El Supremo tumba varios preceptos del Reglamento de Extranjería de Sánchez

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado varios preceptos del nuevo Reglamento de Extranjería al considerar que la denegación automática de autorizaciones por la existencia de antecedentes penales vulnera los derechos de las personas migrantes, y obliga a la Administración a realizar una valoración individualizada de cada caso teniendo en cuenta la gravedad del delito, el tiempo transcurrido, la situación familiar o el interés de los hijos menores. La sentencia, que responde a un recurso presentado por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, establece también que España no puede equiparar de forma automática los antecedentes penales de los familiares de ciudadanos españoles con los de los familiares de ciudadanos comunitarios, ya que la normativa europea exige que dichos antecedentes constituyan una amenaza real y grave para la sociedad.

El tribunal ha sido especialmente contundente en lo que afecta a menores extranjeros y ha anulado normas que impedían el acceso a autorizaciones de residencia basándose únicamente en el estado civil del menor, como el hecho de estar casado, por considerar que esta restricción es contraria al interés superior del menor y podría perjudicar a víctimas de matrimonios forzados. También ha subrayado la obligación legal incondicionada de las Administraciones de prestar atención inmediata a los menores extranjeros no acompañados y ha declarado que España debe reconocer las medidas de protección de menores acordadas por las autoridades de otros países cuando estén estipuladas en convenios internacionales.

La sentencia, por otro lado, respalda la decisión del Gobierno de restringir el acceso a autorizaciones de arraigo para solicitantes de protección internacional mientras su petición de asilo esté pendiente y aclara que el tiempo de permanencia como solicitante no computa para acreditar el período exigido para ciertas modalidades de arraigo. El Supremo ha validado el nuevo sistema para familiares de ciudadanos españoles y la exigencia de visado para algunos de ellos, pero ha declarado ilegal la obligación de comunicarse exclusivamente por vía electrónica con la Administración, una medida que, a juicio del tribunal, limita el acceso a servicios esenciales de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

La regularización extraordinaria de inmigrantes que está tramitando el Gobierno podría atraer entre tres y cinco millones de extranjeros adicionales a España, según las estimaciones de las autoridades policiales, que han alertado al Ejecutivo sobre el posible colapso del sistema administrativo en el plazo de un año debido al aumento exponencial de solicitudes de reagrupación familiar que se prevé tras la regularización. Actualmente, hay cerca de 1.200.000 solicitudes de regularización en proceso, y los mandos policiales temen que las colas para la presentación de solicitudes se multipliquen entre tres y cinco veces, dado que cada inmigrante regularizado podría traer consigo a varios familiares.

Jupol, el sindicato de la Policía, ha manifestado su preocupación por el riesgo de que esta regularización sea aprovechada por mafias y redes de tráfico de personas, que podrían convertir el proceso en un coladero para la inmigración irregular. La legislación vigente establece que para reagrupar a los familiares, el solicitante debe tener sus papeles en regla desde hace más de un año, contar con una vivienda adecuada y un salario digno, y la reagrupación se limita a la pareja, hijos y padres, lo que establece un marco claro pero que, según las autoridades, podría ser insuficiente para controlar el volumen de solicitudes.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha calificado el proceso de regularización como un caos y ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por su manejo de la situación, mientras que Telemadrid ha señalado que hasta el momento no ha logrado obtener una respuesta del ministerio correspondiente. La falta de claridad y comunicación por parte del Gobierno central añade un nivel de incertidumbre a un proceso que, según las autoridades policiales, podría desbordar la capacidad administrativa del país en los próximos meses.