Un juzgado ha abierto diligencias previas contra él por un presunto delito de agresión sexual

El caso del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha captado la atención mediática y política tras la presentación de una querella por parte de una inspectora de la Comisaría de Coslada, quien lo acusa de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Este resumen detalla los eventos, las reacciones políticas y sindicales, así como la trayectoria profesional de González.

Una inspectora de la Policía Nacional ha interpuesto una querella contra José Ángel González, quien se ha visto obligado a dimitir de su cargo tras la admisión a trámite de la denuncia. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha citado a González a declarar como investigado el 17 de marzo, fecha en la que también comparecerá la denunciante

El auto del magistrado menciona que los hechos descritos en la querella sugieren la posible existencia de delitos de agresiones sexuales. La denuncia, presentada por el abogado de la inspectora, incluye acusaciones de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de abuso de superioridad.

Según la versión de la denunciante, González y la inspectora mantuvieron una relación previa que terminó por decisión unilateral de la agente. Posteriormente, González habría comenzado un comportamiento de acoso y contacto no deseado.

Los hechos más graves se habrían producido el 23 de abril de 2025, cuando la inspectora estaba de servicio. Según la denuncia, González la habría obligado a abandonar su puesto y a reunirse con él en un restaurante, seguido de un traslado a un inmueble donde supuestamente ocurrió la agresión sexual. La inspectora afirma que rechazó de manera clara cualquier acercamiento y que González actuó con violencia e intimidación, aprovechando su posición jerárquica.

Tras el incidente, la denunciante alega haber sufrido una campaña de acoso telefónico y presiones para que no denunciara los hechos, incluyendo ofertas de mejoras profesionales a cambio de su silencio. Actualmente, se encuentra de baja psicológica.

El caso ha generado una fuerte respuesta en el ámbito político. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber mantenido a González en su cargo durante los últimos meses.

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, también ha solicitado el cese inmediato de González, argumentando que la situación afecta gravemente la credibilidad de la institución.

José Ángel González Jiménez, nacido en 1959 en La Rioja, ingresó en la Policía Nacional en 1984 y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito de la Seguridad Ciudadana. Fue nombrado director adjunto operativo en octubre de 2018, convirtiéndose en el máximo mando no político del cuerpo.

En noviembre de 2024, el Ministerio del Interior decidió dejar sin efecto su jubilación al cumplir los 65 años, permitiendo que continuara en su cargo. Esta decisión generó críticas tanto desde la oposición como de ciertos sectores dentro de la Policía. La causa se encuentra en fase de instrucción, y será el juzgado competente el que determine si los hechos denunciados constituyen delito y si procede la apertura de juicio oral.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó su asombro y preocupación en relación a la reciente dimisión de José Ángel González, quien ocupaba el cargo de director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. Martínez-Almeida criticó la falta de responsabilidad política que, según él, debería asumir el ministro Grande-Marlaska ante los acontecimientos que han llevado a la dimisión del DAO. El alcalde considera "asombroso" que la dimisión de un alto funcionario de la Policía Nacional, en medio de acusaciones tan graves, no conlleve ninguna repercusión política para el ministerio correspondiente. Almeida argumenta que el ministro debería haber asumido responsabilidades mucho antes, dado el contexto de diversas situaciones problemáticas en su gestión.

A pesar de su crítica, Almeida también destacó la importancia de mantener un "escrupuloso respeto" a la presunción de inocencia en el marco de un proceso judicial. Sin embargo, enfatizó que la gravedad de los hechos, que ya han llevado a dimisiones, debería obligar al ministro a ofrecer explicaciones y asumir responsabilidades más allá de las dimisiones individuales.

El alcalde no se limitó a criticar al ministro del Interior, sino que amplió su crítica al gobierno de Pedro Sánchez. Cuestionó cómo es posible que el presidente del Gobierno no haya tomado medidas frente a las irregularidades que involucran a su equipo, haciendo referencia a casos previos de escándalos en la administración. Almeida insinuó que si Sánchez no asume responsabilidades por los problemas en su entorno, esto podría justificar que Grande-Marlaska no lo haga tampoco.

Martínez-Almeida utilizó la ironía para resaltar la situación, preguntándose retóricamente por qué el ministro debería dimitir si el presidente del Gobierno no lo hace por situaciones similares. Esta estrategia retórica subraya la percepción de una falta de responsabilidad y rendición de cuentas en la cúpula del gobierno.

El Ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, se pronunció sobre una denuncia por presunta agresión sexual que involucra al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. Este evento ha generado un gran interés mediático y político, dado su impacto en la imagen de las fuerzas de seguridad y la gestión del Ministerio del Interior.

Marlaska afirmó que hasta el día anterior a la sesión, el Gobierno no tenía conocimiento de la denuncia presentada contra González. Subrayó que si hubieran estado al tanto de la gravedad de la situación, se habría solicitado su renuncia de inmediato. El ministro enfatizó que la falta de información sobre la denuncia es la prueba más concreta de que no se intentó ocultar el caso.

Tras conocer la querella, que fue admitida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, Marlaska indicó que José Ángel González renunció a su cargo. La denuncia detalla presiones e intimidaciones hacia la víctima, quien es una agente de la Policía. Marlaska destacó que, dada la gravedad de los hechos, no había otra opción que solicitar la renuncia o proceder al cese inmediato del DAO.

El ministro también mencionó que ha solicitado una información reservada sobre Óscar San Juan González, un comisario y asesor del DAO, debido a sus supuestas coacciones hacia la denunciante. Se está evaluando la posibilidad de relevarlo de sus responsabilidades actuales mientras se investiga su conducta.

Marlaska enfatizó la importancia de la justicia y el respaldo a la víctima en este caso. Reiteró que la igualdad y la lucha contra cualquier forma de violencia son prioridades que deben ser abordadas con seriedad y empatía. Además, expresó su confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reafirmando que se enfrentará a cualquier acto de violencia con toda la fuerza de la ley.

El ministro del Interior criticó al Partido Popular por lo que considera una instrumentalización de la denuncia. Afirmó que el PP está tratando de utilizar el caso para deslegitimar al Gobierno, acusándolo de ocultar la denuncia. Marlaska defendió su gestión, asegurando que no ha habido encubrimiento alguno y que se ha actuado con transparencia.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ofreció una rueda de prensa en la que abordó la reciente denuncia de agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González. Esta situación ha generado un considerable revuelo en el ámbito político y social, especialmente en el contexto de las políticas de igualdad y feminismo que promueve el gobierno español.

Miguel Ángel García Martín expresó su descontento con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no haber proporcionado "ninguna explicación" sobre el caso. En su intervención, el consejero cuestionó la falta de respuesta del ministro ante una situación tan grave, lo que pone en entredicho la postura del Gobierno sobre la defensa de los derechos de las mujeres.

García Martín subrayó que este incidente representa "un caso más" que pone de manifiesto la contradicción del Gobierno, que se autodenomina feminista. Según él, esta situación evidencia que "se le ha caído la bandera" del feminismo al no actuar de manera contundente ante las acusaciones de agresión sexual en sus propias filas.

El consejero también planteó interrogantes sobre el conocimiento que podría tener el ministro Marlaska respecto a la situación de González. García Martín sugirió que podría haber habido un intento de ocultar la situación, lo que alimenta la percepción de cinismo en el Gobierno y en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta crítica resalta la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de casos de agresión sexual dentro de instituciones públicas.