 Ricardo García ya fue alcalde hace siete años
Pioz, un municipio alcarreño de poco más de 5.000 habitantes, vive desde mayo de 2026 una de las crisis políticas municipales más enrevesadas de la provincia: una moción de censura impulsada por una concejala del propio PSOE, un pacto con PP y Unidas Podemos, un asesor con sueldo superior al de la alcaldesa, y ahora un cambio de mando por motivos de salud que ha reabierto todas las heridas.
El origen está en el 12 de mayo de 2026, cuando la concejala del PSOE Carmen Blázquez Abellán registró una moción de censura contra el entonces alcalde, también socialista, Manuel López Carvajal, quien gobernaba en minoría con solo 4 de los 13 concejales de la corporación. La moción, amparada en el artículo 197 de la Ley Electoral, contó con el respaldo de los tres concejales del PP y los tres de Unidas Podemos, además de la propia Blázquez, hasta sumar la mayoría absoluta necesaria. Blázquez había llegado al consistorio meses antes para ocupar el escaño de un concejal socialista fallecido, familiar suyo.
El PSOE provincial anunció de inmediato que expulsaría a Blázquez de su grupo municipal por sumarse a la oposición, y Unidas Podemos de Castilla-La Mancha llegó a desautorizar públicamente a sus tres ediles firmantes, aunque finalmente no impidió que siguieran adelante. Como telón de fondo del enfrentamiento estaba la oposición del gobierno saliente a la instalación de cuatro macroplantas fotovoltaicas que ocuparían el 22% del término municipal.
El pleno que certificó el relevo, celebrado el 27 de mayo, quedó marcado por una tensión que obligó a intervenir a la Guardia Civil. Decenas de vecinos se quedaron fuera del abarrotado salón de actos, y durante la sesión se escucharon gritos de "traidora", "que vote el pueblo" y "lo que mueve esto es el dinero". El concejal no adscrito Carlos Alberto Torre calificó la moción de "vergüenza" y acusó a sus impulsores de usar el ayuntamiento con fines políticos, mientras que el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, definió a López Carvajal como "el mejor alcalde de Pioz" y tachó la moción de "injusta". Blázquez, por su parte, defendió su decisión como una forma de "dejar un ayuntamiento despejado de sombras" tras, dijo, tres años sin mejoras sustanciales.
Con los votos de PP y Unidas Podemos, Carmen Blázquez fue proclamada alcaldesa esa misma tarde. La luna de miel del nuevo gobierno duró poco. Apenas un mes después, en junio, el ejecutivo formado por PSOE crítico, PP y Unidas Podemos aprobó en pleno extraordinario la contratación de un puesto de asesoría personal con un sueldo de 75.000 euros anuales, por encima de lo que cobra la propia alcaldesa. El PSOE denunció que la cifra superaba el límite legal aplicable a un municipio del tamaño de Pioz y presentó un recurso contra el nombramiento.
Por resolución de alcaldía se designó para el puesto a la secretaria interventora durante un gobierno anterior de Podemos en la localidad, lo que alimentó las críticas sobre un nombramiento de confianza. A los pocos días trascendió además que el consistorio había adjudicado, como contrato menor y por algo más de 14.900 euros, un servicio de asesoramiento jurídico a un despacho con sede en Albacete presuntamente vinculado a ella. Fuentes municipales consultadas por la prensa local señalaron que se trataba de una duplicidad de funciones, dado que un ayuntamiento de esa categoría ya cuenta con interventor, secretario, tesorero y arquitecto propios.
El episodio más reciente añade una vuelta de tuerca. Con Carmen Blázquez de baja por enfermedad, la alcaldía en funciones ha recaído en Ricardo García, el edil de Unidas Podemos que ya gobernó Pioz entre 2018 y 2019 gestionando una deuda de 13,5 millones de euros. El grupo de concejales no adscritos ha hecho público un comunicado muy crítico con esta situación, en el que reprochan al PP que sostenga en la práctica un gobierno de Unidas Podemos y piden la eliminación del puesto de asesoría de 75.000 euros. |
