El PSOE de Palencia dimite en bloque tras la decisión de Sánchez de colocar al cabeza de lista, mientras que la corrupción vuelve al centro de la actualidad

La campaña del 29-N ha vivido este lunes una jornada de alta tensión, marcada por el cuarto día de huelga educativa en la Comunidad de Madrid y por un incidente que ha obligado a Isabel Díaz Ayuso a abandonar un acto público por motivos de seguridad. La presidenta madrileña se disponía a participar en un encuentro cuando un piquete de profesores y sindicatos ha impedido su salida, según han confirmado fuentes del Gobierno regional.

Ayuso ha responsabilizado directamente a Pedro Sánchez de la situación. "Sánchez fomenta la violencia en las calles", ha declarado la presidenta, que ha vinculado la protesta con los sindicatos "untados" por el Gobierno central y con los movimientos que "llevan la bandera palestina" y que, a su juicio, están presentes en la acampada de la Puerta del Sol. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha apuntado al delegado del Gobierno como responsable de no haber garantizado la seguridad del acto, y el PP ha calificado lo ocurrido de "fracaso del Estado de derecho".

La Consejería de Educación ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 13% este lunes, mientras los sindicatos elevan la participación al 50%. CSIF ha convocado además paros parciales y ha exigido a la Comunidad que reúna la mesa sectorial. Cientos de profesores se han concentrado de nuevo frente a la Consejería para exigir negociación, y el corte de tráfico en hora punta ha vuelto a repetirse en el cuarto día de paros.

En paralelo, Alberto Núñez Feijóo ha presentado su 'contrato con España', el manifiesto con los principios rectores que guiarán su proyecto si llega a La Moncloa. Bajo el lema "No voy a fallar", el líder del PP ha reivindicado su compromiso con la estabilidad institucional, la gestión y la recuperación de la política útil frente a la confrontación. El acto llega después de que el PP haya centrado la semana en la ofensiva sobre Ceuta, la exigencia de comparecencia de Sánchez y la denuncia de la "coalición de desesperados" que, a su juicio, forman el PSOE y el Frente Amplio para el Senado.

El espacio a la izquierda del PSOE sigue sin encontrar la paz. Pablo Iglesias ha denunciado que el objetivo del Frente Amplio era "matar a Podemos por delante de cualquier consideración", en una intervención en la que ha cargado contra la coalición que lidera Ada Colau. Más Madrid ha pedido "centrar las energías" en las propuestas y no en "hablar de partidos", mientras las críticas cruzadas entre los morados y el Frente Amplio se suceden a menos de dos semanas de las elecciones.

Las encuestas reflejan el coste de esa fragmentación. El NC Report publicado este lunes señala que la división del espacio de Sumar reduciría sus escaños de 31 a 9, lo que beneficiaría especialmente al PP y a Vox. La encuesta Sigma Dos apunta en la misma dirección: "la izquierda se desangra" mientras la derecha consolida su ventaja.

En el capítulo de candidaturas, Vox ha anunciado que Montserrat Lluis, secretaria general adjunta del partido y encargada de negociar los pactos autonómicos con el PP, será la número dos por Madrid. La lista la completan Juan Sergio Redondo, portavoz en la Asamblea de Ceuta, como número tres; Pepa Rodríguez de Millán, portavoz en el Congreso, como número cuatro; y Cristian Toro, portavoz nacional de Deportes, como número cinco. La lista incorpora novedades respecto a 2023, con las salidas de Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, ambos enfrentados a la cúpula de Abascal.

En el plano de los negocios y la política, Iván Redondo, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, ha comprado junto a su mujer una vivienda propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social en el barrio de Salamanca por 1,12 millones de euros, un precio casi 500.000 euros inferior al valor estimado de mercado. La operación se formalizó en septiembre de 2025 mediante adjudicación directa, sin subasta pública, ejerciendo su derecho de adquisición preferente como inquilino. La noticia vuelve a poner el foco en la venta de patrimonio público y en los criterios utilizados para fijar los precios.

El 6 de octubre, tras el aval del TC a amnistiar la malversación, Llarena dejó sin efecto las órdenes de detención "con carácter inmediato y hasta nueva resolución" . Era una medida provisional, a la espera de conocer el texto íntegro de la sentencia. Vox recurrió esa decisión en reforma. Y este lunes, Llarena ha desestimado el recurso de Vox y ha confirmado el levantamiento, pero ya no como algo transitorio: lo ha hecho aplicando la doctrina del TC, aunque con críticas a la "falta de mesura" del tribunal de garantías .

El razonamiento de Llarena es el de un juez que acata una resolución que le vincula, aunque no la comparta. El TC fijó doctrina: la malversación del procés es amnistiable, y el "beneficio personal" que excluye la amnistía no puede confundirse con el coste de financiar el referéndum con fondos públicos . Esa interpretación se impone al Supremo. Llarena lo dice con claridad: "La doctrina del Tribunal Constitucional debe aplicarse, aunque no se compartan las razones en las que se apoya, sin que la discrepancia condicione o retrase el cumplimiento" .

El levantamiento de las órdenes no equivale al archivo de la causa. Llarena lo subraya: no declara aplicable la amnistía ni extingue la responsabilidad penal . Esa decisión corresponde a la Sala de lo Penal, que preside Manuel Marchena . Pero el terreno está allanado: el propio Llarena ha dejado claro que la causa contra Puigdemont está abocada al sobreseimiento por aplicación de la amnistía.

