El juzgado cree que deberían haber cerrado de forma voluntaria en junio

El cierre del colegio El Ardal de San Sebastián de los Reyes ya tiene respaldo judicial. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 15 de Madrid ha dictado una sentencia que confirma la actuación municipal de precinto y cierre del centro, inadmitiendo el recurso presentado por la dirección del colegio.

El fallo es claro. El juzgado entiende que la dirección del colegio debía haber cesado su actividad el 16 de junio de 2025, cuando así lo ordenó el Ayuntamiento. Sin embargo, según consta en la sentencia, "la recurrente continuó con el ejercicio de la actividad educativa, hechos constatados y acreditados mediante la inspección policial efectuada en fechas 5/09/2025 y 8/09/2025 respectivamente, encontrándose el colegio en funcionamiento".

La consecuencia jurídica, ante ese incumplimiento de la orden de cese, no podía ser otra que la clausura y el precinto. El colegio carecía de las preceptivas autorizaciones y licencias previas para operar, y a pesar de ello siguió abierto. El Ayuntamiento actuó. Y ahora la Justicia le da la razón.

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha difundido la noticia a través de su medio municipal La Plaza de Sanse, señalando que lo hace "a efectos meramente informativos, dada la repercusión social y mediática que este asunto acaparó hace pocos meses". La resolución cierra, al menos judicialmente, un conflicto que enfrentó al consistorio con la dirección del centro y con parte de las familias, que se movilizaron para intentar evitar el cierre. La falta de licencias y la continuidad de la actividad pese a la orden municipal fueron el núcleo del litigio.

Ahora, con la sentencia firme, el precinto se consolida. El colegio El Ardal no podrá reabrir. Y el Ayuntamiento, que ya advirtió en su momento de la ilegalidad de la situación, ve respaldada su posición. Queda por ver si la dirección del centro decide recurrir a instancias superiores o acepta el cierre definitivo. Y también si las familias afectadas han podido recolocar a sus hijos en otros centros educativos de la zona, un tema que no aborda la sentencia pero que fue el principal dolor de cabeza durante el conflicto.