Según explican, el Ministerio ha dejado pasar el tiempo para que se produzca la desestimación por silencio administrativo

Los servicios jurídicos de UGAMA impugnan ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid las desestimaciones presuntas de los recursos de reposición interpuestos contra las órdenes sobre las ayudas para el mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción. Los agricultores y ganaderos madrileños están hartos de las resoluciones denegatorias unilaterales, opacas y contradictorias del programa de desarrollo rural de la Comunidad de Madrid, que suponen un auténtico atropello al sector por lo que no ven otra opción que acudir a los tribunales.

En el mes de marzo de 2020 varios afiliados de la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA) interpusieron Recursos de Reposición contra las Órdenes dictadas por la Sra. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, por las que bien se desestimaban o se estimaban parcialmente sus solicitudes de ayudas para el mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción.

Sin embargo, tras haber transcurrido un año y ocho meses desde entonces, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid ni siquiera se ha dignado a resolver dichos Recursos de Reposición, vulnerando así el deber de dictar y notificar resolución expresa al respecto y obligando a los ganaderos a solicitar el auxilio de los tribunales ante esta injusta situación.

En concreto, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid acordó desestimar dichas subvenciones o, en su caso, aplicar importantes penalizaciones a su concesión al considerar que  concurrían sobredeclaraciones.

Sin embargo, lo cierto es que las solicitudes de pago para dichas anualidades se realizaron siguiendo las indicaciones de los técnicos competentes que, con la misma información y documentación recogida en estas solicitudes de pago, informaron favorablemente, concediéndose el 100% de las anualidades anteriores.

Asimismo, cabe señalar que en el seno de dichos procedimientos administrativos ni  siquiera se les remitió a los ganaderos el preceptivo requerimiento para que, en su caso,  pudieran subsanar en tiempo y forma los defectos subsanables que la Administración  hubiera podido detectar en las solicitudes, vulnerando así lo dispuesto en el art. 23 de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y optando por denegar o  aplicar penalizaciones directamente sin ofrecer a los solicitantes la posibilidad de  subsanación.

La organización agraria considera lamentable que la pésima gestión de la administración cause un perjuicio añadido a un campo madrileño que está atravesando una grave crisis por el aumento de costes de producción sin que repercuta en el valor de sus productos por lo que pide encarecidamente los ajustes necesarios para que la Comunidad de Madrid se ponga a la altura de otras comunidades en apoyar a este sector que tanto lo necesita.

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, se ha reunido hoy con representantes de las organizaciones agrarias UGAMA, Asaja Madrid, UPA Madrid, GEA Madrid, UCAM y AGIM-COAG para abordar sus reivindicaciones ante la subida de los costes en los precios de los carburantes, fertilizantes o el consumo eléctrico que están soportando desde este otoño.

El Gobierno regional, que apoya sus peticiones ante esta situación que afecta seriamente su actividad, defiende la protección del sector primario, así como a los consumidores madrileños, para que la calidad y variedad de los productos agroalimentarios pueda mantenerse en el mercado con unos precios adecuados. Asimismo, Martín les has trasladado durante el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería, la apuesta del Gobierno autonómico por la modernización de infraestructuras y el aumento de la competitividad del campo, la protección del trabajo de la mujer en este ámbito y la incorporación de jóvenes que inician sus propios negocios para favorecer el relevo generacional.

"La mejor manera de dar vida y actividad a la que llaman España vaciada, que es más bien una España olvidada y despoblada, es ayudar al campo con políticas que faciliten la labor de los agricultores y ganaderos y les permitan llegar a grandes superficies y consumidores. Esto es lo que tenemos que hacer y no estar siempre enfangados en los lemas de progres de ciudad que se olvidan de dónde viene lo que comen ellos y sus familias y los sacrificios que les cuesta producirlos a otros españoles y a sus propias familias. La España olvidada no va a tener oportunidades hasta que las comunidades autónomas, todas las administraciones bajen impuestos y apoyen a sus empresas y no habrá futuro echando a los españoles de su tierra por motivos lingüísticos, sin planes de natalidad, expulsando a instituciones como la Guardia Civil y atacando a la capital del país para después copiar, por cierto, muchas de sus políticas", explicaba Ayuso.

"Estamos aquí para hablar de la situación de casi 2.000 empresas y casi 30.000 trabajadores del campo que actualmente están siendo abandonados y lo están siendo actualmente de manos de un Gobierno central que lo único que estamos viendo en estos días es cómo hace concesiones a aquellos que quieren destruir España, pero no hacen lo mismo, no hacen esas concesiones con agricultores y con ganaderos que en otros muchos rincones del país están siendo abandonados. Precisamente en una España que tiene graves problemas de despoblación y de olvido: dejando actualmente a la policía sin apoyos, indefensa, cuando no están expulsando a la Guardia Civil de territorios enteros, cuando precisamente lo que hacen falta son más agentes en zonas rurales para que agricultores y ganaderos pueden trabajar con más seguridad en el campo. Estamos viendo cómo no hay política energética, no hay política de fronteras, no hay un peso específico de España en la política internacional, no se defienden a las familias y a las empresas en la educación. Solo estamos viendo cómo se reparten fondos como si fueran un botín para mantenerse en el poder", afirmaba.