Puigdemont ya puede volver a España sin ser detenido por la causa del procés. Junts lo celebra como una "victoria rotunda" , y el PP lo enmarca en el "último pago" de la factura de la investidura . Pero Puigdemont no ha anunciado fecha de regreso: su entorno dice que esperará a que la amnistía se aplique plenamente y la causa se archive . Quien sí volverá es Toni Comín, que recogerá su acta de eurodiputado este jueves en Madrid .

En clave de campaña, el PP tiene un argumento nuevo: "Llarena levanta la orden porque el TC le obliga, no porque él quiera". Y el PSOE puede presentarlo como la prueba de que la amnistía era legal y de que la Justicia ha terminado dándole la razón. Pero el desgaste ya está hecho: la imagen de Puigdemont pudiendo volver sin ser detenido, a tres semanas del 29-N, es un titular que el PP va a explotar.

La tarde del lunes ha dejado tres frentes que golpean directamente al PSOE y a su entorno. El primero es una rebelión interna en Palencia. El segundo, el avance del caso del ático de Chamberí en el Tribunal de Cuentas. Y el tercero, un testimonio que complica la situación de José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación sobre las joyas incautadas en su despacho.

Toda la lista del PSOE de Palencia al Congreso ha renunciado después de que Ferraz haya cambiado al número uno. La decisión de la dirección federal ha provocado la dimisión en bloque de los candidatos, que consideran que el cambio responde a criterios ajenos a la voluntad de la agrupación provincial. Es la primera rebelión interna de esta campaña y llega a menos de dos semanas de las elecciones, lo que obliga al PSOE a rehacer la candidatura en una provincia clave para la aritmética del Congreso.

La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones ante el Tribunal de Cuentas en las que sostiene que la compra del ático de Chamberí por parte de la empresa pública Planifica Madrid se ajusta "plenamente a la legalidad" y pide el archivo de la causa. El Ejecutivo autonómico defiende que la operación se realizó conforme a los procedimientos establecidos y que no existe perjuicio a los fondos públicos.

En paralelo, el Tribunal de Cuentas ha dado cinco días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si procede investigar el caso. La Sección de Enjuiciamiento del tribunal estudia si nombra un instructor que investigue la compra o si archiva la acción pública, como solicita la Comunidad. Es la misma causa que el PSOE y Más Madrid llevaron al tribunal contable y que, como publicamos en su momento, es independiente de la investigación penal que instruye el Juzgado número 8 de Madrid.

En el caso de las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero, un testigo ha aportado documentación a la Fiscalía Anticorrupción que, según publica El Debate, daría un "giro radical" a la investigación. Según ese testimonio, las joyas serían un pago en especie, una comisión ilegal por haber llevado el AVE a Arabia Saudí. La investigación judicial trata de determinar el origen y la justificación de las piezas, cuyo valor de reposición se estimó inicialmente en alrededor de 1,3 millones de euros, y comprobar su trazabilidad fiscal y las circunstancias de su eventual importación. Zapatero ha sostenido públicamente que parte de las piezas proceden de regalos recibidos durante su etapa al frente del Gobierno y ha cuestionado la valoración realizada.

En el capítulo de la corrupción, las agendas y libretas de Santos Cerdán que la UCO intervino en la sede del PSOE el pasado 27 de mayo siguen revelando información. Según ha publicado The Objective, la UCO ha localizado anotaciones sobre reuniones entre el exsecretario de Organización del PSOE y el fiscal encargado de supervisar los beneficios penitenciarios a etarras, Carlos García Berro, que dejó de recurrir trece progresiones a tercer grado consecutivas de miembros de ETA tras el acuerdo del PSOE con Bildu que permitió la investidura de Sánchez.

En la misma línea, la UCO rastrea los contactos de Cerdán en la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que depende del Ministerio de Hacienda. La investigación trata de determinar si el exnúmero tres del PSOE utilizó su posición para influir en decisiones de la SEPI relacionadas con el caso Koldo y la trama de hidrocarburos.

En el plano de la campaña, Pedro Sánchez ha asegurado que subirá el salario mínimo interprofesional "todos los años" que gobierne. La promesa llega después de que el PSOE haya intentado sin éxito instalar las pensiones en la agenda y en un momento en el que el partido busca recuperar el discurso social frente a la ofensiva del PP y Vox.

El PP ha confirmado que Muñoz, Gamarra, Bendodo, Bravo y Fúnez repiten como número uno al Congreso por sus provincias. La dirección de Feijóo apuesta por la continuidad de sus principales cuadros en las circunscripciones donde el partido tiene arraigo, y completa así el mapa de candidaturas para el 29-N.

Podemos ha lanzado la imagen de campaña de Irene Montero centrada en resaltar a la exministra y sin el logo del partido. La formación morada apuesta por la figura de su candidata por encima de las siglas, en un intento de ampliar su base electoral después de que las encuestas hayan reflejado el desgaste del espacio a la izquierda del PSOE.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado contra la visita de Javier Milei a España: "La motosierra solo siega". Puente ha criticado que el presidente argentino venga a España a "hacer campaña" para Vox y ha recordado que su política económica ha sumido a Argentina en una crisis profunda.

El exjuez y exdirigente del PSOE Luis José Sáenz de Tejada ha negado haber perseguido a la jueza que investigó al hermano de Sánchez. Sáenz de Tejada, vinculado a la "cloaca del PSOE" en las investigaciones de la UCO, ha asegurado que no tuvo nada que ver con la campaña de desprestigio contra la magistrada y ha defendido su actuación.