En cumplimiento de la medida cautelar aprobada por el TSJM

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), en cumplimiento de la medida cautelar acordada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El Gobierno regional ha publicado este miércoles en el Portal de Transparencia de la Comunidad para consulta pública el Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el registro, abriendo un periodo de 30 días hábiles contados a partir de mañana para presentar alegaciones.

La medida responde a la decisión del TSJM que ordenaba al Gobierno regional iniciar los trámites para la creación del registro de objetores, atendiendo la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Sanidad, en aplicación de la Ley Orgánica 1/2023. El artículo 19.ter de dicha norma establece que en cada Comunidad Autónoma se creará un registro de profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia respecto a la intervención directa en la práctica de la IVE.

Aunque la resolución judicial no suponía la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí imponía la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). Dicho protocolo fue aprobado por unanimidad el 16 de diciembre de 2024, con la participación de todas las comunidades autónomas.

La creación del registro ha sido motivo de un prolongado enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad. El 14 de octubre de 2025, el Ministerio envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid dando un plazo de un mes para su respuesta al registro. Transcurrido el plazo, el pasado 15 de noviembre la ministra Mónica García anunció que el Gobierno iniciaría un contencioso. Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalaba que el aborto es "un derecho esencial, convertido en negocio" para la Comunidad de Madrid, algo que el Ejecutivo no iba a "permitir".

El departamento que dirige Mónica García presentó un recurso contencioso-administrativo el pasado 16 de enero. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, afirmó entonces que el Gobierno regional defendería, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto.

Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se ha defendido que la Comunidad "está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo". La Administración autonómica ha sostenido que la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo se encuentra plenamente garantizada en su sistema sanitario mediante mecanismos organizativos propios, señalando que cuando todos los profesionales de un determinado servicio ejercen la objeción de conciencia, las pacientes son derivadas a centros autorizados que pueden prestar el servicio.

El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha reiterado que Madrid tiene "capacidad de autoorganización que nos reconoce la propia ley, el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y, en ese ejercicio de autoorganización, tenemos perfectamente organizado el servicio para poder hacer compatible un derecho, como puede ser de los médicos, con la prestación de ese servicio".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido reiteradamente en que no va a "señalar" a "aquellos médicos que no quieran" hacer interrupciones voluntarias del embarazo. "Yo no voy a señalar a nadie ni por abortar ni por dejar de hacerlo, pero tampoco a aquellos médicos que no quieran hacerlo", ha indicado en varias ocasiones.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta madrileña que su negativa a crear el registro de objetores podría acarrear su inhabilitación para ejercer un cargo público, en base al artículo 410 del Código Penal, que establece penas de multa e inhabilitación para autoridades o funcionarios que se nieguen a dar cumplimiento a resoluciones judiciales.

La titular de Sanidad también aludió a que "hay parte del PP que ha despertado" para decirle a Ayuso que "la ley se cumple" con el aborto, después de que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se mostrara "convencida" de que la Comunidad de Madrid "acatará" la decisión del TSJM. "Ayuso ha dicho que se va a empeñar en intentar cerrar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. Y yo le vuelvo a decir a la señora Ayuso que yo me voy a empeñar en que la señora Ayuso cumpla la ley", apostilló García.

Con la publicación del proyecto de orden en el Portal de Transparencia, la Comunidad de Madrid inicia ahora un proceso de 30 días hábiles para la presentación de alegaciones, dando así cumplimiento al requerimiento judicial mientras se mantiene abierto el debate sobre la constitucionalidad y la necesidad de un registro que ha enfrentado a las dos administraciones durante los últimos meses.