 Acepta la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Comunidad de Madrid iniciar los trámites para crear el Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), una herramienta prevista en la ley estatal del aborto para organizar la prestación sanitaria y garantizar este servicio en la sanidad pública.
La decisión judicial responde a una medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno regional a implantar este registro. Los magistrados consideran que la administración madrileña debe comenzar “de inmediato” el procedimiento administrativo necesario para su elaboración e implantación conforme al protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El tribunal aclara que la resolución no implica la creación inmediata del registro, pero sí obliga a la Comunidad a iniciar los pasos administrativos necesarios para su desarrollo, ya que el listado está contemplado en la normativa vigente. Según el TSJM, retrasar su puesta en marcha puede generar efectos negativos tanto para el sistema sanitario como para las mujeres que solicitan la prestación.
Tras conocerse el auto, la Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá la decisión judicial, al considerar que el tribunal únicamente ha aceptado la medida cautelar solicitada por el Ministerio pero no ha entrado a valorar el fondo del asunto. Desde la Consejería de Sanidad defienden que el servicio de interrupción voluntaria del embarazo ya está garantizado en la región y que el sistema actual respeta el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia.
El registro de objetores es una herramienta contemplada en la legislación para que las comunidades autónomas puedan organizar sus recursos sanitarios y garantizar la prestación del aborto, respetando al mismo tiempo el derecho de los profesionales a no participar en estas intervenciones por motivos de conciencia.
La resolución judicial forma parte de un proceso que continuará en los tribunales, donde se decidirá finalmente si la Comunidad de Madrid debe implantar definitivamente este registro |
