedimientos abiertos.