En el caso que investiga el destino de los Fondos Europeos

La Fiscalía Europea ha citado a Begoña Gómez a declarar como testigo en la investigación abierta al empresario Juan Carlos Barrabés y a un directivo de Red.es por denuncias de malversación, tráfico de influencias y prevaricación en varios contratos que recibieron la recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, según han confirmado fuentes jurídicas.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha aludido a esta citación en el recurso de reforma presentado contra el auto del juez Juan Carlos Peinado, que propuso que un jurado popular asuma el procedimiento contra la esposa de Pedro Sánchez que se investiga en un juzgado madrileño. La defensa ha empleado esta citación en calidad de testigo para subrayar que Begoña Gómez no está siendo investigada por los contratos adjudicados a empresas de Barrabés, a los que sin embargo el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid alude en su auto, pese a que no forman parte del procedimiento que instruye.

La Fiscalía Europea asumió la investigación de estas denuncias porque afectaban a la adjudicación de diversos contratos para el desarrollo de actividades de formación, financiadas por el Fondo Social Europeo, dado que esta institución es la encargada de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE. La investigación fue iniciada en mayo de 2024 y en ella han sido citados como investigados el empresario Juan Carlos Barrabés y un directivo de Red.es.

Juan Carlos Barrabés fue director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez y fue beneficiario de varios contratos adjudicados a la unión temporal de empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos. La Intervención General del Estado concluyó que las cartas de recomendación en su favor incrementaron “injusta e ilegalmente” su puntuación.

La citación de Begoña Gómez como testigo en esta causa refuerza la tesis de su defensa, que sostiene que los hechos investigados por el juez Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid no tienen relación con los contratos adjudicados a Barrabés, que están siendo investigados por la Fiscalía Europea. En el recurso presentado esta semana, el letrado Antonio Camacho insistió en que “los contratos adjudicados a empresas de Barrabés en su momento justificaron la apertura del procedimiento, pero que desde hace casi dos años no se están investigando en el Juzgado, sino en la Fiscalía Europea, en la que Gómez no ha sido citada como investigada, sino como testigo”.

Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid mantiene abierta una causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación y apropiación indebida, en relación con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que el procedimiento sea juzgado por un tribunal de jurado popular, una decisión que la defensa de Gómez ha recurrido al considerar que no existen indicios suficientes y que se investiga a su representada “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.

La defensa ha denunciado que el auto del magistrado contiene “datos falaces”, “conjeturas” no apoyadas en indicios y “olvidos, demasiados olvidos”, y ha advertido de que reconducir este asunto a un jurado popular puede generar “una ulterior lesión del derecho al juez imparcial como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido”.

La Fiscalía Europea no ha concretado en qué fecha está citada Begoña Gómez a declarar como testigo. Mientras tanto, el juez Peinado ha citado para el próximo 1 de abril a los tres investigados en la causa que instruye: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, aunque se espera que la defensa solicite la suspensión de la declaración mientras se resuelve el recurso contra la decisión de derivar el caso a jurado popular.

Con esta nueva citación, se abre un escenario complejo en el que conviven dos investigaciones paralelas —la del juzgado madrileño y la de la Fiscalía Europea— con distinto alcance y calificación jurídica, y en las que Begoña Gómez tiene posiciones procesales diferentes: investigada en una, testigo en otra.