Page denunciaba la inacción del Ministerio

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que el Ejecutivo regional presentó por la "inacción" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a la hora de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. En declaraciones a los medios en Toledo, donde participó en la tradicional Romería del Valle, García-Page informó de que la admisión a trámite se ha producido porque a su entender es "absolutamente inadmisible" que el Ejecutivo central no haya modificado ya las normas de explotación del trasvase a pesar de que los planes hidrológicos en vigor "obligan" a ello.

El presidente castellanomanchego recordó que, en varias sentencias, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado a favor de la postura de Castilla-La Mancha y lamentó que, "a pesar de todo eso", el Gobierno central no haya modificado las normas del trasvase. En concreto, la Junta reclama al Gobierno de España que adapte las reglas del trasvase a lo dispuesto por varias sentencias del Tribunal Supremo, que señalan que las actuales no respetan los caudales ecológicos del río Tajo.

"Me da mucha tristeza, me da mucha pena, pero como presidente no me voy a conformar con lamentarlo", argumentó García-Page, que reconoció que a lo mejor a algunos les puede extrañar que un presidente del PSOE pueda "pleitear con el Gobierno" central, que también es socialista, pero subrayó que el Ejecutivo regional está "para defender los intereses de la tierra".

"Hay que retratarse y hay que ser sincero, estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté al Gobierno, esté quien esté al frente del Gobierno de España", reiteró el presidente castellanomanchego.

La admisión a trámite del recurso llega en una semana en la que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por la Diputación de Alicante contra las nuevas reglas de explotación y a la espera de que el Supremo decida este 5 de mayo el del Sindicato Central de Regantes (SCRATS), a cuya resolución esperaba el Gobierno para cambiar esas reglas.

El conflicto por el trasvase Tajo-Segura enfrenta a las comunidades autónomas de la cabecera (Castilla-La Mancha y Madrid) con las del Levante (Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía). Los ecologistas y los gobiernos de la cuenca cedente llevan años reclamando una reducción de los trasvases para garantizar los caudales ecológicos del Tajo, mientras que los regantes del Segura defienden la necesidad de los envíos de agua para mantener sus cultivos.