Consiguen que se aprueben sus medidas anticrisis, aunque en un decreto separado

El Consejo de Ministros extraordinario convocado este viernes para aprobar medidas anticrisis ante el impacto de la guerra en Irán ha evidenciado la profunda división en el seno del Gobierno de coalición. Los cinco ministros de Sumar se plantaron y se negaron a entrar en la sala en el horario previsto, retrasando el inicio de la reunión más de dos horas mientras negociaban con el ala socialista para incluir sus demandas en el paquete de medidas. Según fuentes de Sumar, no accedieron a entrar hasta que el PSOE aceptara incorporar sus propuestas en materia de vivienda y un mecanismo de control de los márgenes empresariales, medidas que consideraban ausentes del decreto diseñado inicialmente por el Gobierno.

Las negociaciones, lideradas por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, fueron intensas. La solución de compromiso llegó tras varias conversaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y consistió en dividir el paquete en dos reales decretos en lugar de uno, como estaba previsto.

Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos separados. El primero incluye medidas energéticas: rebaja del IVA de la electricidad, el gas y los combustibles del 21% al 10%; reducción del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5%; ayudas de 20 céntimos por litro para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores; descuentos en el bono social eléctrico; y bonificaciones para la industria electrointensiva, entre otras. También contempla la prohibición de despidos en empresas que reciban ayudas públicas vinculadas a la guerra, y refuerza la supervisión de la CNMC sobre los márgenes empresariales del sector energético. Este decreto entrará en vigor este sábado con su publicación en el BOE.

El segundo real decreto, fruto de la presión de Sumar, establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar a la aplicada en crisis anteriores, y un mecanismo de control para evitar márgenes empresariales injustificados derivados de la crisis. En total, el plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros y constará de 80 medidas, según anunció Sánchez en su comparecencia posterior.

El presidente del Gobierno compareció tras la reunión para anunciar el acuerdo, advirtiendo de que el conflicto en Oriente Próximo está provocando "las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global" que ya se reflejan en el aumento de los precios de los combustibles. "Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación. El conflicto no sabemos si va a durar días o meses o años", señaló, destacando que España está mejor preparada para hacer frente a esta crisis gracias al fuerte crecimiento económico, el rigor fiscal y la apuesta por las energías limpias.

Sánchez defendió que las diferencias entre los socios son "un activo" y no "un problema", calificando la gestión de la crisis como "cultura democrática" propia de un gobierno de coalición. Sin embargo, reconoció que aún no existe mayoría parlamentaria para convalidar el decreto de vivienda en el Congreso, previsiblemente por el rechazo de Junts y otras formaciones.

Desde Sumar, Ernest Urtasun mostró su satisfacción por el "excelente" acuerdo y aseguró que el Ejecutivo sale "fortalecido". Urtasun destacó que en ningún momento se planteó la ruptura del Gobierno, sino que actuaron con "firmeza" para lograr avances. La ministra de Sanidad, Mónica García, fue la primera en adelantar el desenlace en redes sociales, asegurando que "las ayudas para paliar los efectos de la guerra injusta e inmoral" incluyen desde ya "la protección a los inquilinos y el bloqueo a la especulación con los márgenes de precios".

El diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario de Sumar, Enrique Santiago, reivindicó que en un gobierno de coalición "todos los ministros son iguales" y criticó al PSOE por "forzar tanto la situación" al intentar "imponer toda su agenda". Santiago advirtió de que, cuando el decreto de vivienda llegue al Congreso, "todo el mundo va a tener que retratarse" ante una medida que calificó de esencial para proteger a las familias frente a la especulación.

La crisis de Gobierno no ha pasado desapercibida para la oposición. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamó a Sánchez que tenga la "dignidad" suficiente para convocar elecciones anticipadas, vinculando su petición a la crisis interna con Sumar, a la que se refirió como la guerra con "'Restar'". "Es la guerra de Sánchez lo que está pasando, tiene que tener la dignidad de convocar elecciones, de no tomar el pelo a los españoles y no presenta los presupuestos no porque hay una guerra en Irán sino porque no los iba a presentar nunca", espetó Almeida.

Por su parte, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, cargó contra el Ejecutivo central por su "debilidad e inoperancia" al no haber sido capaz de ponerse de acuerdo. García Martín calificó las medidas aprobadas como "insuficientes" y reclamó una "rebaja generalizada de los impuestos", reprochando que desde que Sánchez es presidente "los ha subido en 100 ocasiones". El portavoz autonómico calificó la solución de los dos decretos como un reflejo de la falta de cohesión interna del Gobierno central, al que tachó de "inoperante y débil".

La crisis de última hora en el Consejo de Ministros evidencia una vez más las tensiones entre los dos socios de Gobierno, que llevan semanas enfrentados por la estrategia económica y las prioridades políticas. La amenaza de Sumar de no asistir al Consejo si no se incluían sus demandas ha forzado al PSOE a ceder, pero la división del paquete en dos decretos revela que el acuerdo es frágil y que la batalla se trasladará al Congreso, donde la mayoría parlamentaria es aún más incierta. Con este panorama, el Gobierno afronta ahora el reto de lograr los apoyos parlamentarios necesarios para convalidar ambos decretos, en particular el de vivienda, mientras la crisis interna en la coalición queda expuesta públicamente.